arbol de noticias logo

Árbol de Noticias

La información al alcance de todos

 

marianorajoy2

Madrid, sábado 21 de octubre de 2017

Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria.

Quisiera comenzar con una cuestión procedimental. Yo voy a dividir mi exposición esta mañana en cinco partes: en primer lugar --lo haré con brevedad porque son temas conocidos, pero que no conviene olvidar--, haré una referencia al cómo hemos llegado hasta aquí; en segundo lugar, hablaré del diálogo; en tercer lugar, del artículo 155; en cuarto lugar, de los objetivos que persigue el Gobierno cuando pone en marcha este artículo 155 y, por último, de las medidas más relevantes que vamos a plantear al Pleno del Senado y a la comisión que se establezca como competente para tratar de este asunto en la próxima semana, solamente las más relevantes.

Después de esta intervención contestaré a preguntas, pero después habrá un briefing para entrar más en los detalles. Me gustaría que las preguntas fueran generales porque tendría que remitirme, si no fuera así, al briefing que, como les he dicho, se producirá a continuación.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Este es un proceso que ha sido unilateral, que ha sido contrario a la Ley y que ha buscado el enfrentamiento. Comenzó con el intento de obligar al Gobierno a aceptar un referéndum sobre la independencia de Cataluña; un referéndum que todo el mundo sabía que el Gobierno no podía aceptar. Hubo un debate en las Cortes Generales en el cual se dijo que no a la petición, vía artículo 152.2 de la Constitución, de que se traspasara la competencia para celebrar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Y, a partir de ahí, comenzó la toma de decisiones unilaterales. El señor presidente de la Generalidad fue invitado a las Cortes Generales para que expusiera allí cuales eran sus pretensiones y no aceptó.

Lo más llamativo y antidemocrático de ese proceso unilateral al que me estoy refiriendo ha sido lo que sucedió en el Parlament de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre. Esos días 6 y 7 de septiembre se vulneraron, en lo que fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la democracia española, los derechos de los diputados de la oposición: se calificó en un cuarto de hora un proyecto de ley que no había sido tratado por la Mesa, se modificó el orden del día, el plazo de enmiendas quedó reducido a nada y el debate que allí se produjo fue un debate impropio de un sistema democrático. Lo cierto es que en pocas horas se liquidó por mayoría la Constitución Española en Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se aprobó la Ley del Referéndum y, además, se aprobó la llamada Ley de Transitoriedad, una especie --así dijeron sus autores-- de Constitución de Cataluña hasta que se aprobara definitivamente la nueva.

Todo esto fue suspendido, como saben, por el Tribunal Constitucional; pero fue igual. El Gobierno se había situado fuera de la Ley y, por tanto, no se consideraba en la obligación de hacer caso a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Se intentó hacer un referéndum a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional; se pretendió darle valor a algo que había prohibido el Tribunal Constitucional y que, además, se celebró, como todo el mundo sabe, sin ninguna garantía democrática, y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre cuando en un Pleno en el Parlamento de Cataluña se adoptaron las resoluciones que todos ustedes conocen.

¿Qué hizo el Gobierno en esta situación? El Gobierno el día 11 de octubre requirió a la Generalitat de Cataluña, a su presidente más concretamente, para que explicara algo que se puede explicar muy fácilmente: si habían o no declarado la independencia. El Gobierno podía haber hecho este requerimiento antes, como lo pidió una parte de la opinión pública. Podía haberlo hecho cuando se aprobó la ley del referéndum, cuando se liquidó la Constitución, o podía haberlo hecho cuando se aprobó la Ley de Transitoriedad. Tuvo muchas oportunidades de hacerlo; pero preferimos actuar, como creo que se debe de hacer en estos casos, con prudencia, con responsabilidad, con sentido común e intentando que se produjera una rectificación que realmente no se produjo por decisión de quien podía tomarla, que es la propia Generalitat. No respondieron, porque no quisieron, en plazo y en tiempo.

