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  • Según el Abogado General Hogan, el TJE debería declarar que las nuevas disposiciones que prohíben que los motores de búsqueda suministren extractos de trabajos de prensa sin previa autorización del editor no deben ser aplicadas.
     

  • Estas disposiciones, en su opinión, deberían haberse notificado a la Comisión previamente algo que no se hizo ni en Alemania ni en España tal y como denunciaron en 2017 la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet ante la DG de Competencia

En España al igual que en Alemania se introdujo, en 2015 y 2013 respectivamente, un derecho afín a los derechos de autor en favor de los editores de prensa, sin notificar el proyecto de tal normativa a la Comisión. Las nuevas disposiciones establecen que ?en contra de lo que sucede con otros usuarios, incluidos los usuarios profesionales? los operadores profesionales de un motor de búsqueda en Internet (así como los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos) no pueden, sin la autorización pertinente, suministrar extractos ?salvo palabras sueltas o fragmentos muy cortos de texto? de determinados textos, imágenes y contenidos de vídeo facilitados por editores de prensa.

En España, en Enero de 2017, asociaciones de Usuarios (AUI) y de Internautas (AI) presentaron sendas denuncias en la Dirección General de Competencia de la UE por entender que la citada ley, conocida popularmente como Canon AEDE o Tasa Google, violaba la libre competencia, limitaba el derecho a la información y no respetaba el procedimiento normativo en esta materia.

En Alemania fue la otra parte, VG Media una entidad alemana de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines, la que interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios en nombre de sus miembros contra Google ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín)respecto del uso efectuado por Google a partir del 1 de agosto de 2013 de fragmentos de texto, imágenes y vídeos procedentes de la prensa y los contenidos multimedia producidos por los miembros de VG Media sin pagar una contraprestación.
Dicho Tribunal solicito al Tribunal de Justicia que interprete la citada Directiva con respecto a si era necesario o no notificar a la Comisión antes de aprobar dicha ley.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Hogan considera que las nuevas disposiciones en cuestión relativas a un derecho afín a los derechos de autor en favor de los editores de prensa constituyen un reglamento técnico en el sentido de la Directiva 98/34 y por tanto si el Tribunal sigue su criterio, que es lo habitual, la norma española que tampoco fue notificada a la UE seria nula de derecho.

En opinión de los presidentes de AUI y AI "estamos, una vez más, viendo como los tribunales nos dan una vez más la razón, aunque en este pronunciamiento afecta a la forma y en cuanto al fondo recuerdan que en breve se votara la nueva directiva de Copyright en el parlamento de la UE que quiere establecer una tasa a las citas a noticias en Internet y llaman a la ciudadanía a revelarse sobre este mecanismo que pone en tela de juicio el derecho a la información en Internet."

ANEXO

Recogemos algunos de los extractos de la nota de prensa emitida por la Curia Europea
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1525196/es/

"Las mencionadas disposiciones no pueden considerarse meramente equivalentes a una condición que rige el ejercicio de una actividad empresarial, como un requisito de autorización previa. En la práctica, su efecto es someter la prestación del servicio bien a un tipo de orden de cesación o bien a una reclamación pecuniaria a instancia del editor de los periódicos o revistas. Por supuesto, es cierto que el explotador del motor de búsqueda puede invocar la excepción del derecho de autor, pero únicamente si la publicación se limita a unas pocas palabras o a un fragmento de texto muy breve.

El Abogado General considera asimismo que las disposiciones alemanas en cuestión se refieren específicamente a los servicios de la sociedad de la información. Su finalidad y objeto principales es abordar el impacto de los motores de búsqueda en Internet, dado que cada vez más se lee y se accede a los contenidos de los medios de comunicación en línea, y establecer una norma de derechos de autor específica para la prestación de servicios en línea relativos a los trabajos de prensa por parte de los operadores de dichos motores de búsqueda.

El Abogado General Hogan admite que las disposiciones en cuestión se adoptaron con el fin de fortalecer los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa y, por extensión, para fomentar la diversidad de los medios de comunicación y la libertad de prensa. La presencia ubicua de Internet y el acceso generalizado a los ordenadores personales y teléfonos inteligentes ha significado que, en el transcurso de media generación, la larga tradición de las prácticas de los consumidores establecidas hasta la fecha en cuanto al consumo de los productos de los medios de comunicación ?por ejemplo, la compra efectiva de periódicos? haya cambiado de forma drástica.

