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POR LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE SALARIOS Y PENSIONES CON EL IPC REAL

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA PAZ, NO AL AUMENTO DEL GASTO MILITAR
EL 15 DE OCTUBRE TODOS A MADRID

El coste de la vida o IPC real que en 2021 se incrementó un 6,5%, en Julio de 2022 se ha incrementado un 10,8 en términos interanuales (de julio de 2021 a julio 2022). Este brutal incremento lo pagamos la clase trabajadora y las clases populares con un importante deterioro de nuestras condiciones de vida.

La lucha por recuperar el poder adquisitivo de los salarios, pensiones y prestaciones con la aplicación del IPC real es una tarea fundamental en los próximos tiempos y hace necesaria más que nunca la unidad de acción de la clase trabajadora. El gobierno de España pretende imponer el llamado “Pacto de rentas” negociando con agentes sociales (CEOE, CCOO, UGT), cuyo objetivo es recortar el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, con incrementos inferiores al IPC Real, o utilizando fórmulas tramposas como el IPC subyacente o el medio, notablemente inferiores al IPC real.

Nos hallamos ante un escenario terrible en qué después de la crisis del 2008 y de la epidemia, ahora la Comisión Europea, el FMI y la OTAN pretenden llevar el sufrimiento de la ciudadanía hasta nuevos extremos bajo el pretexto de la guerra. Mientras nos piden más sacrificios se reparten millonarios rescates a los bancos, establecen programas de recuperación para los monopolios, que aseguren a las empresas sus escandalosos beneficios y los millonarios sueldos de sus directivos, todo ello con el pretexto del cambio climático que ellos han provocado, mientras que exigen duplicar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

El gobierno del Estado en lugar de resistirse a esas presiones en defensa del programa con el que se presentó a las elecciones (derogación de la reforma laboral, recuperación del poder adquisitivo, acabar con las leyes represoras como la ley mordaza, proteger el sistema público de pensiones, etc.) cada día aparece más sumiso al dictado del poder financiero y militar neoliberal. La alternativa al giro conservador que el masivo desengaño puede acelerar en el plano electoral es levantar una enorme movilización social, que desde la calle ponga en la agenda política las demandas de la ciudadanía, organice la resistencia social y articule una respuesta suficientemente extensa a las agresiones neoliberales.

Tampoco el gobierno de Cataluña ha demostrado la mínima sensibilidad social. Aunque su polémica sobre los derechos nacionales lo enfrente de manera continuada en los medios con el gobierno central, comparten el mismo desprecio por la ciudadanía y la misma sumisión al poder financiero. La exclusión social en Cataluña, según el último informe Foessa de Cáritas, golpea el 29,1 % de la población en Cataluña. La tasa de pobreza severa según el informe de IDESCAT en 2020 era el 6,2%, es decir 475.000 personas, en 2021 se ha incrementado hasta el 9% y afecta a más de 680.000 personas. Hasta la fecha la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, competencia exclusiva de la Generalitat solo da cobertura al 24,8% de la población con pobreza severa, lo que demuestra las graves restricciones e incumplimientos del gobierno con dicha ley.

Además, la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha perdido más del 14,7% de su poder adquisitivo desde el 15 de septiembre de 2017 hasta la fecha al estar congelado el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña). Y lo que es más grave, dicho indicador que sirve para calcular las cuantías y el acceso a las prestaciones como la RGC sigue congelado, incumpliendo la legislación, desde el 1 de enero de 2010 hasta 31 de julio 2022 habiendo perdido un 29,8 % de su valor.

Estamos ante un nuevo ataque de los poderosos contra los derechos sociales, los salarios y las pensiones. Solo una gran respuesta social puede cambiar la situación. Por ello diversos movimientos sociales y organizaciones de trabajadores de Cataluña, nos sumamos al llamado del movimiento pensionista a una marcha a Madrid en defensa de los servicios públicos y de la subida según el coste de la vida de salarios y pensiones, como primer paso a una movilización general en todo el territorio del estado en otoño.

Aunque en este momento las respuestas sociales se hallan dispersas en multitud de acciones locales y sectoriales, ha llegado el momento de buscar un espacio de confluencia para presionar y trabajar conjuntamente por un cambio de rumbo social y político.

