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ai3Las asociaciones de Usuarios (AUI) y de Internautas (AI) han presentado sendas denuncias en la Dirección General de Competencia de la UE. Las denuncias se producen tras anunciar CEDRO de forma unilateral las tarifas que pretende cobrar a los agregadores de noticias en Internet.

23 de Febrero de 2017 -

El Canon AEDE entró en vigor el 1 de enero de 2015 y desde entonces seguimos sin reglamento y sin que nada haya sido acordado entre las entidades de gestión y los posibles afectados. La Ley de Propiedad Intelectual no hace mención específica a cómo se tienen que fijar las tarifas del Canon AEDE, aunque sí las tarifas generales de las compensaciones a los propietarios de derechos y cómo éstas deben cumplir unos requisitos. Además en el Artículo 158 bis establece que la Sección Primera de la Comisión de Cultura tendrá funciones de arbitraje en este asunto en caso de desacuerdo.

"CEDRO anunció recientemente que fija tarifas de forma unilateral y que iba a exigir su pago razones por las que las Asociaciones de Usuarios y de Internautas hemos comenzado a movilizar a todos los agentes sociales. Como primera acción hemos presentado una denuncia en la UE, nos parece que en los "canones" se actúa permanentemente de forma contraria al derecho Europeo, Europa tiene que reaccionar ante esta tropelía ", afirmo Pérez Subías Presidente de la AUI.

"El canon a la cita en Internet es un ataque directo a su funcionamiento y lo siguiente que nos propondrán es ponerle una tasa al enlace para terminar de cargarnos el Internet libre y participativo" afirmo Víctor Domingo Presidente de Internautas.

En la denuncia presentada ante la UE se recoge que "La Medida Legislativa Española está imponiendo a todos los editores en España la ejecución de un acuerdo horizontal cuyo objeto es: (a) la cesión del nuevo derecho accesorio a una entidad de gestión determinada que percibirá de los agregadores un canon procedente de esta nueva medida; y (b) el alineamiento de la conducta de todos los editores respecto al cobro del canon. La consecuencia de la Medida Legislativa Española es, en último término, la restricción de la competencia, pues pretende evitar que cada editor decida su propia política comercial en este sentido y asegurar, así, la obtención de rentas de niveles supra competitivos, por un lado, y limitar la competencia de los editores de menor tamaño o popularidad, por el otro.

Ambas asociaciones anuncian que además de las medidas legales vamos a movilizar a todos los agentes sociales afectados ya que estamos limitando derechos fundamentales que afectan a las personas y a la innovación.

 https://www.internautas.org/html/9603.html

 

stop glifosfatos

• Se ha lanzado una iniciativa en la UE para recoger firmas con ese fin
• La autorización temporal del glifosato termina en diciembre de 2017
• El glifosato es la sustancia activa del herbicida más vendido del mundo y está calificado por la OMS como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”
• En España se venden unos 15 millones de litros al año

16 de febrero de 2017 .- Para que la Comisión Europea proponga a los Estados miembros la prohibición del herbicida glifosato hace falta la firma de un millón de personas de la UE y la ciudadanía europea se ha propuesto lograrlo. Una amplia coalición de organizaciones civiles ha puesto en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, por sus siglas en inglés) para pedir la prohibición de esa sustancia, la reforma del proceso de aprobación de los plaguicidas y que se fijen objetivos obligatorios de reducción del uso de plaguicidas en la UE. Se ha hecho una petición de firmas on line en la web Greenpeace.org y el hashtag que se está usando es #StopGlyphosate.

También han lanzado un vídeo divulgativo en el que se explica qué es el glifosato y que se trata de una sustancia calificada como "probablemente cancerígena para los seres humanos" por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dependiente de la OMS.

En ciudades como Bruselas, Roma, París, Berlín o Madrid se han llevado a cabo actividades públicas esta semana para el lanzamiento de la ECI. Esta Iniciativa está respaldada por 38 organizaciones de 15 países, entre ellas Greenpeace, la Red de Acción contra los Plaguicidas (PAN), Alianza de Salud y Medio Ambiente (HEAL), Amigos de la Tierra, Corporate Europe Observatory y WeMove.EU.