Yo tengo la impresión, después de haber visto como se han desarrollado los acontecimientos en las últimas fechas, que alguien puede pensar sin temor a equivocarse que diera la sensación de que algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155. No lo voy a afirmar categóricamente. No quiero hacer una crítica, pero tengo esa convicción, porque no se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron, que como ha hecho a lo largo de estas últimas fechas la Generalitat de Cataluña.

En segundo lugar, quiero referirme al diálogo, una palabra hermosa que en esta ocasión se ha convertido en mágica. Tengo que decir que aquí nadie planteó por parte de la Generalitat un diálogo; lo que se ha planteado --he reiterado en algunas ocasiones y creo que es bueno recordarlo ahora aquí-- es una imposición: pretendía imponérsele al Gobierno que hiciera algo que sabían que no iba a hacer y que, además, no podía hacer.

Se le invitó al presidente de la Generalitat al Parlamento a que expusiera cuales eran sus planteamientos y no quiso. Se le invitó a la Conferencia de Presidentes y no quiso. Se le invitó más tarde a hablar de un tema muy importante como era la financiación autonómica y no quiso. También se le invitó a que acudieran los representantes que estimara oportuno y conveniente a los grupos de trabajo para hablar de la financiación autonómica y tampoco quiso. Lo único que se hizo fue liquidar la Ley y poner en marcha, sin tener competencia alguna y saltándose la Ley, una legalidad paralela. Ni siquiera el diálogo del que tanto se hablaba se practicó con casi la mitad de los diputados del Parlamento de Cataluña a los que no se les dejó intervenir en defensa de sus posiciones.

El diálogo no es que los demás tengan que aceptar obligatoriamente tus exigencias; eso no es diálogo, eso es imposición o un contrato de adhesión, si quieren ustedes llamarle así. El diálogo fuera de la Ley y fuera de la norma es profundamente antidemocrático, y, desde luego, no es diálogo pretender imponer a los gobernantes, en este caso al Gobierno de España, que se salten deliberadamente la Ley.

Por todo ello, y entro ya en el tercer punto --lo haré con brevedad, me extenderé más en el punto cuarto y en el quinto de mi intervención--, el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era ni nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca y creo que esto lo sabe el conjunto de la opinión pública española. El artículo 155 es un artículo constitucional; pero es un artículo que solo se aplica en circunstancias excepcionales. De hecho, en España estuvo a punto de aplicarse en una ocasión, bajo el Gobierno de González, y al final no se hizo porque las cosas se recondujeron a la legalidad.

En esta ocasión no fue posible y aplicamos el artículo 155, porque ningún Gobierno --insisto, ningún Gobierno-- de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la Ley, que se viole la Ley, que se cambie la Ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. Esta es la razón por la que hemos puesto en marcha un artículo, como el que hay en otras muchas Constituciones europeas, constitucional y votado por todos los españoles.

Paso ahora a explicar, en lo que es el cuarto punto de mi intervención, cuales son los objetivos de esta decisión que hemos adoptado. Por último, me referiré a las medidas.

Los objetivos son cuatro, fundamentalmente: el primero, volver a la legalidad; el segundo, recuperar la normalidad y la convivencia que se ha deteriorado, y desgraciadamente mucho, en Cataluña; en tercer lugar, continuar con la recuperación económica --esto es la vida de la gente--, con el empleo, con los sueldos, con que la gente pueda trabajar, recuperación económica que hoy en Cataluña está en peligro, en evidente peligro, por las decisiones caprichosas y unilaterales que se han adoptado; y el cuarto gran objetivo es celebrar elecciones en situación de normalidad. Repito, cuatro objetivos: recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones. Volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en Cataluña.

Paso ahora a hacer una breve referencia de lo que significa la recuperación económica porque, sin duda, una de las grandes historias, uno de los temas en los que más se ha faltado a la verdad, era en los efectos beneficiosos que para los ciudadanos de Cataluña podría producir la independencia.