Ante una perspectiva económica inflacionista, de recortes en la producción como consecuencia de la guerra económica, que se verán agravadas por las futuras medidas de ajuste y austeridad del BCE y la Comisión Europea, el aumento del gasto militar acentuará la profundidad de los recortes sociales, abocando a una grave recesión económica, el aumento del desempleo y la pobreza. La defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos hace necesario movilizarse contra las agresiones de que somos objeto.

Con un brutal incremento del coste de la vida y una guerra económica contra las clases populares, consideramos que los movimientos sociales del país debemos avanzar para articular una plataforma conjunta de defensa social. En este sentido, la convocatoria de los diversos movimientos pensionistas de una marcha unitaria a Madrid por la subida de salarios y pensiones con el IPC y en defensa de los servicios públicos, la consideramos oportuna y un punto de partida para fortalecer y articular a quienes hacemos frente a los recortes. En Cataluña el conjunto de movimientos sociales firmantes de este manifiesto, acordamos el siguiente acuerdo reivindicativo de mínimos abierto a futuras incorporaciones, como primer paso para salir a la calle conjuntamente este 15 de octubre:

1.- Incremento de salarios y pensiones con el IPC real. No al “pacto de rentas” explicito o de “facto”.

2.- Actualización inmediata del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña con el IPC acumulado durante todo el tiempo que ha estado congelado. Por una implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía sin trampas ni restricciones. En defensa de los derechos de la población vulnerable.

3.- Por el pleno empleo digno y estable: Por la reducción de la semana laboral a 30 horas sin reducción del salario, por la plena derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y de toda la legislación laboral que ha recortado derechos laborales y fomentado la precariedad laboral.

4.- Por unas pensiones públicas dignas, no a la privatización de las pensiones. Derogación de las reformas de las pensiones de 2011, 2013 y 2021, así como la Ley de promoción de los Planes Privados de Empleo aprobada este año. Por la recuperación de la edad de jubilación a los 65 años. Pensión mínima igual al Salario mínimo interprofesional, ajustando éste al 60%
del salario Medio, como obliga la Carta Social Europea. Eliminación de la brecha de género en salarios y pensiones.

5.- Por la nacionalización del sector energético con control social, para asegurar un precio justo y accesible. Por el derecho a los suministros básicos de energía y agua, no determinados por la especulación y el abuso, especialmente a las familias y personas vulnerables.
6.- Por una ley que garantice el derecho a la vivienda, recogiendo las enmiendas presentadas por la iniciativa estatal de los movimientos sociales a la ley de la vivienda. Creación de un parque público de vivienda.

7.- En defensa del carácter público de la Sanidad, por revertir las privatizaciones y externalizaciones, y asegurar una salud Universal, solidaria, integral y de calidad.

8.- En defensa de una Educación pública y de calidad, revertir las privatizaciones, y asegurar el carácter estable y digno de las plantillas en los centros escolares y de la Universidad. No al abuso de la interinidad, fijeza ya. Asegurar una plaza pública y gratuita a toda la infancia de 0 a 3 años. Avanzar hacia la Plena gratuidad de las universidades públicas y en la formación profesional.

9.-Residencias de carácter público y de calidad para las personas mayores y con diversidad funcional. Revertir la privatización de centros de titularidad pública. Modificación de la cartera de servicios de 2020. Ratio mínima de un puesto de gericultor por cada cuatro personas en los turnos de mañana y tarde, y uno por cada diez en el turno de noche. Servicio médico y de enfermería las 24 horas. Atención médica a cargo de la sanidad pública. Contratación estable y digna del personal de residencias. Por un nuevo modelo de más calidad.

10.- Por una atención domiciliaria de carácter público y de calidad, en condiciones dignas para trabajadoras/es y usuarios/as.

11.- Derogación del convenio que vincula el INSS con el ICAM (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya). Exigimos al ICAM qué respete y priorice las decisiones, conclusiones y diagnósticos de los colegiados de la Sanidad Pública.

12.- Papeles para todas las personas inmigrantes sin discriminaciones políticas entre nacionalidades, que permita su acceso a un empleo estable y digno. Cierre de los centros de internamiento para extranjeros (CIEs), regulación ya.

13.- No al incremento del gasto militar, por su reducción, no a la guerra promovida por las empresas militares y la codicia de los financieros.