En España participan también Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, FODESAM, Fundación Alborada y Vivo Sano, entre otras. Las organizaciones medioambientales, sociales y sanitarias tienen como objetivo conseguir al menos un millón de firmas de personas de la UE y presentar la petición antes de la próxima decisión de la Comisión de renovar, retirar o ampliar la autorización del glifosato. Esta decisión debe ser tomada antes del final del año 2017 puesto que es cuando expira la autorización temporal concedida el año pasado.

“Este año tenemos una oportunidad real de eliminar el glifosato de nuestros campos y de nuestros platos. Nuestros políticos necesitan escuchar este mensaje en voz alta y clara: deben proteger a la ciudadanía y al medio ambiente mediante la prohibición de este peligroso herbicida y ponernos en el camino hacia un futuro sin plaguicidas ”, ha afirmado Franziska Achterberg, directora de la política alimentaria de la UE de Greenpeace.

“El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo. Ha contaminado vías fluviales por toda Europa. Se han encontrado residuos en los alimentos, bebidas e incluso en la orina de las personas. Vamos a mostrar a nuestros políticos que no se pueden poner los beneficios de las empresas agroquímicas por delante de la salud de las personas y el medio ambiente”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “En España es también el herbicida más vendido, están autorizados más de 100 productos cuya sustancia activa es el glifosato y se venden unos 15 millones de litros al año de estos productos”, ha concluido Ferreirim.

La iniciativa pide a la Comisión que proponga también objetivos ambiciosos y obligatorios para reducir el uso general de plaguicidas, ya que un herbicida no debería ser simplemente sustituido por otro. Las prácticas de la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas innovadoras, como la maquinaria con alta tecnología y la mejor gestión del suelo, demuestran que los herbicidas no son necesarios para la producción sostenible de alimentos. Los productos químicos no son necesarios para mantener parques y zonas de recreo, ya que existen muchas soluciones alternativas.

La iniciativa ciudadana europea permite a la ciudadanía de la UE participar directamente en la toma de decisiones políticas. Cuando 1.000.000 de personas firman la iniciativa en un año -con umbrales mínimos alcanzados en al menos siete países de la UE- la Comisión Europea debe presentar una propuesta legislativa tanto para detener el glifosato en Europa como para dar respuesta a los demás puntos planteados.

Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.

greenpeace

El comisario Cañete explica en España el Paquete de Invierno de la CE
 
• Greenpeace pide el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles y una transición energética justa

Propuesta de Greenpeace sobre el parquete energético de invierno

09 de febrero de 2017 .- Hoy jueves el comisario europeo de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Parlamento español para informar sobre las medidas propuestas por la Comisión, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de París.

Greenpeace recuerda al comisario Cañete y a los parlamentarios españoles que la Unión Europea y sus Estados miembros, solo podrán avanzar y prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear si permiten que la ciudadanía participe y se beneficie de la transición renovable.

Las reformas de la legislación europea en materia de energía renovable deben consagrar el derecho legal de la ciudadanía, cooperativas, municipios y pequeñas empresas a producir, consumir y vender energía renovable, construyendo así las bases para una “unión energética” justa, abierta y transparente.

Además, Greenpeace destaca que las inversiones públicas deben dejar de destinarse a los combustibles fósiles y nucleares y priorizar la producción y el consumo de energías renovables así como la eficiencia energética. España asigna subvenciones desde 1997 a las energías contaminantes (tanto en forma de pagos por capacidad como de ventajas fiscales) tal y como ha subrayado la Comisión. Tan solo en 2015 las centrales térmicas de carbón recibieron casi 100 millones de euros y las de ciclo combinado de gas otros 300 millones.

La organización ecologista cree que el paquete de Invierno debería encontrar soluciones a temas como el elevado precio de la energía, la pobreza energética, la situación dominante de las empresas energéticas ante los ciudadanos e incluso ante los Gobiernos, el impuesto al sol o la contaminación y el cambio climático.