Los últimos datos que conocemos son preocupantes: se han trasladado sedes sociales y fiscales de empresas en un número que supera a las mil y, desde luego, la inmensa mayoría de las grandes empresas de toda Cataluña que dan trabajo a muchísimos ciudadanos de Cataluña; se han desincentivado las inversiones, las de fuera y las de dentro; y se ha desmotivado el turismo, importantísimo, como saben ustedes, en el PIB catalán y uno de los factores de crecimiento más importantes. No voy a entrar en ningún detalle sobre este asunto, son sobradamente conocidos por todos ustedes; pero sí me gustaría hacer alguna referencia a algunos temas que tienen su trascendencia.

Si Cataluña se independizara, a pesar de lo que se les ha dicho a los ciudadanos de Cataluña, Cataluña abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del arancel exterior común, además de controles aduaneros en frontera. Estamos hablando de una economía para la cual el comercio exterior supone una parte, por encima de la mitad, sustancial de su PIB.

Desde el punto de vista financiero, todas las facilidades que da el Banco Central Europeo desaparecerían. Esa fue la razón por la cual no hay ninguna entidad financiera que se haya quedado en Cataluña y hayan tenido estas entidades financieras que trasladar su domicilio a otro lugar de España, y lo hacen en defensa de sus propios intereses de sus trabajadores, de los depositantes y de aquellas personas que tienen metidos sus ahorros en las entidades financieras. Habría un problema, que ya ha empezado, grave de contracción del crédito. Se produciría una inflación desproporcionada, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión.

Y todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25 y el 30 por 100 del Producto Interior Bruto, resultando una coyuntura económica insostenible.

Por eso, uno de los objetivos, uno de los cuatro a los que me he referido, es que continúe el proceso de recuperación económica en el que España ya lleva instalada, por fortuna, en los últimos años.

Repito, por tanto, los cuatro objetivos: legalidad, normalidad y convivencia, recuperación económica y elecciones.

Precisamente, la primera medida, y entro ya en la última parte de mi intervención, que va a adoptar el Gobierno está íntimamente relacionada con este objetivo de que se celebren elecciones en Cataluña. La facultad de disolver, si el Senado así lo decide, el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, si el Senado así lo decide, tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, mi voluntad, la mía, es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional que, sin duda alguna, es uno de los objetivos de futuro y para ello sería importante que todos nos aplicáramos a recuperar esa normalidad institucional.

Esto, celebrar elecciones, es el objetivo. Lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común y de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en la cual la Ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recuperen la convivencia, el bienestar y el empleo de las personas. Ese es el objetivo de esa nueva etapa que habría que hablar.

Paso ahora a explicar con brevedad el resto de medidas, las más importantes, como les decía al principio. Insisto, luego habrá un briefing para entrar en los detalles que también son importantes. Lo que vamos a solicitar al Senado, al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución, con el fin de proteger el interés general de la nación, es que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones:

    Primera, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación. En principio, la idea será la de que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional. La administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña. Esta administración de la Generalitat de Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación en sustitución de aquellos que, como les he dicho antes, serán los responsables de los distintos ministerios.
    En segundo lugar, es la segunda medida importante a la que quería hacer referencia, el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada pero, para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución, se proponen al Senado una serie de medidas, las más importantes de las cuales son las siguientes: el presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni el Parlamento puede celebrar debate y votación de investidura; las facultades de control corresponderán al órgano que a tal efecto designe el Senado y por parte del Parlamento no se podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución Española y al Estatuto de autonomía de Cataluña, teniendo el Gobierno un plazo de treinta días para ejercer su derecho de veto.

Yo creo que estas son las medidas más importantes. Hay otras, hay más detalle que ustedes podrán conocer a continuación.

Sí quiero llamar su atención sobre un asunto importante que creo que debe quedar muy claro: no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Ley, de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas.