14.- En defensa de la libertad de expresión y manifestación. No a la represión de los movimientos sociales y sindicales. Derogación de la ley mordaza.

Ante el retroceso social y la miseria que nos amenaza, sabemos que tenemos un largo recorrido por delante para revertir la actual situación. Pero este es un paso en la buena dirección al que debemos darle continuidad este otoño, abriendo un proceso de debate en defensa de nuestras reivindicaciones. Por ello el conjunto de firmantes de este manifiesto:

a) llamamos a promover la participación en la marcha a Madrid el 15 de octubre

b) nos comprometemos a trabajar en todos los sectores sociales, barrios y centros de trabajo la denuncia de las agresiones de que somos objeto y la necesidad de defender nuestra plataforma de reivindicaciones compartidas.

c) nos comprometemos a preparar en Cataluña las movilizaciones de otoño y a buscar complicidades en el estado para plantear nuestras demandas de forma cohesionada y coherente, trabajando para articular un encuentro de movimientos sociales y laborales.

14 setiembre 2022

Organizaciones convocantes:
Aliança de Marees y Moviments Socials
Assemblea Diversitat Funcional
CO.BAS
Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania
Confederación General del Trabajo
Coordinadora de Assemblees de Treballadors/es en Atur de Catalunya
Marea Blanca de Catalunya
Marea Pensionista de Catalunya – COESPE
PAICAM Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l'INSS
Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya
Plataforma Servei d'Atenció Domiciliaria
Sindicat de Llogaters de Catalunya
Solidaridad Obrera
Unitat Pensionista de Catalunya
Adhesiones:
UNIN MAS I.P.S.P. de Bolivia en Cataluña
Somos Rebelión Ciudadana de Ecuador en Cataluña
Ecologistes en Acció de Catalunya
Para adherirse a este manifiesto o incorporarse como movimiento social a este espacio de coordinación, puede enviarse un email a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La entidad recuerda que para 2021 solo el 28 % de las personas en pobreza severa en Cataluña fueron receptores de los ingresos garantizados de la ciudadanía (RGC)

Caritas Catalunya insta a estas reflexiones a estar presentes en la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña esta semana.

Barcelona, ​​28 de junio de 2022 - Las diez caritas diocesanas con sede en Cataluña consideran que el despliegue del ingreso garantizado de la ciudadanía (RGC) es insuficiente y es corta frente a la emergencia social, donde una de cada tres personas en Cataluña vive. En exclusión social. El último informe de FOESSA en Cataluña advirtió que para 2021 solo el 28 % de las personas en pobreza severa eran receptores de la RGC. "En mayo de 2022, solo 172,766 personas son beneficiarios, una cifra insuficiente para llegar a todas las personas en exclusión de Cataluña en su conjunto", dijeron desde Caritas.

Caritas Catalunya es parte de la Comisión de Registro de RGC a través de su membresía en la Tabla del Tercer Sector y continúa trabajando juntos desde la tabla con los mismos objetivos colectivos. Sin embargo, la entidad muestra la urgencia de respuestas para garantizar el acceso al RGC a todas las personas en situaciones vulnerables. Por esta razón, Caritas Catalunya reitera su posición para una mejora inmediata en el beneficio.

Los requisitos para el acceso son demasiado exclusivos y muchos de los grupos vulnerables en nuestra sociedad se quedan fuera. También muestra las dificultades de recopilar todos los documentos necesarios para demostrar la situación de insuficiencia de los recursos.

La intención de aprobar este beneficio de 2017 era asegurar los mínimos de una vida decente para todos, pero la inflación actual, las limitaciones y los obstáculos burocráticos existentes muestran que no se está logrando.

Ante las situaciones de la pobreza y la incertidumbre resultante de esta realidad, pedimos que los plazos se reduzcan para dictar la resolución administrativa del beneficio. Además, una actualización del Indicador de ingresos de Cataluña (IRSC), se ha congelado durante 12 años, un período en que el IPC ha aumentado en un 27 %. Esto debe convertirse en una realidad en la próxima ley presupuestaria, para garantizar un aumento en la cantidad y permitir que más personas con bajos ingresos accedan a ella.

