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Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó hoy, jueves, en primera lectura dos Directivas que refuerzan la seguridad de los buques abanderados o que navegan por aguas comunitarias. Una de las Directivas establece que la obligatoriedad de que todos los propietarios de buques que naveguen en aguas comunitarias suscriban una garantía financiera que cubra los costes de alojamiento, asistencia médica y repatriación. El segundo texto refuerza las inspecciones de los barcos abanderados en los países de la UE.

Ambos textos han sido elaborados por la comisión de Transportes de la Eurocámara. El primero sostiene que es necesario "garantizar que los operadores de toda la cadena del transporte marítimo se aseguren de que las mercancías sólo se transportan en buques de calidad irreprochable" (enmienda 3).

Los diputados consideran que cada Estado miembro debe asegurarse de que todo propietario de un buque que obtiene su pabellón suscribe una garantía financiera obligatoria destinada a proteger a las personas empleadas a bordo. Esta garantía también debe cubrir los costes de alojamiento, asistencia médica y repatriación (enmienda 21).

Las autoridades competentes tendrán en cuenta al expedir el certificado de garantía "si la entidad garante tiene una presencia comercial en la UE" (enmienda 22). Además, la Directiva establece la creación de una oficina comunitaria encargada de llevar el registro de los certificados de garantía expedidos, de su control y de la actualización de la validez. Al mismo tiempo, esta oficina deberá verificar la existencia de las garantías financieras registradas por terceros países (enmienda 26).

Fondo de solidaridad

El pleno subraya la necesidad de crear un fondo de solidaridad "para cubrir los daños ocasionados por un buque que no haya suscrito garantía financiera alguna". Además, este fondo también servirá para indemnizar a terceras personas que sean víctimas de los daños causados por buques que hayan navegado por las aguas territoriales de la UE sin el mencionado certificado de garantía financiera.

El Parlamento propone la creación del fondo de solidaridad porque, hasta que los Estados miembros no adopten y transpongan definitivamente las propuestas legislativas de la Comisión y hasta que los Estados miembros de la OMI no ratifiquen los Convenios de seguridad marítima, "la probabilidad de que se produzca un accidente en un lugar de refugio causado por un buque que no tenga ningún tipo de garantía financiera es relativamente alta".

Según los diputados, la indemnización por daños y perjuicios causados por un buque que no disponga de garantías financieras no tiene que ser asumida en ningún caso por el Estado miembro en el que ha ocurrido el accidente, sino que tiene que correr a cargo de la industria naviera. De esta manera se impide la evasión de responsabilidad por parte de los propietarios de buques y se evita que la víctima (el Estado miembro en el que ha ocurrido el accidente) se vea obligada a asumir los daños ocasionados en su territorio (enmienda 25).

Convenio de 1996

La Eurocámara considera necesario que todos los Estados miembros y un gran número de terceros países ratifiquen el Convenio internacional de 1996 sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio HNS) (enmienda 4). El pleno puntualiza que "los Estados miembros pasarán a ser Partes Contratantes en el Convenio de 1996 lo antes posible y, en todo caso, antes de la fecha indicada en el artículo 13 -18 meses después de la entrada en vigor de la Directiva-" (enmienda 17).

No obstante, matiza que la limitación de responsabilidad contemplada en el Convenio de 1996 "no puede hacerse valer ante los perjudicados que no son partes en la operación de transporte marítimo, ya que el propietario del buque causante de los daños no ha actuado como buen profesional y debería haber sido consciente de las consecuencias perjudiciales de su acción u omisión" (enmienda 5).

Exclusiones y sanciones

La Directiva será de aplicación para "todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas", con la excepción del régimen de responsabilidad civil, que se aplicará a todos los buques. Por el contrario, la Directiva no se aplicará a los buques de guerra, las unidades navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten un servicio público no comercial (enmienda 15).

Los diputados también introducen un párrafo dedicado a las sanciones que los Estados miembros deberán aplicar en caso de incumplimiento de la Directiva. Dichas sanciones tendrán que ser "eficaces, proporcionales y disuasorias" (enmienda 24).

Más inspecciones para los buques abanderados en la UE

La sedunda Directiva aprobada hoy en primera lectura deja claro que los Estados miembros deben garantizar, en relación con todos los buques bajo su pabellón, que se investigan los siniestros que se producen "y que se aplican las medidas adecuadas y oportunas para paliar las deficiencias que se les detecten" (enmienda 14). Además, las obligaciones de los Estados miembros en seguridad marítima incluyen la capacidad de revisión, homologación y autorización de proyectos de construcción y de equipamientos de buques, "así como de toma de decisiones técnicas acorde con la dimensión y naturaleza de sus flotas" (enmienda 18).

Buques de nuevo registro

La Cámara establece que, a modo de condición previa para el registro de un buque por primera vez, los Estados miembros "se cerciorarán de que dicho buque cumple las normas y reglamentaciones internacionales que le son aplicables, y garantizarán que está confirmado por pruebas documentales". En caso necesario y siempre que no se trate de un buque de nueva construcción, se pondrán en contacto con el Estado de abanderamiento anterior y le solicitarán que les facilite los documentos y datos necesarios (enmienda 19). El Estado de abanderamiento anterior estará obligado a transmitir los documentos y datos que se le piden (enmienda 20).

Asimismo, los países verificarán que el buque de nuevo registro está capacitado para coordinar sus actividades en una situación de emergencia y "desempeñar funciones que son vitales para la seguridad o para prevenir o reducir la contaminación" (enmienda 22).

Investigaciones suplementarias

Los diputados consideran que los Estados miembros "no deberían tener más obligaciones que las consistentes en imponer el correcto cumplimiento de las normas existentes (...) las investigaciones suplementarias sólo son necesarias cuando exista un riesgo real de incumplimiento de la normativa o accidente".

El pleno propone, pues, que las inspecciones suplementarias se exijan a los buques que se hayan mantenido en el registro del Estado miembro durante menos de dos años y hayan sido inmovilizados en algún momento durante los últimos 12 meses (enmienda 26). Además, las inspecciones suplementarias no serán necesarias para los buques a los que se haya asignado un perfil de riesgo bajo (enmienda 27).

Bases de datos

La base de datos de cada Estado miembro comprenderá información individualizada para cada buque registrado, con la fecha de inscripción y, en su caso, de baja del registro, así como las fechas y resultados de deficiencias, inmovilizaciones, inspecciones y auditorias. También se incluirá la identificación del organismo que haya inspeccionado el buque, información sobre siniestros y datos sobre posibles vulneraciones de los Convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La base de datos deberá incluir además información general referida a todos los navíos incluidos en el registro del Estado miembro, con la relación e identificación de todos los buques que se hayan dado de baja en el registro en los 12 meses anteriores y el número de inspecciones anuales de todo tipo, "desglosadas por modalidades y realizadas por o en nombre del Estado de abanderamiento" (enmienda 34).

Sanciones por incumplimiento

En todos los casos, el Estado de abanderamiento examinará si procede emprender acciones legales contra la compañía, incluidas multas "suficientemente severas" para disuadir del incumplimiento de las normas comunitarias e internacionales. En caso de que un buque incumpla de manera persistente las reglamentaciones comunitarias y los convenios internacionales, el Estado de abanderamiento considerará la aplicación de sanciones adicionales, incluida su baja en el registro nacional.