La nueva Ley de Propiedad Intelectual exigía al Gobierno que dictará una Orden Ministerial para detallar la cuantía y los productos objeto del canon digital, para el caso de que los interesados (acreedores y deudores) no lograran ponerse de acuerdo. Esta Orden además, tendría efectos retroactivos, es decir, el canon que estableciese sería recaudable desde del mismo momento de entrada en vigor de la Ley (9 de Julio de 2006). Otro problema más que la redacción de la nueva LPI está provocando, imponer el pago de una obligación indemnizatoria sobre productos indeterminados, en cuantías indeterminadas, y por tiempo indeterminado.

La Comisión  de Libertades e Informática, CLI, considera que la intimidad y confidencialidad de los ciudadanos de Madrid, están amenazadas y lo denuncia por ello una vez más, después del último caso conocido de robo de datos relacionados con la salud de ciudadanos.
 Según nos enteramos anteayer, fueron robados de un ambulatorio madrileño los datos confidenciales de miles de pacientes y la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconoce que no había medidas de seguridad.

La Ministra de Cultura, no consigue sacar el canon digital, y en vez de explicar porque es incapaz de cumplir en plazo con el mandato de la Ley de Propiedad Intelectual. La Ministra huye hacía adelante y protagoniza con escaso éxito mediático, un nuevo intento de criminalización de Internet en general y del intercambio de archivos P2P en particular.