Y termino ya. Nuestra Nación y nuestro Estado de Derecho son, como saben, abiertos, democráticos, respetuosos de la pluralidad y garantes de los derechos de las personas. Así hemos convivido, con nuestras dificultades pero creo que felizmente, cuarenta años, sabiendo encontrar la riqueza en nuestra diversidad, la cooperación leal y la eficacia en uno de los Estados más descentralizados del mundo, y la calidad democrática que garantizan los controles y los contrapoderes que definen a las sociedades abiertas. Esta es la España de hoy y la que queremos que siga siendo, y yo les digo que lo vamos a conseguir todos juntos actuando con serenidad y con firmeza democrática.

A todos los españoles, y especialmente a los catalanes, quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. Soy plenamente consciente de que el momento es difícil; pero todos juntos lo vamos a superar, como hemos superado acontecimientos muy complicados también a lo largo de nuestra historia que, por cierto, ya dura unos cuantos siglos. Yo pido que no se vayan más empresas, ni se vayan más depósitos. Creo que podemos estar tranquilos, porque esto se arreglará y sin más daño para nadie. Vamos a trabajar por la normalidad, por la concordia, por la buena convivencia, por la concordia entre todos, y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama desde, hace muchos siglos, España.

Quiero aprovechar también esta oportunidad para decir que estas medidas han sido acordadas con el Partido Socialista y con Ciudadanos, y que agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo a la Ley, al Estado de Derecho, a nuestra Constitución y a los valores en los creemos y que nos han hecho grandes. Eso es lo que han apoyado todos ellos.

Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención.

 

bosque fuego

• Greenpeace lamenta el fallecimiento de varias personas en Galicia y Portugal
• Incendios activos: 132 en Galicia, 35 en Asturias, 300 en Portugal
• Alerta en Canarias con índice de riesgo de incendio extremo
• La organización reclama una llamada a la ciudadanía para que colabore con la identificación de los incendiarios

16 de octubre de 2017 .- Galicia, Asturias, León, y el país vecino Portugal están siendo asolados por numerosos incendios. Varias personas muertas, desalojos masivos y miles de hectáreas calcinadas. Todo esto en días posteriores al inminente cierre de las campañas de extinción, ampliadas a última hora por el Ministerio, debido a las altas temperaturas. Decisiones de última hora para un problema ambiental de máxima magnitud.

En el Noroeste ocurren más de la mitad de los incendios del territorio nacional. La Xunta ha afirmado que los incendios son intencionados, focos simultáneos cercanos, iniciados por la noche en situación adversa de temperatura, viento y sequía. Debido a la falta de agua, se han tomado medidas extraordinarias como permitir al sector ganadero que pueda abastecerse de agua de depósitos destinados a la extinción de incendios. Todo un polvorín en una región con una fuerte  “cultura” del fuego como herramienta de gestión de ecosistemas.

Los montes no los queman “sólo” pirómanos, éstos representan un porcentaje bajísimo de la causa de incendios. Muchos de los incendios producidos por esa cultura del fuego se producen por quemas ganaderas como práctica “tradicional”, una práctica de carácter delictivo si se produce sin permiso y supervisión administrativa. Si, además, se dan en condiciones meteorológicas adversas, provocan fuegos descontrolados constituyendo un problema de seguridad pública. Delito, por cierto, perseguido por el actual código penal (con penas de hasta 20 años de prisión).

Los incendios no se apagan en invierno, como reza el tópico, se apagan cuando se producen que, como hemos visto, puede ser en cualquier época del año. Pero la prevención de los mismos y la mejor gestión de la lucha contra el fuego empieza durante la aprobación de los presupuestos y durante la ejecución de políticas de desarrollo rural que pongan al sector forestal y ganadero en el lugar que le corresponde por su peso territorial. Sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los países mediterráneos, que son los más expuestos a los incendios debido al cambio climático.