En consecuencia, los legisladores de cada uno de los Estados miembros estaban, en principio, facultados para responder a estos cambios en los hábitos de los consumidores. Una prensa libre y dinámica es parte de la espina dorsal de la democracia, que es la piedra angular de la Unión y de sus Estados miembros. Resulta muy poco realista esperar un periodismo de calidad y diverso que cumpla con los más altos estándares deontológicos de los medios de comunicación y de respeto a la verdad a menos que los periódicos y otros medios de comunicación disfruten de un flujo de ingresos sostenible. Sería insensato e ingenuo no reconocer que el modelo comercial tradicional de los periódicos en toda la Unión ?ventas y publicidad? se ha visto socavado en los últimos veinte años por la lectura en línea de periódicos por los consumidores, una práctica que a su vez se ha visto facilitada por la creación de potentes motores de búsqueda como el explotado por Google.

Nada de lo precedente significa, no obstante, que un Estado miembro pueda soslayar la exigencia de notificación de la Directiva 98/34. Tampoco el hecho de que esta Directiva requiera la notificación de dicho proyecto legislativo significa, por sí mismo, que el proyecto de normativa sea necesariamente defectuoso o censurable desde el punto de vista del mercado interior. En realidad, lo que pretende conseguir la Directiva es que la Comisión (y, por extensión, los Estados miembros) tenga conocimiento del proyecto y analice en una fase temprana sus posibles implicaciones para el funcionamiento del mercado interior.

Por consiguiente, el Abogado General propone que el Tribunal de Justicia declare que las disposiciones nacionales, como aquellas de que se trata, que prohíben hacer accesibles al público trabajos de prensa o partes de los mismos (salvo palabras sueltas o fragmentos muy cortos de texto) exclusivamente a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos, pero no a los demás usuarios, incluidos los usuarios profesionales, constituyen normas que se refieren específicamente a los servicios de la sociedad de la información. Además, las disposiciones nacionales como aquellas de que se trata constituyen un reglamento técnico y están sujetas a la obligación de notificación con arreglo a dicha Directiva.

Por tanto, de lo anterior se infiere que, a falta de notificación de tales disposiciones nacionales a la Comisión, estas nuevas normas alemanas sobre derechos de autor no pueden ser aplicadas por los tribunales de cada país.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.

Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía (DO 2006, L 363, p. 81).

 https://www.internautas.org/html/10173.html

ai3Según nos informa la eurodiputada Julia Reda , ayer se cerraron los trilogos, hasta la tercera semana de enero, que están negociando el texto final para la directiva de copyright europea . Sin un acuerdo general parece que la mayoría de los negociadores quieren una #Article13 que requiera #UploadFilters. #SaveYourInternet y así está el Artículo 11 de la propuesta europea de reforma/ampliación del copyright también llamado: Publishers’ Right, Neighbouring Right, Ancillary Copyright, Leistungsschutzrecht, Canon AEDE.

Propuesta de la Comisión

Cualquiera que utilice fragmentos de contenido periodístico online debe conseguir primero una licencia del editor. Este nuevo derecho de los editores tendría una validez de 20 años desde su publicación.

Ejemplo:
La previsualización de los enlaces que las redes sociales generan automáticamente cuando los usuarios comparten enlaces (mostrando el titular del artículo, la imagen en miniatura y un pequeño extracto) requerirían una licencia, así como cualquiera que analice contenido de noticias en la red tales como los agregadores de noticias, servicios de control de medios y de verificación de hechos.

Propósito:
La Comisión quiere generar ingresos para los editores europeos permitiéndoles cobrar a las plataformas de internet por mostrar extractos de sus contenidos a los usuarios. Los objetivos establecidos son Google, Facebook, Twitter y Pinterest, quienes utilizan esos extractos al enlazar a artículos de noticias.