Sin embargo, por lo menos dos de las medidas legislativas propuestas por la Comisión (la que trata del desarrollo de las energías renovables y aquella que aborda el diseño del mercado europeo de electricidad), de facto podrían poner en riesgo la transición a las energías renovables y limitar fuertemente la capacidad de la Unión Europea para actuar de forma ambiciosa ante el cambio climático, la contaminación y la necesidad de una mejor gestión democrática de un sector tan estratégico como el energético.

Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.

greenpeace ceta estatua

• Los activistas han portado una figura de la Dama de la Justicia en los anejos al edificio, mientras el acuerdo económico entre la UE y Canadá amenaza con hundir la democracia.


• La organización medioambiental advierte que el CETA supondrá un mayor poder de las grandes corporaciones en la toma de decisiones.

15 de febrero de 2017 .- Ante el apoyo del Parlamento Europeo al controvertido acuerdo de protección del comercio y la inversión entre la UE y Canadá, más conocido como CETA, Shira Stanton, portavoz de Greenpeace en la UE ha declarado: “A pesar de la votación de hoy, la ratificación del CETA por parte de todos los parlamentos nacionales y regionales en Europa sigue siendo un resultado improbable. Por eso lo peor de esta decisión es la desconexión entre los eurodiputados del Parlamento Europeo y las preocupaciones de la ciudadanía en temas tan relevantes como la calidad de vida, la salud y el medio ambiente. Es un duro golpe contra el corazón de la UE, justo en el momento el que sus principios de solidaridad y cooperación son más necesarios”.

En España, el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto ha comentado que "Que el PSOE haya votado hoy sí al CETA, como ha hecho el bloque conservador, supone un apoyo al desgobierno de la globalización, eliminando las reglas que defienden los derechos y la protección del medio ambiente y dando más poder a las grandes corporaciones".

Mientras se estaba realizando el proceso de firma Greenpeace ha realizado esta mañana en Estrasburgo una acción no violenta durante la celebración del pleno del Parlamento Europeo para pedir a los europarlamentarios el rechazo al Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá, más conocido como CETA.  Durante la protesta, 18 activistas han mantenido a flote una estatua de la “Dama de la Justicia”, símbolo de los principios de justicia e igualdad. Los activistas se han manifestado en las heladas aguas que rodean al Parlamento Europeo en Estrasburgo antes de la crucial votación sobre este polémico acuerdo de comercio e inversión entre la UE y Canadá.

La acción de protesta no violenta, llevada a cabo por activistas de Francia y Alemania, ha contado con el apoyo de tres embarcaciones hinchables y varias pancartas en inglés, francés, alemán y holandés en las que se podía leer: “Hundid el CETA, no la Justicia”.

Tanto en Europa como en Canadá, las organizaciones sociales de medio ambiente, de consumidores y de protección de la salud, así como las organizaciones sindicales han advertido que el CETA daría a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos y que amenaza la legislación y las normas que protegen la naturaleza, la salud pública y los derechos sociales.

Shira Stanton, asesora de la política comercial de la UE en Greenpeace, ha declarado que "Apoyar al CETA es seguir el juego del populismo y el extremismo en Europa y  Norteamérica. Justo en el momento en el que somos testigos de cómo el nuevo gobierno de los EE.UU. se ha configurado para mayor poder e influencia de las grandes corporaciones y el poder financiero, el CETA amenaza con socavar la democracia y el estado de derecho en Europa, en beneficio de un puñado de multinacionales. Los representantes elegidos de cada país de la UE todavía tienen la oportunidad de poner fin a este acuerdo de comercio tóxico y posicionarse del lado de la gente y el planeta".

Aunque la mayoría de los eurodiputados han aprobado hoy el CETA, existen muchas dudas sobre si este acuerdo podrá sobrevivir a las numerosas votaciones en los parlamentos nacionales y regionales que le esperan antes de su aprobación definitiva. Se espera que el gobierno belga pida al Tribunal de Justicia Europeo que se pronuncie sobre la legalidad del controvertido Sistema Judicial de Inversiones (ICS), un tribunal privado incluido en el CETA y que permite a las empresas multinacionales demandar a los estados, pero no al revés. Si el fallo del Tribunal de Justicia Europeo fuera contrario al ICS bloquearía la aplicación del CETA.