Greenpeace demanda una gestión más activa del paisaje que tienda a la imitación, a pequeña escala, del régimen natural de incendios: a través de las quemas prescritas, explotación forestal, extracción de biomasa para uso energético, ganadería extensiva, etc. Son necesarios ecosistemas forestales y paisajes más resilientes al fuego y a los escenarios del cambio climático. También es necesario un mayor apoyo a las Fiscalías de Medio Ambiente en el esclarecimiento y persecución del delito de incendio forestal, así como la necesidad de que el Gobierno español apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa, que tenga como objetivo evitar que las temperaturas globales aumenten por encima de 1,5 ºC.

"Si queremos evitar que sean los grandes incendios forestales los que gestionen el paisaje durante los fenómenos meteorológicos extremos, como estamos viendo estos días, tendremos que actuar nosotros antes de que lo haga el fuego", ha declarado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace. "La inacción nos condena a más, más intensos y más destructivos incendios forestales. Persecución de los incendiarios y gestión del paisaje. No tenemos otra alternativa", concluye Parrilla.

Por este motivo, Greenpeace reclama:

    mayor esfuerzo en la persecución a las personas responsables que queman el monte

    dotar de más medios a las fiscalías de medio ambiente para que se investiguen las causas detrás de los incendios

    colaboración ciudadana para identificar responsables

    campañas de sensibilización ciudadana para el uso de alternativas al fuego

    establecer una política de prevención de incendios forestales que prepare los montes al contexto del cambio climático

Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.

bandera espana

Miércoles 4 de octubre de 2017

​El Gobierno de España rechaza tajantemente las críticas formuladas esta noche por el presidente de la Generalitat contra el jefe del Estado, S.M. el Rey Don Felipe VI. Estas críticas demuestran que el señor Puigdemont, no solo está contra la Ley, sino fuera de la realidad. Ha perdido esta noche la oportunidad de devolver a Cataluña a la senda de la convivencia y de la Ley.  Lejos de ello, ha seguido avanzando en su proyecto de radicalidad, aislamiento y desafío a las instituciones.

No contento con el daño que ya ha causado a Cataluña, a sus ciudadanos, a su concordia y a su economía, parece empeñado en destrozar cualquier atisbo de racionalidad de cara al futuro. Su deriva le enfrenta a Europa, como se ha visto esta tarde en el Parlamento Europeo, a todas las instituciones democráticas y a la mayoría de catalanes, que anoche encontraron en las palabras del Rey un bálsamo a  tanta incertidumbre y tanto desasosiego.

En vez de atender a la llamada a la moderación, la cordura y la convivencia democrática que tanto apreciaron los españoles en el mensaje del jefe del Estado, el presidente de la Generalitat ha insistido en un empecinamiento irresponsable que le aleja cada vez más de la rectificación que todo el mundo le está pidiendo.

A cada llamada a la sensatez, responde con un desplante. A cada nuevo dato sobre el daño que está causando a los catalanes, responde con otra ruptura. A cada petición de serenidad, responde con otra bravata contra la convivencia.

Todo el mundo le está pidiendo una rectificación que es inevitable. Cuanto más tarde en producirse, más daños y más fractura supondrán para todos. Los partidos representados en el Parlamento catalán, las instituciones españolas,  la mayoría de la sociedad catalana, los dirigentes europeos y también el jefe del Estado, es decir, todos los demócratas, están pidiendo al señor Puigdemont que ponga fin a este desafío, que vuelva a la legalidad y asuma que cada vez menos personas están dispuestos a acompañarle en esta deriva insostenible.

La negociación en democracia solo tiene un camino, el camino de la Ley.

Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar.

