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Greenpeace lamenta el servilismo del presidente del CSN hacia los intereses de las eléctricas y industria nuclear.
 
• La organización ecologista pide a PSOE, Podemos y Ciudadanos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña.

• Greenpeace recuerda que el informe condicionado del CSN no permite a Industria dar una licencia para producir electricidad a Garoña.

31 de enero de 2017 .- Está previsto que mañana se reúna el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y todo apunta a que se aprobará la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras la presentación la semana pasada de los 167 informes elaborados por el cuerpo técnico. Greenpeace considera que de confirmarse esta noticia, se haría evidente el servilismo del presidente del CSN, Fernando Marti (PP), a las eléctricas y a la industria nuclear.

El informe del CSN es un informe condicionado porque la empresa propietaria Nuclenor (Endesa e Iberdrola) no ha realizado todas las pruebas e informes necesarios solicitados por el CSN, tal y como informó el propio Marti, ante el Congreso de los Diputados el pasado 19 de octubre. Solo con este informe no es posible reabrir Garoña, porque tiene una serie de condiciones que no se cumplen, pero permite decir que podría hacerlo si los dueños quisieran.

El CSN ha abandonado su misión de garantizar la seguridad nuclear y proteger a la ciudadanía y el medio ambiente para intentar garantizar la ampliación del parque nuclear a las empresas y al Gobierno al que sirve, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

La central nuclear de Garoña no tiene licencia desde hace más de tres años cuando el Ministerio de Industria, se viera obligado a emitir la orden de cese definitivo de explotación de la central, la más vieja de la Unión Europea, aunque la planta atómica lleva parada más de cuatro años por decisión unilateral de sus propietarios, Iberdrola y Endesa. Primero alegaron riesgo de quiebra económica, posteriormente pidieron una licencia para operar hasta alcanzar los 60 años de antigüedad, y en el último año han manifestado su intención de no continuar con el proyecto.

El actual ministro de Industria va a tener que decidir si continúa haciéndole el juego a las eléctricas, tal y como hizo su predecesor José Manuel Soria, y le da una licencia a Garoña para no poder producir electricidad, o actúa limpiamente para construir un modelo energético limpio, seguro y rentable para la ciudadanía.

Greenpeace pide a Javier Fernández del PSOE, a Pablo Iglesias de Podemos, y a Albert Rivera de Ciudadanos que hagan valer sus petición de no reabrir Garoña ante el Gobierno del Partido Popular.

La reapertura de Garoña probará hasta qué punto los líderes de la oposición, Fernandez, Iglesias y Rivera, ese toman en serio sus compromisos, sus palabras en la tribuna del Congreso y sus promesas. Teniendo en cuenta que una amplia mayoría en el Congreso ya ha manifestado por activa y por pasiva su rechazo a esta reapertura no se entendería que la decisión de un ministro esté por encima de la voluntad popular.

Informe El Proceso de Garoña


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