Consecuencias
 
  1. Probabilidades de fracaso:Este es un intento de replicar a nivel europeo una idea que ya había fracasado estrepitosamente en Alemania y España – solo que aplicada de manera más amplia y por más tiempo.La ley alemana está, probablemente, a punto de ser invalidada en los tribunales, mientras que la española “ha tenido un claro impacto negativo en la visibilidad y acceso a la información en España” (EPRS). Y cierto es que los periodistas nunca vieron remuneración adicional alguna.
  2. Ataque al hiperenlace: Dado que los lectores necesitan saber a qué lleva un enlace antes de hacer clic en él, las webs casi siempre incluyen extractos del contenido enlazado como parte del enlace. Cualquier limitación en los extractos supone, por lo tanto, una limitación a los enlaces.
  3. Limitación de la libertad de expresión y de acceso a la información: Esta disposición restringiría no solo a los negocios, sino también a los individuos que publican extractos de noticias, como por ejemplo los blogueros. Porque el derecho conexo, a diferencia del derecho de autor, no requiere que se le aplique originalidad al contenido, protegería incluso los extractos cortos y no creativos, tales como titulares puramente factuales.
  4. Fomento de las noticias falsas: Hacer que enlazar a noticias (con extractos) sea algo caro o arriesgado legalmente puede desincentivar que se compartan contenidos de noticias de gran reputación. Dado que no es muy probable que los sitios de “noticias falsas” y de propaganda cobren por los extractos, su contenido podría adquirir, como resultado, más visibilidad en las redes sociales.
  5. Startups de noticias desalentadas, aún cuando este sector tiene una necesidad especial de innovar y experimentar para encontrar nuevos modelos de negocios, maneras de llegar a la audiencia, de comprobar hechos y combatir las noticias falsas, etc., según avanza la tecnología.
  6. Desventaja para los pequeños editores: Los agregadores de noticias le allanan el terreno a los editores independientes menos conocidos para que puedan llegar a la audiencia.

Debate público

La Comisión y los lobbies de la industria editorial han reivindicado repetidamente que “los individuos y los hiperenlaces no se verían afectados”, una reivindicación no sustentada en el texto de la propuesta:

  • Los enlaces normalmente incluyen extractos, por lo que restringirlos supone una restricción a enlazar.
  • Aunque las excepciones al copyright seguirían teniendo validez, en muchos países miembros de la UE (p. ej. Alemania), las personas que compartan extractos de noticias sin ningún comentario o contexto adicional ya no estarían cubiertos por excepciones tales como la de citación.
  • Las plataformas como las redes sociales necesitarían denegar a los usuarios que compartiesen enlaces que incluyesen extractos sin licencia, lo que tendría un impacto directo en lo que los usuarios pueden o no pueden hacer.

La industria lo pinta como si “solo estuviesen consiguiendo lo que los editores de otros tipos de obras ya tienen”, p. ej. los editores de música. Este argumento ignora una gran diferencia: Mientras que la contribución de un editor de música al transformar una canción compuesta en papel en una grabación concreta es evidente, el artículo según está escrito por un periodista y su publicación en una web de noticias es casi indistinguible, por lo tanto no requiere capas duplicadas de derechos.

Académicos independientes critican la propuesta de manera unánime:

  • “Existe un consenso científico independiente de no permitir que el Artículo 11 […] salga adelante.” Centros europeos líderes en investigación de PI y ley de innovación
  • “Innecesario, indeseable, introduciría un nivel de incertidumbre inaceptable y lo más propable es que no consiga nada”37 profesores y estudiantes de PI
  • “Interfiere con la libertad de expresión”, “podría hacer retroceder el papel de vigilante público de la prensa”Prof van Eechoud
  • “Contrario al objetivo de crear un Mercado Único Digital”, “perjudicial para los intereses de los autores”, “un impacto negativo para los pequeños editores”, “se arriesga a tener repercusiones indeseables en la aceptación y legitimidad del sistema de copyright en su conjunto”Uni Strasbourg
  • ”No fomentará el periodismo de calidad”, ”afecta de manera negativa a los autores económicamente”, ”afecta directamente a la comunicación online de la población europea”, ”no creará ingresos adicionales para los editores de prensa”Prof Peukert
  • “Al final privilegiará a los grandes proveedores de noticias (con base en EEUU), como Google”, “Las pequeñas entidades (europeas) y startups no podrán acceder a este mercado emergente”European Copyright Society
  • ”El resultado final… quizás… será una mayor concentración del mercado y una menor diversidad en la información.”Prof Senftleben

Muchas de las partes interesadas que, se suponía, debían beneficiarse de la propuesta la han rechazado, incluyendo una alianza de editores independientes y el mayor diario español, El País.

La campaña #SaveTheLink llevada a cabo por la ONG OpenMedia recogió unas 12,000 respuestas para la consulta de la Comisión sobre este tema y ha sido apoyada en la red por unas 120,000 personas.

