- A los Sindicatos.

Como defensores de los derechos de los trabajadores, los ciudadanos MAYORES DE 45 AÑOS les reclaman que se preocupen, actúen y usen los medios legales a su alcance, para evitar que se niegue el derecho Constitucional al trabajo de un colectivo discriminado por razón de su edad.

Parece importante recordarles que la citada discriminación supone un incumplimiento de la Ley mas importante de un País, la Constitución. Y según las Leyes vigentes, quien colabora con el incumplimiento de la Ley puede ser considerado cómplice.

- A los empresarios.

Como empleadores, están en su derecho de contratar a quien les parezca oportuno. Pero despedir (y no contratar) a personas por razón de su edad es, además de un error de estrategia, una discriminación, vetada por la Constitución.

Parece importante recordarles que la citada discriminación supone un incumplimiento de la Ley mas importante de un País, la Constitución. Y según las Leyes vigentes, quien colabora con el incumplimiento de la Ley puede ser considerado cómplice.

- A los Gobiernos Nacional y Autonómicos. 

En su toma de posesión, todos los gobernantes han jurado o prometido guardar y hacer cumplir la Constitución. Si se permite que no se respete el Derecho al trabajo de los mayores de 45 años, están faltando a su palabra, y eso es un hecho de enorme gravedad.

Parece importante recordarles que la citada discriminación supone un incumplimiento de la Ley mas importante de un País, la Constitución. Y según las Leyes vigentes, quien colabora con el incumplimiento de la Ley puede ser considerado cómplice.

- A los Poderes Legislativos.

Tanto Nacional, como Autonómicos. No es necesario recordarles que sus actuaciones deben respetar la Constitución vigente, y se deben a los ciudadanos, en los cuales reside la Soberanía, según la propia Constitución.

Parece importante recordarles que la citada discriminación supone un incumplimiento de la Ley mas importante de un País, la Constitución. Y según las Leyes vigentes, quien colabora con el incumplimiento de la Ley puede ser considerado cómplice.

- Al Poder Judicial.

Como encargado de administrar justicia en la sociedad, y según  indica el Artículo 117 de la vigente Constitución en el punto:
 
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

Los ciudadanos que sufren la discriminación y pérdida de su derecho Constitucional (Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo) reclaman al Poder Judicial que tenga a bien constatar la existencia de una ilegalidad que afecta gravemente a mas de dos millones de personas y tome las medidas que estime oportunas y de acuerdo a Derecho para subsanar el presunto hecho ilegal.

Max Torrado