La aparición, para 2020, del ingreso mínimo estatal (IMV), del cual el RGC es una subsidiaria, ha llevado a una liberación de recursos en el Departamento del Departamento de Derechos Sociales. Caritas Catalunya, por lo tanto, exige un aumento real en el gasto presupuestario a través de los fondos de los ahorros de los archivos otorgados al IMV. También propone reducir el requisito de residencia continua y efectiva en Cataluña de 24 a 12 meses, para facilitar la concesión de este beneficio, como ya se estableció al percibir el IMV. Finalmente, no debemos olvidar la necesidad de establecer la armonización definitiva de los dos beneficios.

El trabajo de monitoreo y profundidad por parte de la Comisión de Gobierno y el Grupo de Trabajo es clave para generar consenso y evaluar el impacto de los archivos ya otorgados. Un trabajo que debe ser complementario a las acciones rápidas para enmendar las barreras de acceso bien conocidas y probadas.

A pesar de todo esto, Caritas Catalunya pide a la administración que resuelva estas necesidades para hacer del RGC un instrumento real de protección social para todos los ciudadanos.

yo jefa

‘Yo, jefa’, el programa de Trescom para potenciar el liderazgo femenino en los entornos profesionales, ha celebrado la presentación de su nuevo censo ‘Las jefas de la era digital’, cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres más destacadas del ecosistema tecnológico español.

El acto ha tenido lugar este lunes en Google Campus, y ha contado con la participación de Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Anaïs Pérez, directora de Comunicación de Google España y Portugal; Marisol Menéndez, Chief Open Innovation Officer en South Summit y promotora de Women in Tech; y Ana Mosquera, Executive Vice President de Capgemini.

Madrid, 31 de enero de 2022.- Yo, jefa, la iniciativa de RSC de la agencia de comunicación Trescom para potenciar el liderazgo femenino en los entornos profesionales, ha presentado este lunes su nuevo censo: 'Las jefas de la era digital'.

Según la UNESCO, de los siete millones de personas que trabajan en el sector TIC en Europa, únicamente el 30% son mujeres. Ante esta realidad, Yo, jefa ha llevado a cabo la realización del censo ‘Las jefas de la era digital’, que recoge los testimonios de más de 50 mujeres destacadas del ecosistema tecnológico español y cuyo ejemplo y experiencia puede ayudar e inspirar a que las niñas y adolescentes tengan referentes femeninos a los que querer imitar y sean, si así lo quieren, las jefas digitales del futuro.

El acto ha contado con el apoyo de Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Google, además de una mesa de representantes de las empresas y entidades colaboradoras. La presentación ha tenido lugar en las instalaciones de Google Campus y ha sido retransmitida online.

En palabras de la directora y CEO de Trescom, Isabel Lozano:Este año hemos querido poner el foco en el entorno tecnológico, que continúa siendo una asignatura pendiente”. Además, ha reafirmado el compromiso de Yo, Jefa para potenciar el talento femenino y así “ponerles nombre y cara y darles voz a estas jefas, para que niñas y jóvenes puedan soñar sin techos de cristal”.

Ingenieras informáticas, investigadoras, programadoras o directivas existen y han existido a lo largo de la historia y su presencia es clave para derribar los sesgos de género que desmotivan a las niñas a la hora de escoger una profesión relacionada con la tecnología” prosiguió Lozano.

Por su parte, Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha recalcado la necesidad de iniciativas como Yo, jefa para diseñar una sociedad “más justa, sostenible e inclusiva. Una sociedad del siglo XXI en clave verde y digital que va a transformar nuestras vidas para siempre, y en la que resulta imprescindible que la mujer tenga un papel activo y protagonista”.

La directora de Comunicación de Google España y Portugal, Anaïs Pérez, ha recalcado “necesitamos seguir trabajando por la igualdad de género en el mundo tecnológico y en la representación de la mujer en los puestos de liderazgo y decisión, si queremos aspirar a tener una Internet más justa, una sociedad más competitiva y un mejor estado del bienestar”.

Posteriormente a la presentación del censo, tuvo lugar una mesa de debate moderada por Marisol Menéndez, Chief Open Innovation Officer en South Summit y promotora de Women in Tech en la cual participaron dos directivas de las empresas tecnológicas colaboradoras: Ana Mosquera, Executive Vice President de Capgemini, y Anaïs Pérez, directora de Comunicación de Google España y Portugal.