Parlamento Europeo
  • La (dirigente) Comisión de Asuntos Jurídicos propone cambios mayores:? El borrador del informe del eurodiputado rapporteur Comodini (EPP) rechaza la premisa de la Comisión y clarifica que utilizar extractos para dar a conocer noticias no es necesariamente dañino para los intereses financieros de los editores y, por lo tanto, no debería estar sujeto a licencia. El informe intenta cambiar la propuesta de manera fundamental: En vez de crear un nuevo derecho para los editores, les facilita que se refuerce en los tribunales el derecho de autor del contenido que han publicado en caso de infracción.
  • El ponente alternativo del grupo ALDE está a favor de la propuesta de la Comisión, mientras que los ponentes de S&D y de los Verdes/EFA han argumentado para que se retire. Más detalles de las reacciones de los eurodiputados…
  • La Comisión de Mercado Interior (borrador del informe de la eurodiputada Stihler) intenta eliminar esta disposición, mientras que la Comisión de Cultura (borrador del informe del eurodiputado Joulaud) quiere limitar el derecho de las relaciones business-to-business y acortar su duración a 3 años.

Previamente, el PE votó en contra de incluir esta idea en el Informe Reda en el 2015, 83 eurodiputados pidieron a la Comisión que abandonara el plan en una carta abierta, y eurodiputados de todos los grupos políticos se han unido recientemente al vídeo de la campaña de Julia Reda en contra del plan.

Actúa


¿Estás en contra de esta idea? Contacta hoy mismo a tu representante electo en SaveTheLink.org – ¡es rápido y sencillo!

https://www.internautas.org/html/10168.html

ai3La directiva de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de setiembre no satisface a los expertos y a la sociedad civil y socioprofesional  que ven aún lagunas en su articulado y queen estos momentos se está llevando a cabo un Trilogo,  que son negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, de donde tendrá que salir el artículado definitivo de la Directiva y cuya finalización y resultados se desconocen.

Básicamente los artículos en cuestión aprobados en la votación de setiembre en el Parlamento Europeo son los siguientes:

Conforme al Artículo 13, los titulares de derechos obtendrían un mayor control sobre cómo las obras protegidas por derechos de autor pueden compartirse en plataformas en línea. Les permitirá obligar a las plataformas a filtrar el contenido de forma que tenga un impacto negativo en los derechos de los usuarios.  

De acuerdo con el Artículo 11, los editores de prensa obtendrían un derecho completamente nuevo que les permitirá controlar cómo accedemos y hacemos referencia a las publicaciones de prensa.

 Conforme al Artículo 3, los titulares de los derechos obtendrían el derecho de impedir que otra persona que no sean investigadores científicos utilice computadoras para analizar la información contenida en las obras legalmente accesibles.

 Según el Artículo 12a, los organizadores de eventos deportivos se convertirían en titulares de derechos de autor, lo que les permitiría prohibir a cualquier persona compartir fotos u otras grabaciones de eventos deportivos.

Bajo el nuevo Artículo 13b, los motores de búsqueda de imágenes necesitarían obtener licencias incluso para las imágenes de vista previa más pequeñas que muestran como resultados de búsqueda.

Hay una excepción educativa ligeramente fortalecida y mejores mecanismos que permitan a las instituciones de patrimonio cultural proporcionar acceso a obras fuera del comercio, pero en conjunto el resultado de la votación de setiembre equivale a un debilitamiento sustancial del dominio público.

En el escrito que la Asociación de Internautas junto a 53 ONGs europeas mandó al Embajador del Consejo de Europa , explicamos ,   https://www.internautas.org/html/10139.html  muy claramente el motivo de nuestro totalñ rechazo a los artículos 11 y 13 por las consecuencias negativas que su aplicación puedan traer al desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Básicamente la implantación de tasas por el enlace y la inccorporación de las denomaminadas maquinas para la censura en las plataformas digitales.

Paralelamente, cabe destacar la importante movilización socioprofesional que se está produciendo en Europa, ante la falta de transparencia y opacidad en las que se estan dando las negociaciones cara a presentar un texto definitivo a votación por el Parlamento europeo, el próximo mes de enero, y que se plasma en la recogida de cerca de 4.000.000 millones de firmas bajo el titulo: “Deten la Máquina de la Censura: ¡salva Internet!” 

https://www.change.org/p/european-parliament-deten-la-m%C3%A1quina-de-la-censura-salva-internet

Asociación de Internautas

ai3Recuerdan que han exigido ya en dos ocasiones y por escrito, la última en el mes de marzo de 2018, la realización de un estudio de impacto antes de aplicar unas tarifas que benefician claramente a las entidades de gestión y perjudican a los ciudadanos. Solicitan el cese inmediato de Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales, ya que ha tenido y tiene intereses en la SGAE según han publicado diferentes medios de comunicación y por tanto está invalidada para el cargo que ejerce.

