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Asociación de Internautas

Señor Ministro: El pasado mes de Noviembre se ha puesto en marcha desde el Ministerio que representan, una campaña publicitaria denominada “Si eres legal, eres legal”, que está siendo difundida mediante anuncios de televisión, radio, prensa y cartelería informativa de todo tipo. Su finalidad ha sido contundentemente precisada en la página web www.siereslegalereslegal.com y, por este contenido, como Asociación constituida legítimamente para la defensa de los consumidores y usuarios, especialmente en el ámbito de Internet, nos vemos obligados, a requerirles a través de la presente, la cesación de toda actividad publicitaria que respalde los objetivos recogidos por esta campaña, por cuanto difunden temerariamente afirmaciones carentes de toda base legal, con el exclusivo propósito de re-educar la opinión pública bajo unas directrices marcadas por exclusivamente por los intereses econ ómicos, privados, de un sector claramente definido y, utilizando para ello, argumentos incompatibles con el derecho interno español y el derecho comunitario vigente.

La Ley General de Publicidad señala en su artículo 2 que es "Publicidad” toda forma de comunicación “realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles (…) derechos y obligaciones” y, la campaña publicitaria “Si eres legal”, trata de promover precisamente la obligación de adquirir (compra-venta) obras protegidas por derechos de autor y, de remunerar la mera creación y difusión de “cultura”. Por otra parte, el artículo 3 especifica que será “ilícita” toda publicidad “que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20 (…)”, es decir, entre otros, el derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Teniendo en cuenta además, que la Administración Pública debe servir “con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho" (art. 103 CE), basta que uno sólo de los postulados de la campaña publicitaria en cuestión contradiga dichas normas para legitimar de pleno la cesación que se solicita al Ministerio promotor de la misma y, la emisión de una respuesta clara en el plazo de diez días, tras la recepción de la misma.

En este sentido, se ponen de manifiesto a continuación todas las contradicciones jurídicas detectadas en la página web de la campaña publicitaria “Si eres legal”, específicamente sobre la veracidad de sus objetivos. Bajo el titular “Las 10 mentiras más difundidas sobre propiedad intelectual”, se señala:

1º.- “Lo que está en Internet es gratis – ¡Falso! La música, el cine, las imágenes, los textos, los videojuegos que están en Internet han sido creados por personas. Es a ellas a las que corresponde disponer si su utilización es libre y gratuita o, por el contrario, poner un precio a su uso”.

La generalidad de la expresión principal determina su significado como algo totalmente indeterminable a efectos prácticos, e incluso, absurdo, ya que si es citada en sentido contrario (“lo que está en Internet no es gratis”) podría ser igualmente falso. Se entiende que el decálogo se expresa así deliberadamente, para orientar al lector de tal forma que, quien lo lea, tome como regla general el hecho de que, lo que está en Internet, hay que pagarlo. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta.

En Internet, los contenidos que no exigen el pago de un precio para usarlos o adquirirlos, son tantos o más que lo que si lo exigen. Por tanto, esta información así expresada, no es veraz, no se corresponde en ningún caso con la realidad.

2º.- “Bajarse música o películas de Internet es legal - ¡Falso! Cuando los dueños de contenidos autorizan la descarga gratuita, sí es legal. Si la descarga no está autorizada por los titulares de los derechos, tiene lugar una infracción de la propiedad intelectual.”

De nuevo, si esta frase es expresada en sentido contrario, admitiría idéntica conclusión de falsedad, ya que bajarse música o películas de Internet, no es ilegal, si lo autoriza el autor o, en todo caso, si lo autoriza la propia Ley, prescindiendo del consentimiento del autor cuando se den las circunstancias oportunas (por ejemplo, la “copia privada”, el transcurso de 70 años tras la muerte del autor, la docencia, etc.). Es decir, que si la descarga de una obra en Internet, no está autorizada por los titulares de los derechos, pero está autorizada por una Ley, no tendría lugar infracción alguna de la propiedad intelectual”.

La información de la campaña por tanto no es veraz y da lugar a interpretaciones confusas. Publicitar que, como regla general, bajarse música o películas de Internet es ilegal, no es coherente con nuestra legislación, y denota una “orientación” intencionada de la opinión pública, en un sentido concreto, favorable a determinados intereses privados y no, al interés general. Se ignora la realidad material de que son millones de personas las que ponen sus obras a disposición de los internautas, cada día, de forma totalmente gratuita, más incluso que quienes exigen un precio por ello. De nuevo, la información no es veraz, no coincide con la realidad jurídica ni tampoco con la realidad social.