Puedes consultar el censo en la página web de Yo, Jefa: https://www.yojefa.com/las-jefas-de-la-era-digital

Sobre ‘Yo, jefa’

Yo, jefa’ es una iniciativa que busca el despertar del liderazgo femenino entre niñas y adolescentes. Un programa de concienciación y cambio para eliminar los condicionantes visibles e invisibles que aún hoy existen en nuestra sociedad y que impiden a las mujeres llegar a puestos de responsabilidad en sus respectivos ámbitos laborales.

 

El objetivo de ‘Yo, jefa’ es visibilizar a la mujer en el trabajo para conseguir un impacto real en la sociedad. Para ello, se busca romper el techo de cristal al facilitar a las jóvenes de nuestro país referentes femeninos en cargos de responsabilidad, y, de la misma forma, contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU y, en concreto, los relativos al ODS 5: la igualdad de género.

 

Sobre Trescom

Trescom es la agencia de comunicación especializada en elaborar estrategias de contenido globales, creativas e innovadoras, con el fin de impactar y llegar a los distintos públicos objetivos de forma eficaz y a través de todos los canales.

 

Con presencia en Madrid, Barcelona y Asturias, el equipo de Trescom está formado por más de cincuenta profesionales multidisciplinares cuyo objetivo es desarrollar proyectos de éxito con talento, pasión e implicación. Entre los reconocimientos conseguidos, destaca el premio a Mejor Agencia de Comunicación 2018, que otorga la Revista Control, referencia en el sector.

Puedes consultar toda la información en su página web: www.trescom.es

 

Abogado Presunto Inocente

- ‘Presunto Inocente’ nace con el objetivo de preservar el derecho a la presunción de inocencia de todos aquellos que se ven envueltos en un proceso penal

- Los juicios paralelos formados a raíz de la opinión pública afectan de forma directa al caso que se está investigando en los tribunales y atenta contra la salud física y mental del acusado

Madrid, 5 de mayo de 2022. Con la aparición del periodismo online y las redes sociales ha surgido una pelea mediática por la que se premia la rapidez a la hora de dar información. Esto está provocando que haya más sensacionalismo lo que lleva a que cada vez haya más juicios paralelos cuando se habla sobre algún posible delito. Llegando a vulnerar completamente el derecho a la “presunción de inocencia”, según expertos.

Este es el motivo por el que ha surgido Presunto Inocente (www.presuntoinocente.com), una plataforma creada por expertos en abogacía que buscan defender la presunción de inocencia especialmente en los casos más mediáticos. Este derecho se acuñó para salvaguardar la identidad y la vida de aquellos que se encuentran sumergidos en procesos penales.

 

La frase “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” se ha sustituido por “todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario”, explican desde la plataforma. Los expertos consideran que exponer ante la opinión publica el testimonio de la presunta víctima puede provocar que se haga un juicio paralelo que acaban influyendo en los dictámenes de los tribunales. Esto ha comenzado a suceder tras la implantación de forma sistemáticas de los denominados “juicios paralelos” que se dan a través de las redes sociales. Estos juicios paralelos se dan cuando estos nuevos medios se dedican a exponer ante la opinión publica el testimonio del acusador, sin más datos, y es aquí, donde emerge un juicio popular, que acaba presionando al poder judicial corrompiendo así el sistema judicial.

 

Muchas personas que se ven envueltas en un procedimiento penal sufren una estigmatización de la que ya es muy difícil liberarse”, aseguran desde Presunto Inocente. “El simple hecho de comenzar un proceso de este tipo en el que hay una detención y su siguiente paso por los calabozos provoca que la persona quede en entredicho y que su propio entorno social sea el que juzgue directamente al sospechoso”, añaden.

 

Los expertos alertan de que este tipo de prácticas en las que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia atentan de forma directa a la salud tanto mental como física del individuo. De hecho, el Tribunal Supremo se pronunció reciénteme acerca de esta problemática asegurando que “la presunción de inocencia no puede ser quebrada sin más, por quien acusa”, lo que es aplicable a cualquier procedimiento penal que este en curso.

Por su parte, la directora de Presunto Inocente, Teresa Julia Martín Puente aclara: “no solo brindamos la mejor línea de defensa o solución posible para la defensa de los derechos fundamentales, sino que damos voz a las personas que han visto claramente vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, exponiendo y explicando dichos casos, e incluso retomando los mismos si fuese posible. Hemos creado la Plataforma Presunto Inocente para ser el altavoz de todas aquellas personas que consideren que han sido prejuzgadas viendo así vulnerados parte de sus derechos fundamentales, y tratar así de recuperarlos, aunque, desgraciadamente, a veces ya es tarde”.

