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Plataforma por la seguridad y la privacidad digital. https://www.pspd.es

El pasado mes de junio el Gobierno aprobó el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre (TDT) que regula el Segundo Dividendo Digital para hacer efectiva la implantación de la tecnología 5G. El Segundo Dividendo Digital es un proceso mediante el cual se libera la banda de 694-790 MHz (ahora 700 MHz) del espectro radioeléctrico para reagrupar los canales de la TDT y dejar espacio suficiente para la introducción de la tecnología 5G, la cual permitirá una conexión a internet más rápida. El plazo para desarrollar esta operación, coordinada desde la Unión Europea, termina el 30 de junio de 2020 y según informan desde la Administración no habría que volver a hacer ningún otro cambio en una década.

No obstante, la realidad es que en pocos años hubo que resintonizar la TDT varias veces, una situación que para la Plataforma por la Seguridad y la Privacidad Digital (PSPD) denota una total falta de previsión sobre la evolución de la telefonía móvil por parte de la Administración, dejadez que afectó directamente al bolsillo de los consumidores.

Las personas que viven en edificios -la mayoría de la población española- tendrán que encargarse del coste de la adaptación de las instalaciones de recepción de televisión, gasto que ya tuvieron que sufragar años atrás. Así es que el programa de subvenciones de 150 millones anunciado por la Administración solo permitirá aliviar la carga económica de una parte de las comunidades de propietarios del país que poseen, no hay que olvidarse, la condición de consumidores.

Desde la PSPD inciden en la necesidad de que la Administración articule una campaña informativa mucho más completa que explique a la ciudadanía todos los aspectos técnicos del Segundo Dividendo Digital yendo más allá de aquellas comunicaciones que se limitan a indicar cómo se debe resintonizar el televisor o a informar de que los aparatos más antiguos quedarán obsoletos en el año 2023.

Impulsada por la Unión de Consumidores de Galicia (UCAGL), la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES)