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Todoscontraelcanon se opone a la criminalización de la Sociedad de la Información PDF Imprimir E-Mail
viernes, 12 de enero de 2007
todoscontraelcanon

La plataforma todoscontraelcanon manifiesta la grave situación de la Sociedad de la Información en nuestro país, ya que no sólo se ha gravado a la misma con un canon digital injusto al margen del resto de Europa, gracias al esfuerzo y gran capacidad de influencia de las entidades de gestión de derechos de autor en nuestro país, sino que ahora además se pretende censurar Internet.

- Tras el fracaso de las negociaciones previstas por la LPI para la fijación del canon digital, serán los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Cultura, los encargados de establecer las tarifas y los soportes objeto de canon.

- Creciente judicialización de la Sociedad de la Información, debido a los continuos pleitos que las entidades de gestión de los derechos de autor vienen planteando ante la Justicia española en sus pretensiones de aumentar sus ingresos.

- Las entidades de gestión de los derechos de autor quieren una futura Ley de Impulso de la Sociedad de la Información con mecanismo de censura de las paginas de Internet utilizando procedimientos al margen de la Constitución española, y obstaculizando su desarrollo.

- Desde la legitimación que proporciona un apoyo de casi un millón de firmas, la plataforma “Todos contra el Canon” solicita que sean tomados en cuenta sus planteamientos en la negociación que ha de llevarse a cabo entre los Ministerios referidos.

La plataforma todoscontraelcanon manifiesta la grave situación de la Sociedad de la Información en nuestro país, ya que no sólo se ha gravado a la misma con un canon digital injusto al margen del resto de Europa, gracias al esfuerzo y gran capacidad de influencia de las entidades de gestión de derechos de autor en nuestro país, sino que ahora además se pretende censurar Internet.

Las entidades de gestión de derechos de autor van, incluso, más allá, intentando judicializar y criminalizar la Sociedad de la Información, y con ella a internautas, profesionales, y al global de la ciudadanía que utiliza los sistemas de información.

Mientras que las peticiones de las entidades de gestión de derechos son escuchadas y atendidas, casi un millón de firmas recogidas por la Plataforma parecen no tener valor, haciéndo caso omiso a sus solicitudes.

Fracaso en la negociación del canon digital.

Con fecha 31 de Diciembre 2006 expiraba el plazo dado por la Ley de Propiedad Intelectual en su reciente modificación para que entre las entidades de gestión de derechos de autor y dos entidades patronales del sector electrónico español, se llegara a un acuerdo sobre los objetos sujetos a canon digital y las tarifas aplicables. Expirado el plazo sin haber logrado las partes negociadoras un acuerdo, la Plataforma todoscontraelcanon desea destacar el fracaso de estas negociaciones que implica realmente un fracaso de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual contiene un articulado ineficaz como demuestra esta falta de acuerdo, así como en nuestra opinión inconstitucional como reclamamos al Defensor del Pueblo.

Según la Ley de Propiedad Intelectual, ante el fracaso de estas negociaciones serán los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura los que deberán ponerse de acuerdo en el plazo de tres meses, es decir tienen de plazo hasta el 1 de Abril de 2007, para mediante una orden conjunta y previo informe de algunos estamentos sociales y económicos, establecer que tipo de objetos estarán sujetos al canon digital y cuales serán las tarifas aplicables. Esta orden tendrá una vigencia de 2 años, a cuyo término será revisada.

Judicialización de la Sociedad de la Información.

Asimismo, desde la Plataforma todoscontraelcanon deseamos poner de relieve la creciente judicialización de la Sociedad de la Información por la vía de los continuos pleitos que las entidades de gestión de los derechos de autor vienen planteando ante la Justicia española en sus pretensiones de aumentar sus ingresos, los de las entidades de gestión de derechos de autor, que no necesariamente de los autores, ni de las industrias y sectores a los que dicen representar, ni como esos sectores o industrias culturales se benefician, o promocionan. Del mismo modo, se desconoce el reparto que las entidades de gestión de derechos de autor realizan, siendo la situación de total falta de transparencia y también de control por parte del Ministerio de Cultura.

Aunque no seamos partidarios de esta mencionada judicialización, no podemos mas que apoyar  la denuncia/querella penal presentada por el miembro de nuestra Plataforma, Apemit ante la Audiencia Nacional, con fecha 8 de enero de 2007 contra persona-funcionario público y entidades de gestión de derechos de autor, denuncia que esperamos sea admitida a tramite.

Grave riesgo de censura en Internet.

Al mismo tiempo estamos observando el interés  que las entidades de gestión de los derechos de autor tienen en que la futura Ley de Impulso de la Sociedad de la Información establezca un mecanismo de censura de las paginas de Internet utilizando procedimientos al margen de la Constitución española, ya que solo la autoridad judicial puede establecer, en el Derecho Español, una intervención sobre contenidos publicados en Internet, pero no alguna autoridad administrativa y mucho menos los particulares como resultan ser las entidades de gestión de derechos de Autor.

Esta es una de las pretensiones fundamentales manifestadas por las Entidades de Gestión de derechos de autor, la posibilidad de intervención administrativa o por su parte, para determinar qué contenidos habrán de ser retirados de la Web.

Queremos llamar la atención no solo de los internautas, informáticos y demás profesionales que utilizan los sistemas de información, sino de toda la ciudadanía sobre el texto del anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, bajo cuya redacción actual se corre el riesgo de que sea aprovechada para poner obstáculos al desarrollo de la Sociedad de la Información ya que por una parte establece mecanismos de censura en Internet de imposible aplicación, al no estar Internet, en la realidad, sujeto a disciplina gubernamental o estatal alguna.

Casi un millón de firmas

Desde la legitimidad que nos proporciona casi un millón de firmas que la plataforma de todoscontraelcanon lleva recogidas, en adhesión a su posición beligerante frente a este inusual impuesto no fiscal, y a favor de particulares, que es el canon, reclamamos que se tengan en cuanta las solicitudes planteadas por la misma, y que no se haga caso omiso a un clamor de un millón de firmas.



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