El Gobierno no va a negociar ninguna ilegalidad, no va a aceptar ningún chantaje. Ya  ha hecho mucho daño con sus ilegalidades, retire la amenaza de la ruptura y empiece por hablar con todos los partidos políticos catalanes cuyos derechos ha pisoteado.

escudo constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado en la mañana de hoy por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) contra la decisión, adoptada por la Mesa del Parlamento de Cataluña el día 4 de octubre, de convocar la celebración del Pleno para que el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “valore los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos”.

El Tribunal, por auto y a petición del recurrente, ha decidido aplicar el art. 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y suspender la convocatoria del Pleno de la Cámara autonómica, previsto para el día 9 de octubre. Afirma que concurre la “urgencia excepcional” a la que se refiere el citado precepto, toda vez que la ejecución del acuerdo impugnado “produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo”. El art. 56.6 LOTC señala que “en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas (…)”.

El auto declara “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada”.

Señala, asimismo, que el recurso de amparo tiene “especial trascendencia constitucional” porque los actos impugnados “no solo pueden afectar al ejercicio del ius in ufficium de los parlamentarios recurrentes (art. 23.2 CE) y al derecho de los ciudadanos de Cataluña de participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE) sino que, además, la cuestión planteada puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución, al tiempo que se trata de una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que tiene consecuencias políticas generales”.

El Pleno acuerda la notificación personal del auto a la Presidenta del Parlamento de Cataluñam Carme Forcadell, y a los miembros del citado órgano, a quienes advierte de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

El Tribunal da traslado de su decisión al recurrente así como al Parlamento de
Cataluña, al Gobierno de la Generalitat y al Ministerio Fiscal, que dispondrán de cinco días para formular alegaciones.

Los recurrentes, diputados del Parlamento de Cataluña, denunciaban que la convocatoria del Pleno vulnera su derecho, reconocido en el art. 23.2 de la Constitución, “a ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los requisitos señalados en las leyes”. Manifestaban, asimismo, que la vulneración de su derecho “se produce por el radical quebrantamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía que conllevaría la declaración formal de la independencia de Cataluña”. Finalmente, alegaban que el acuerdo de la Mesa incumple las resoluciones del Tribunal Constitucional en tanto en cuanto pretende aplicar lo previsto en la Ley del referéndum y en la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, suspendidas ambas por el Tribunal. Por estas razones, solicitaban al Tribunal la nulidad de la convocatoria del Pleno pues su celebración y la eventual declaración de independencia supondrían un “perjuicio irreparable” del derecho cuya protección se reclama.

El recurso, que había correspondido a la Sala Segunda del Tribunal, ha sido avocado al Pleno.
El Tribunal adopta, entre otros, los siguientes acuerdos:

• Admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que la cuestión planteada es de “relevante general repercusión social y económica” que, además, tiene unas “consecuencias políticas generales” (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, letra g).

• Requerir con carácter urgente al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta, para que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones.

• Suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la eficacia de los Acuerdos parlamentarios impugnados, y consiguientemente la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017.

• Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada.

• Abrir pieza separada y conceder un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada.

• Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, notifíquese personalmente la presente resolución a Dª Carme Forcadell Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, y a los integrantes de la Mesa del Parlamento, D. Lluis Guino i Subiros, Vicepresidente Primero; D. José María Espejo-Saavedra Conesa, Vicepresidente segundo; Dª Anna Simó i Castelló, Secretaria Primera; D. David Pérez Ibánez, Secretario Segundo; D. Joan Josep Nuet i Pujals, Secretario
Tercero; y Dª. Ramona Barrufet i Santacana, Secretaria Cuarta.

• Advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.

Madrid, 5 de octubre de 2017

Rey Felipe 03 10 2017

Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.10.2017

B​uenas noches,

Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada −ilegalmente−la independencia de Cataluña.

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.

Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.

En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Hoy quiero, además, transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes.

A los ciudadanos de Cataluña –a todos− quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos.

Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.

Y al conjunto de los españoles, que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y, también, de esperanza.

Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña.

Termino ya estas palabras, dirigidas a todo el pueblo español, para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España.