3º.- “Si no aparece el símbolo © en un contenido en Internet lo puedo utilizar - ¡Falso! La ausencia del símbolo no indica que el contenido es de utilización libre. Para que así sea el titular lo ha tenido que hacer constar expresamente”.

Se reitera el argumento de no veracidad en el sentido de que, en este caso, la explicación que acompaña a la premisa principal no se corresponde en absoluto con nuestra realidad jurídica (constatable con una mínima diligencia del publicista), ya que lo cierto es que si no aparece el símbolo © en un contenido en Internet, puede ser que estemos ante uno de los múltiples supuestos que recoge la Ley, en los que cabe la utilización libre de la obra en función de las circunstancias que la rodeen y, sin necesidad de que intervenga el autor. Es decir, no significa que haya que buscar la autorización expresa del autor para utilizarlo. El uso libre de una obra podría venir determinado por propio contexto en que sea difundida, por ejemplo, que lo haya sido de forma totalmente anónima por voluntad de su autor (consentimiento tácito) o, que lo sea en un entorno docente o de investigación (bastando para ello cumplir el requisito legal de citar al autor).

4º.- “Es legal copiar o utilizar un contenido de Internet siempre que se cite al autor - ¡Falso! Debemos mencionar la fuente y el autor cuando utilizamos una cita en un trabajo de investigación o en un artículo. En estos casos, el fragmento ha de ser corto y proporcionado al fin de la incorporación. Y si no estamos citando, sino utilizando una obra sin autorización, debemos obtener una autorización del titular”.

En esta ocasión, la premisa principal se expresa sesgada y en negativo, para mezclar el supuesto de la “cita” con el supuesto del “plagio” y, llegar a una conclusión incierta.

La Ley dice que para utilizar una obra como “cita”, hay que citar al autor y, hacerlo en el ámbito exclusivo que permite la ley (investigación/docencia), e igualmente dice que utilizar una obra sin autorización del autor es legal, si esto se produce en un ámbito y bajo unas circunstancias concretas. Tal y como se expresa el decálogo con esta afirmación, con alusiones inexactas a la Ley y con frases incompletas, se refuerza la distorsión jurídica y la falta de veracidad que se viene mostrando desde el principio.

5º.- “Cuando intercambio música y contenidos a través de programas peer to peer (P2P), no necesito autorización - ¡Falso! La utilización de estos programas supone la explotación de derechos de propiedad intelectual que no han sido autorizados, por lo que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual”.

Con esta afirmación, no sólo se refuerzan las distorsiones jurídicas antes mencionados, sino que además, se pone de manifiesto con sorprendente transparencia la intención real de ese decálogo: convencer a la opinión pública de que los programas P2P son exclusivamente para intercambiar obras protegidas por el derecho de autor sin la preceptiva autorización legal y, lo hace interpretando la Ley de Propiedad Intelectual de forma absolutista y de nuevo incoherente con la realidad jurídica y social.

Lo cierto es que la utilización de los programas P2P no supone la explotación de derechos de propiedad intelectual que no han sido autorizados, de hecho no supone siquiera que roce derechos de propiedad intelectual, pues simplemente son sistemas de intercambio de información, legales por si mismos, e independientes de la actividad que se desarrolle en su seno. ¿Es el teléfono ilegal porque permite transmitir información obtenida ilícitamente? ¿Lo es el fax porque puede transmitir esa información por escrito? ¿Lo es un coche porque permite trasladar contenidos ilícitos?

Aunque al Ministerio le parezca increíble, lo cierto es que existen “contenidos” totalmente ajenos a la Ley de Propiedad Intelectual, tanto en el sector de la cultura como fuera de él, y pueden ser perfectamente utilizados libremente, sin consentimiento del autor, pueden ser intercambiados por los usuarios mediante distintos sistemas de comunicación, pueden ser igualmente almacenados en distintos tipos de soportes digitales, etc., y todo ello, sin perjudicar ni a su autor ni a los destinatarios, más bien al contrario, beneficiando considerablemente su sabiduría.

La conclusión en este punto no puede ser otra que el extraordinario, profundo y negligente desconocimiento del Ministerio de Cultura, de los instrumentos que pone a nuestra disposición la Sociedad de la Información y, de las múltiples utilidades que éstos tienen para nuestra vida doméstica y laboral. Aún así, esto no justifica que pueda trasladarlo de este modo al resto de la ciudadanía justificándolo en que es por “interés general”, pues está faltando al obligado principio de veracidad de la información que transmite.

6º.- “Los intercambios de archivos a través de las redes P2P son legales - ¡Falso! Si estos intercambios tienen lugar sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, son actos ilegales”.