 

Esta plataforma defiende la importancia de preservar este derecho para que los procesos penales no se vean afectados por los juicios paralelos, a la vez que quieren salvaguardar el derecho al honor de todas aquellas personas que se encuentran en un proceso penal.

 

Sobre Presunto Inocente

Presunto Inocente nace debido a la multitud de vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que se presencia hoy en día, con su consiguiente transgresión del derecho al honor.

 

La empresa está especializada en el ámbito del Derecho Penal y velan por los intereses de las personas tanto físicas como jurídicas. No solo se hace un acompañamiento y una representación durante todo el procedimiento penal, analizándolo y buscando la mejor línea de defensa o de acusación posible, sino que, a través de la plataforma, se quiere dar voz a las personas que han visto claramente vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, exponiendo y explicando dichos casos, e incluso retomando los mismos si fuese posible.

rgc c

Por su interés para nuestros lectores, reproducimos el manifiesto que se leyó el pasado día 16 de Diciembre ante el Parlament de Cataluña.

El proyecto presupuestario presentado por el gobierno de la Generalitat para 2022 no da respuesta efectiva a las necesidades sociales agravadas por la pandemia del covid-19. Es continuista de anteriores presupuestos que no garantizaban los derechos sociales y laborales.

Los principales datos del proyecto presupuestario confirman su carácter neoliberal, de ajuste y austeridad, y la persistencia de la estrategia privatizadora de los servicios públicos, sin revertir anteriores privatizaciones, y empujando a la ciudadanía a contratar servicios privados ante el deterioro del sistema público.

En efecto, el proyecto presupuestario para 2022 es de 30.014 millones de euros, 3 mil millones menos que el presupuesto liquidado en 2020 que alcanzó 33.371 millones de euros. El importante recorte de la deuda pública desaprovecha la mayor flexibilidad presupuestaria establecida por la Unión Europea para 2022, lo que significa menos recursos para el gasto social. Las medidas fiscales para incrementar los ingresos presupuestarios siguen siendo poco ambiciosas e insuficientes para garantizar un contenido social a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

Los ingresos para 2022 procedentes de los fondos europeos contra la COVID-19 y los llamados “Nex Generation” destinados a Cataluña ascienden a más de 2.100 millones de euros, y aportan un mayor margen económico para el gasto social. Sin embargo, el sometimiento de los gobiernos de España y la Generalitat a las condiciones impuestas por la UE de recortar el gasto en pensiones y los derechos laborales, junto a la falta de transparencia en su gestión y finalidad, hace temer que dichos fondos se transfieran al negocio privado en lugar del gasto social.

Si analizamos las principales partidas y las comparamos con las promesas y compromisos anunciados por el gobierno y sus representantes parlamentarios con anterioridad constatamos graves incumplimientos:

En Atención Primaria de la salud pública la inversión prevista es solamente del 16,8% en lugar del 25% comprometido y tal como recomienda la OMS. Con esa limitación de recursos se acentúa el deterioro de la salud pública, las listas de espera, etc, en medio de la sexta ola de la pandemia.

El objetivo de aumentar el presupuesto de educación pública al 6% del PIB de Cataluña se reduce en el proyecto presupuestario a menos de la mitad, el 2,77%. Con tan limitados recursos proseguirá la decadencia de la educación pública, donde el abandono escolar prematuro alcanza el 18.

No se contemplan recursos suficientes para garantizar una atención de calidad a las personas mayores y con diversidad funcional en las residencias, tampoco revertir las privatizaciones, etc. Todo ello agravado por la renuncia a crear una comisión de investigación sobre los responsables de miles de muertes de personas mayores abandonados a su suerte en las residencias privadas durante la pandemia.

Tampoco se incorporan recursos para promover la remunicipalización de la atención domiciliaria para las personas mayores.