Con la reciente publicación en el BOE del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno sigue sin cumplir con el mandato que tenía de determinar de forma justificada antes del 1 de agosto de 2018 los equipos sujetos al canon por copia privada y las tarifas correspondientes. El nuevo Real Decreto solo regula el procedimiento de excepciones y sigue manteniendo el listado transitorio de tarifas y equipos que beneficia claramente a las entidades de gestión en perjuicio de los ciudadanos.

 

Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas ”El Ministerio de Cultura no se ha atenido a los estudios de impacto realizados en el pasado que deberían servir para fijar de forma equitativa las tarifas del Canon Digital, y mantiene un sistema de Canon Digital que supone unos ingresos desproporcionados para las entidades de gestión a costa de los ciudadanos. Además ha hurtado un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo de que los usuarios empresariales y profesionales no deben pagar canon en ningún caso, todo esto con la connivencia del Secretario de Estado para la Agenda Digital que debería de oponerse a una medida que claramente perjudica a los emprendedores digitales y a todos los ciudadanos.”

El sistema de certificados de exceptuación y solicitudes de reembolso previsto en la normativa aprobada por el Gobierno es más que complicado para las empresas y profesionales que deberían estar exentas por defecto, sin necesidad de certificado alguno. Prueba de ello es el reducidísimo número de empresas y profesionales que consta han solicitado en el último año y medio la exceptuación de pago, ya que por un lado se trata de un proceso complejo definido para desincentivar a los muchos que no deberían pagar y por otro lado no son grandes cantidades consideradas de forma individual, aunque sí lo son de forma global. Todo ello beneficia, de nuevo, a las entidades de gestión. Se da además la circunstancia de que quien tiene que emitir los certificados de exceptuación son las propias entidades que se benefician de la aplicación de un canon indiscriminado. Y además, quien ha de resolver los conflictos relacionados con la concesión de los certificados de exceptuación y las solicitudes de reembolsos del pago de la compensación es la Dirección General de Industrias Culturales, cuya Directora General tiene intereses directos con la principal entidad de gestión, SGAE.

En opinión de Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de InternetLa excepción de copia privada ya no tiene ningún sentido, ya que prácticamente no se utiliza, ahora pagamos por las copias licenciadas que hacemos en los múltiples servicios digitales que están disponibles. Por ello, el mantenimiento de la excepción es solo una excusa para justificar pagos multimillonarios que el Gobierno hace a las entidades de gestión, presumiblemente para tener a los artistas de renombre de su lado, que son los que se embolsan más del 90% de lo que se reparte. Pero todo esto va a cuenta de los ciudadanos que pagamos doble, primero por la licencia del contenido que consumimos y después por un canon por unas copias privadas que ya no hacemos. Por ello denunciamos estas decisiones administrativas tomadas a sabiendas de que son injustas, en nuestra opinión, un comportamiento abusivo que no podemos admitir”.

Las asociaciones exigen la reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática.

Las Asociaciones de Usuarios y de Internautas ya han presentado ante el Gobierno, en repetidas ocasiones, las más de 3.000.000 de firmas recogidas por la plataforma “Todos Contra el Canon” en cuyo manifiesto se plantea desde el comienzo una alternativa que no requiere de un Canon indiscriminado e injusto que solo beneficia a los autores consagrados y a los intermediarios.

https://www.internautas.org/html/10166.html

ai3El Día de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), una norma que legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

La ley permite a los partidos la posibilidad de recopilar datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento expreso. Esta medida da pie a realizar perfiles ideológicos y personalizar la propaganda electoral.

El problema va más allá de la molestia de la propaganda: el mayor peligro está en los usos ilícitos que se pueden hacer por el hecho de tener una lista de personas y sus pensamientos ideológicos en manos de un partido. 

Esto es así porque la disposición final tercera de la nueva norma modifica la Ley Electoral introduciendo un nuevo artículo ’58 bis’ sobre el uso de tecnologías e internet con fines de propaganda electoral saltándose las medidas garantistas del propio Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Formulario colaborativo para impedir el rastreo ideológico

Para que estas prácticas tan graves y peligrosas no puedan llevarse a cabo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI) y expertos juristas lanzan un formulario para impedir que los partidos puedan crear bases de datos con las opiniones políticas de los ciudadanos.