Se repiten las mismas carencias de veracidad que en el punto anterior. Lo aseverado ahora, ignora también que la regla general es que no todos los contenidos que existen en Internet, son objeto de usos prohibidos, o están amparados por los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los intercambios de información, la actividad realizada habitualmente en un sistema P2P, sólo será ilícita si con ello se vulnera alguna norma de derecho, ya sea penal o civil. Las leyes regulan nuestra vida en sociedad, nos dicen qué comportamiento humano está permitido y cual no, qué comportamiento es lícito y cual no (los jueces las aplican después, analizando las circunstancias de cada caso concreto). Por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual señala que no está permitido utilizar una obra protegida por el derecho de autor sin autorización legal o, (cuando proceda) sin la autorización del autor, y por tanto, aquellas actuaciones que contraríen sus preceptos, estarán prohibidas. Es decir, de realizarse conductas prohibidas por una norma civil, estaremos ante una infracción civil (por ejemplo, la LPI). El Código Penal, señala además que si se realiza esa actividad, con ánimo de lucro comercial, estaremos ante la comisión de un ilícito penal.

En consecuencia, la información que se publicita es de nuevo manifiestamente falsa: un intercambio de archivos no es ilegal por el mero hecho de hacerse mediante un sistema P2P, al menos, no existe ninguna norma que los prohíba sin condiciones o de forma genérica.

7º.- “Las redes P2P son seguras - ¡Falso! La seguridad es un grave problema ya que damos entrada a nuestro ordenador a todos aquellos que estén conectados a ella. Cualquiera puede circular libremente y acceder a nuestros datos: IP, tipo de descargas que estamos haciendo, número de teléfono y otra información de seguridad que figure en el ordenador”.

Esta afirmación es tan ambigua como lo sería afirmar que el DNI electrónico no es seguro si se usa con conexión a Internet, y eso que en este caso, se trata información protegida por derechos fundamentales de los seres humanos (protección de datos personales y derecho a la intimidad), cosa que no ocurre con la información que se defiende en este decálogo. Es de sobra conocido que la seguridad tan sólo se mide por el tiempo que un tercero tarda en vulnerarla. La falta de veracidad en este punto, entendemos que no exige mayor consideración.

8º.- “La industria cultural y los artistas ya ganan suficiente así que no perjudico a nadie si no pago - ¡Falso! Los autores, los artistas y las industrias de contenidos de propiedad intelectual tienen el derecho legítimo a ganar dinero, triunfar y tener una carrera exitosa, como ocurre en cualquier sector profesional. No se justifica que a este sector se le discrimine y se cuestione su derecho a ser retribuido.”

Si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a ganar dinero con su trabajo, en el marco que regulan las leyes para los sectores privados, y que nadie cuestiona el derecho de autores, artistas e industrias de contenidos de propiedad intelectual, a ser retribuidos por su trabajo como agentes privados del mercado, e incluso a ser subvencionados por ello, sin embargo, no lo es menos que lo que se cuestiona en realidad es que esto sea identificado con una obligación innata e indiscriminada de todo lo ciudadano de pagar por sus bienes/servicios, independientemente de que los hayamos demandado tal y como nos los ofrecen, independientemente de que los hayamos recibido, y peor aún, independientemente de que se trate de bienes o servicios que nunca adquiriríamos ni siquiera siendo gratuitos.

En este punto, el Ministerio identifica (como algo de “interés general”) la necesaria difusión y promoción de la cultura, con el sostenimiento de un negocio puro y duro, de la actividad comercial y los beneficios económicos que la cultura pueda generar. De nuevo, esta identificación no se corresponde con la realidad que las normas regulan, no es información veraz y, con este afirmaciones se promueve una supuesta obligación legal de todo ciudadano de adquirir (pagando) cualquier cosa, a precio de “cultura”.

9.- “Las descargas ilegales promocionan a los artistas y a los autores, que ven difundidos sus trabajos y se dan a conocer sin necesidad de la industria - ¡Falso! Detrás de los autores y los artistas hay una industria que les da trabajo, los da a conocer e invierte en ellos”.

De nuevo esta información carece de veracidad, ya que tecnológicamente hablando, es indiscutible que las descargas masivas de “cultura” en Internet resultan, por lógica informática, en su masiva difusión, se da a conocer masivamente y, en todo caso, si no se paga por ello, lo que no se promocionará será su actividad económica.

Si bien no es cuestionable que en su negocio, la industria debe obtener remuneración por trabajo, no lo es menos que esto no le corresponde cuando su trabajo no interesa o cuando simplemente el mercado lo demanda en otro formato. Las inversiones asumen riesgos en todos los sectores y deberían ser tratadas exactamente igual respecto del negocio de “la cultura”, sin embargo y, a pesar de que continuamente recibe recursos del erario público para que (a fondo perdido y sin control) lo invierta activando su negocio (aunque sea del modo más ineficiente), y aunque cada vez obtenga menos beneficios por el deficiente diseño de su actividad económica (que mantiene artificialmente), el Ministerio asume y defiende que la culpa del fracaso de este negocio es de Internet y de los internautas.

