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ai3Las asociaciones de Usuarios (AUI) y de Internautas (AI) han presentado sendas denuncias en la Dirección General de Competencia de la UE. Las denuncias se producen tras anunciar CEDRO de forma unilateral las tarifas que pretende cobrar a los agregadores de noticias en Internet.

23 de Febrero de 2017 -

El Canon AEDE entró en vigor el 1 de enero de 2015 y desde entonces seguimos sin reglamento y sin que nada haya sido acordado entre las entidades de gestión y los posibles afectados. La Ley de Propiedad Intelectual no hace mención específica a cómo se tienen que fijar las tarifas del Canon AEDE, aunque sí las tarifas generales de las compensaciones a los propietarios de derechos y cómo éstas deben cumplir unos requisitos. Además en el Artículo 158 bis establece que la Sección Primera de la Comisión de Cultura tendrá funciones de arbitraje en este asunto en caso de desacuerdo.

"CEDRO anunció recientemente que fija tarifas de forma unilateral y que iba a exigir su pago razones por las que las Asociaciones de Usuarios y de Internautas hemos comenzado a movilizar a todos los agentes sociales. Como primera acción hemos presentado una denuncia en la UE, nos parece que en los "canones" se actúa permanentemente de forma contraria al derecho Europeo, Europa tiene que reaccionar ante esta tropelía ", afirmo Pérez Subías Presidente de la AUI.

"El canon a la cita en Internet es un ataque directo a su funcionamiento y lo siguiente que nos propondrán es ponerle una tasa al enlace para terminar de cargarnos el Internet libre y participativo" afirmo Víctor Domingo Presidente de Internautas.

En la denuncia presentada ante la UE se recoge que "La Medida Legislativa Española está imponiendo a todos los editores en España la ejecución de un acuerdo horizontal cuyo objeto es: (a) la cesión del nuevo derecho accesorio a una entidad de gestión determinada que percibirá de los agregadores un canon procedente de esta nueva medida; y (b) el alineamiento de la conducta de todos los editores respecto al cobro del canon. La consecuencia de la Medida Legislativa Española es, en último término, la restricción de la competencia, pues pretende evitar que cada editor decida su propia política comercial en este sentido y asegurar, así, la obtención de rentas de niveles supra competitivos, por un lado, y limitar la competencia de los editores de menor tamaño o popularidad, por el otro.

Ambas asociaciones anuncian que además de las medidas legales vamos a movilizar a todos los agentes sociales afectados ya que estamos limitando derechos fundamentales que afectan a las personas y a la innovación.

 https://www.internautas.org/html/9603.html