El objetivo de CETA no es sólo eliminar las barreras comerciales de tipo arancelario, sino sobre todo eliminar las  diferencias de criterio y de cultura legislativa entre la Unión Europea y Canadá, algo que los defensores del CETA se empeñan en definir eufemísticamente como “barreras no arancelarias” y que califican como obstáculos al comercio y la inversión. Greenpeace advierte que esto podría en riesgo la protección del medio ambiente, la salud, los derechos labores y la capacidad democrática de defender el bien común, en favor de los intereses de los sectores económicos y financieros.

Las conclusiones de un estudio independiente sobre el CETA evidenció que este acuerdo podría causar la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en toda la UE, mientras que la propia evaluación de la Comisión Europea predijo sólo un pequeño impacto del 0,02 a 0,03 por ciento de crecimiento del PIB a largo plazo para la UE y un 0,18 a 0,36 por ciento para Canadá.

La pasada semana, Greenpeace publicó un informe donde analizaba el contenido del CETA a la luz de los "Diez principios progresistas del S&D para una nueva era de acuerdos comerciales" , documento elaborado por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (grupo socialdemócrata o S&D). Dicha evaluación concluía que el CETA incumple estos diez principios y que, por tanto, el grupo socialista abandonaría sus principios si decidía votar a favor de la ratificación del CETA.

 
Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.

greenpeace

Greenpeace lamenta el servilismo del presidente del CSN hacia los intereses de las eléctricas y industria nuclear.
 
• La organización ecologista pide a PSOE, Podemos y Ciudadanos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña.

• Greenpeace recuerda que el informe condicionado del CSN no permite a Industria dar una licencia para producir electricidad a Garoña.

31 de enero de 2017 .- Está previsto que mañana se reúna el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y todo apunta a que se aprobará la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras la presentación la semana pasada de los 167 informes elaborados por el cuerpo técnico. Greenpeace considera que de confirmarse esta noticia, se haría evidente el servilismo del presidente del CSN, Fernando Marti (PP), a las eléctricas y a la industria nuclear.

El informe del CSN es un informe condicionado porque la empresa propietaria Nuclenor (Endesa e Iberdrola) no ha realizado todas las pruebas e informes necesarios solicitados por el CSN, tal y como informó el propio Marti, ante el Congreso de los Diputados el pasado 19 de octubre. Solo con este informe no es posible reabrir Garoña, porque tiene una serie de condiciones que no se cumplen, pero permite decir que podría hacerlo si los dueños quisieran.

El CSN ha abandonado su misión de garantizar la seguridad nuclear y proteger a la ciudadanía y el medio ambiente para intentar garantizar la ampliación del parque nuclear a las empresas y al Gobierno al que sirve, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

La central nuclear de Garoña no tiene licencia desde hace más de tres años cuando el Ministerio de Industria, se viera obligado a emitir la orden de cese definitivo de explotación de la central, la más vieja de la Unión Europea, aunque la planta atómica lleva parada más de cuatro años por decisión unilateral de sus propietarios, Iberdrola y Endesa. Primero alegaron riesgo de quiebra económica, posteriormente pidieron una licencia para operar hasta alcanzar los 60 años de antigüedad, y en el último año han manifestado su intención de no continuar con el proyecto.

El actual ministro de Industria va a tener que decidir si continúa haciéndole el juego a las eléctricas, tal y como hizo su predecesor José Manuel Soria, y le da una licencia a Garoña para no poder producir electricidad, o actúa limpiamente para construir un modelo energético limpio, seguro y rentable para la ciudadanía.

Greenpeace pide a Javier Fernández del PSOE, a Pablo Iglesias de Podemos, y a Albert Rivera de Ciudadanos que hagan valer sus petición de no reabrir Garoña ante el Gobierno del Partido Popular.

La reapertura de Garoña probará hasta qué punto los líderes de la oposición, Fernandez, Iglesias y Rivera, ese toman en serio sus compromisos, sus palabras en la tribuna del Congreso y sus promesas. Teniendo en cuenta que una amplia mayoría en el Congreso ya ha manifestado por activa y por pasiva su rechazo a esta reapertura no se entendería que la decisión de un ministro esté por encima de la voluntad popular.

Informe El Proceso de Garoña


Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.