Para ser rigurosos y veraces, deberían verse las similitudes con la realidad de la Revolución Industrial, que no fue la culpable del fracaso de negocios obsoletos, sino que fue la impulsora y garante del éxito de otros nuevos que supieron atender las nuevas necesidades, y especialmente, adaptarse a los cambios de las demandas del mercado.

10.- “El acceso a los productos culturales tiene que ser gratis y eso es lo que consiguen las redes P2P - ¡Falso! Las infracciones de derechos de propiedad intelectual realizadas a través de Internet (descargas ilegales) no pueden confundirse con el derecho de acceso a la cultura, una forma de libertad de expresión o de desobediencia civil legítima, ni tampoco como algo inevitable e intrínseco a la Red”

En esta nueva alusión a los sistemas P2P para afirmar que los productos culturales no pueden ser gratuitos, se refiere específicamente a las descargas ilegales y, lo hace de forma sesgada y subversiva, ya que si lo afirmásemos en sentido negativo, que “el acceso a los productos culturales no tiene que ser gratis”, entonces habría que completar la afirmación con una referencia expresa al hecho de que se permita conscientemente que los titulares de los derechos de autor se beneficien económicamente (canon digital) de esas mismas descargas que califica como “ilegales”, cuando son almacenadas en un soporte digital.

Es decir, si atendemos a los términos de una rigurosa veracidad legal, debería realizarse esta afirmación conjuntamente con el reconocimiento expreso de que las descargas ilícitas no pueden originar el derecho al cobro del canon digital, que nuestro ordenamiento sólo permite que los autores cobren “compensaciones equitativas” por la realización de descargas lícitas, es decir, por aquellas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que la Ley exige para considerar una reproducción como “copia privada”, sin embargo esto no se respeta, y las redes P2P siguen generando cuantiosos beneficios (ilícitos) para los titulares de los derechos de autor.

Para ser veraz por tanto, el Ministerio debería velar por que nadie se enriquezca indebidamente en virtud de negocios que derivan de causa ilícita; para ser veraz, debería haberse limitado a decir que las infracciones de derechos de propiedad intelectual, realizadas a través de Internet (o de dónde sea), ya sean de carácter penal o civil, no pueden confundirse con el “derecho de acceso a la cultura”, precisamente porque si no cumplen los requisitos de la Ley, esas descargas no pueden considerarse “copias privadas”, y por tanto, no pueden generar el derecho a cobrar millones de euros en concepto de canon digital.

debe concluirse de todo lo expuesto, que la campaña publicitaria “Si eres legal, eres legal” no responde a los criterios constitucionalmente exigibles, por cuanto presenta toda la información de forma sesgada y selectiva, por cuanto presenta realidades distorsionadas a favor de intereses privados y no, del “interés general” o de la actualidad jurídica, por cuanto el Ministerio a que me dirijo, no ha desplegado una diligencia que pueda considerarse suficiente en relación con la averiguación o constatación de los extremos informados, no ha obrado con unas pautas razonables de cuidado profesional (búsqueda razonable de pruebas, comprobación adecuada de la información, especial diligencia cuando pueda resultar afectado el honor, buen nombre, crédito y reputación de las personas, etc.), que el Tribunal Constitucional enlaza directamente con concepto de la buena fe (art. 7.1 del Código Civil), que es pauta y criterio general para el ejercicio de l os derechos, y también para el reconocido en el art. 20.1, d) de la Constitución (Sentencias Constitucionales 120/1983 y 88/1985), ya que no ha actuado guiada por el principio constitucional de que la Administración Pública debe servir “con objetividad los intereses generales y (…), con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho" (art. 103 CE), invirtiendo demasiados fondos públicos en una campaña de publicidad ilícita.

Se solicita por todo ello, del Ministerio de Cultura, la inmediata cesación de la campaña publicitaria que dirige, denominada “si eres legal, eres legal” (www.siereslegalereslegal.com), a fin de evitar la manipulación de la opinión pública en beneficio de intereses privados de carácter meramente comercial y no, del interés general que debe regir todas sus actuaciones.

Asociación de Internautas

La Asociación de Internautas es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 164343, que se fundó en Madrid el 10 de Octubre de 1998. Tal y como recogen nuestros estatutos, los fines de la misma son la defensa de los derechos de los usuarios telefónicos y telemáticos asi como fomentar el establecimiento de una tarifa plana para internet.