A pesar del enorme crecimiento de la pobreza en Cataluña desde 2020 que alcanza el 26,3% de la población en riesgo de pobreza y el 6,2% en situación de privación material severa (según IDESCAT) se recorta de manera significativa la partida presupuestaria para la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Si en 2020 el gasto en RGC alcanzó 427 millones de euros y en 2021 la previsión de gasto supera los 500 millones de euros que solo da cobertura al 36% de la población con pobreza severa, en el presupuesto para 2022 la partida se reduce a 398, 6 millones de euros…!!!  Por otra parte, se mantiene congelado el IRSC desde 2010, incumpliendo la disposición adicional 17 de los presupuestos de 2020 que autorizaba al gobierno a incrementarlo, al menos, con la subida del IPREM (5%)…. El IRSC regula además de la cuantía de prestaciones sociales como la RGC, el acceso a numerosas prestaciones sociales, como becas comedor, etc. El desprecio y maltrato a los derechos de las personas vulnerables en los presupuestos es un escándalo social e inhumano.

Con este proyecto presupuestario se impide incrementar de manera suficiente las plantillas de personal en condiciones estables y dignas para atender los servicios públicos en Salud, Educación, Universidad, Atención social, SOC, etc. En la práctica se condena a decenas de miles de trabajadores/as a la precariedad y la interinidad laboral.

Los recursos para garantizar el derecho a la vivienda digna, promover un parque público de vivienda de alquiler a la altura de los países más avanzados, garantizar los servicios básicos a las personas vulnerables, ofrecer una vivienda alternativa a las personas con amenazas de desahucio o que viven en condiciones inseguras, son claramente insuficientes. Las consecuencias de no garantizar el acceso a una vivienda digna y no transferir los recursos necesarios a los ayuntamientos para responder a las urgencias sociales de vivienda tienen terribles consecuencias, tal como ha ocurrido en el reciente incendio con la muerte de una familia de cuatro personas en un local de la plaza Tetuán de Barcelona.

Los presupuestos de la Generalitat son un instrumento de gran importancia para asegurar los derechos sociales y laborales, avanzar en la igualdad y justicia social. Sin embargo, este proyecto para 2022 defendido por el consejero de economía Jaume Giró, persona con vínculos con los poderes económicos y CaixaBank, solo sirve a los intereses de los ricos y poderosos de Cataluña, a través de las numerosas transferencias de dinero público a las empresas privadas para el enriquecimiento de una minoría. Las migajas concedidas para asegurar el inicio de su tramitación no alteran la valoración global negativa del proyecto presupuestario.

Las organizaciones sociales que participamos en la “Campaña por unos presupuestos de la Generalitat que garanticen los derechos sociales y laborales” llamamos a la clase trabajadora, a la ciudadanía, a las personas vulnerables, a movilizarse para hacer llegar nuestra voz y reivindicaciones al Parlament de Cataluña, para dar apoyo a las enmiendas al articulado del proyecto presupuestario que recojan las reivindicaciones sociales para incrementar la inversión de la Atención Primaria al 25%, el gasto en educación pública al 6% del PIB, actualizar con el IPC acumulado desde 2010 el IRSC y dar cumplimiento al derecho de la Renta Garantizada de Ciudadanía, incrementar los recursos en vivienda, servicios básicos, atención a las personas mayores en las residencias, en atención domiciliaria, incrementar las plantillas de los servicios públicos, en condiciones estables, haciendo fijos al personal interino:

Los derechos se defienden gobierne quien gobierne.  ¡Presupuestos Sociales ya!

CAMPAÑA POR UNOS PRESUPUESTOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES.

Organizaciones participantes:

Aliança de Marees i Moviments Socials de Catalunya, Assemblea Diversitat Funciona (ADF),  Assemblea Moviments Socials de Catalunya, Assemblea Groga, CATAC-CTS, co.bas, Col·lectiu assembleari d'Universitats (CAU), Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania, Coordinadora d'Assemblees de Treballadors/es a Atur de Catalunya, Coordinadora familiars Residències 5+1, Disgrup, FTC, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Marea Básica, Marea Blanca, Marea Colomense, Marea Pensionista de Catalunya, Moviment de Resistència Veïnal, PAH catalanas, Plataforma afectats BB serveis, Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, Plataforma SAD, Rebel·lió Atenció Primària, Sindicat Ferroviari, Sindicat Unitari del Metro, Solidaritat Obrera de Catalunya, Unidad Pensionista Cat, USTEC-STES, 500x20 del Garraf.