El documento ha sido elaborado por los letrados: Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra (451.legal), Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina.

Mediante este documento, los ciudadanos pueden solicitar el acceso a los datos personales que obren en las bases de datos de los partidos, pidiendo que se indique su origen “y los tratamientos a los que se han visto afectados, en especial, la creación de cualquier tipo de perfil y el resto de información recogida en el artículo 15 del RGPD [Reglamento Europeo de Protección de Datos]”.

Junto a ello se ejerce, mediante este escrito, el derecho a oponerse al tratamiento de esos datos “teniendo en consideración que no se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 6 del RGPD para que sea lícito” dicho tratamiento.

Del mismo modo se manifiesta la oposición “a cualquier almacenamiento o tratamiento de datos personales mediante perfiles ideológicos, por estar expresamente prohibida la creación de bases de datos de opiniones políticas por el artículo 9 del RGPD”.

Finalmente se requiere a proceder a la supresión de cualquier dato personal y que se “notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada”.

Además, “en el supuesto de que dichos datos se encuentren almacenados en una base de datos de perfiles ideológicos” se solicita expresamente “la eliminación de dicha base de datos por ser manifiestamente ilícita”.

¿Cómo utilizar el formulario para evitar que los partidos políticos te espien?

Cualquier ciudadano puede imprimir este documento, rellenarlo y entregarlo o enviarlo a las sedes de los partidos políticos. Será trabajoso, ya que hay que enviar la solicitud a todos los partidos políticos que no queramos que tengan nuestros datos.

El formulario puede enviarse a partir del 7 de diciembre de 2018, que es cuando entra en vigor la ley. Debe ser enviado por correo postal o a la cuenta de correo electrónico de cada partido político que queramos: electrónico de cada partido político que queramos:

PARTIDOURLEMAILPOSTAL
PSOE http://www.psoe.es/politica-privacidad/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
PP http://www.pp.es/politica-privacidad Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Partido Popular, calle Génova, 13, 28004, Madrid, especificando: "RGPD".
Ciudadanos https://www.ciudadanos-cs.org/legal/politica-de-privacidad Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Podemos https://participa.podemos.info/es/privacy-policy Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. PODEMOS PARTIDO POLÍTICO, Calle Zurita, núm. 21 28012 Madrid
Izquierda Unida http://uar.izquierda-unida.es/simpatizante.php Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. IZQUIERDA UNIDA FEDERAL, Calle Olimpo 35 28043 Madrid / Teléfono: 917227500 Fax: 913880405
VOX https://www.voxespana.es/proteccion-datos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. VOX C/ Diego de León, 60, planta 1ª esc. Izq. 28006 Madrid
ERC https://www.esquerra.cat/ca/politicaprotecciodades Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
PSC http://www.socialistes.cat/es/pagina/politica-de-privacitat Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA C/ Pallars 191, 08005 de Barcelona Telf:93 495 5400
PDeCAT https://www.partitdemocrata.cat/</td> Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), C/ Provença, núm. 339 (08037 Barcelona)
PNV https://www.eaj-pnv.eus/aviso-legal/
Compromís https://compromis.net/avis-legal/ Compromís PLAÇA DEL PILAR 1, 46001 VALENCIÁ
Equo http://partidoequo.es/aviso-legal/</td> EQUO, C/ Martín de Vargas, 7, 28005, Madrid
En Marea https://enmarea.gal/aviso-legal/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. EN MAREA - PRAZA HORTA DE ABAIXO 5B - 4A, 15220 - BERTAMIRANS, AMES (A CORUÑA) - Teléfono: 881972355
En Comú Podem http://encomupodem.cat/politica-de-privacidad/?lang=es/td> EN COMÚ PODEM - Passatge Rellotge, 3 (C.P. 08002 BARCELONA)
ICV http://www.iniciativa.cat/ca/icv/avis-legal Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Iniciativa per Catalunya Verds - Passatge del Rellotge, 3 - 08001 Barcelona.
PCE https://www.pce.es/politica-privacidad/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Además, si recibimos un correo electrónico, un Whatsapp, un mensje de Twitter, o cualquier otro método, de propaganda política, también podemos responder directamente con este formulario. Si aún así seguimos recibiendo mensajes, entonces podemos denunciar al partido a la Agencia Española de Protección de Datos.

Documento

Formulario de Acceso y Oposición al Tratamiento de Datos de Carácter Personal

http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2018/12/Formulario-de-Acceso-Oposicion-y-supresi%C3%B3n-de-Datos-1.pdf