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greenpeace solValoración de la nueva directiva europea de energías renovables.

  • El Gobierno español debe suprimir todas las barreras al autoconsumo renovable, incompatibles con la nueva norma europea

     

  • Greenpeace considera que los objetivos de renovables son todavía insuficientes para la lucha contra el cambio climático

     

  • El Ejecutivo debe establecer una fecha para alcanzar un sistema 100% renovable en su Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Esta madrugada se ha cerrado el acuerdo de la Unión Europea sobre la nueva directiva de energías renovables para 2030, que entrará en vigor en 2021. Greenpeace celebra que por primera vez se reconoce el derecho de la ciudadanía a participar activamente en el sector energético, produciendo, vendiendo, almacenando y compartiendo energías renovables e impide que se penalice con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas. Esta nueva legislación es incompatible con el impuesto al sol y las demás barreras administrativas que los autoconsumidores sufren en España por lo que la organización ecologista urge al Gobierno y el Parlamento español a modificar la legislación nacional para adaptarla a la europea.

“La decisión de la EU de poner a las personas en el centro del sistema energético supone una victoria de la ciudadanía que ha estado presionando durante años para que esto ocurriera. Desde hoy, es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas” , ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España. “Sin embargo, no todo son buenas noticias y tendremos que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para poder luchar contra el cambio climático y  conseguir que las eléctricas estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones”.

Fin del impuesto al sol
El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los diferentes países establece el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin estar sujetas a tasas punitivas o a excesivas limitaciones. Con las nuevas reglas, de aplicación a partir de 2021, se prohíben las sanciones que algunos países introdujeron para impedir que su ciudadanía participe en la transición energética, como el impuesto al sol de España, que penaliza la producción renovable de pequeña escala para autoconsumo con elevadas tasas y obstáculos administrativos. Acabar con estas medidas era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones mantenidas con los gobiernos nacionales.

Por primera vez, la legislación de la UE reconoce el papel que desempeñan las cooperativas controladas democráticamente en la transición energética, facilitando a las personas la creación de sus propios proyectos de energía renovable y protegiendolas frente a la posición dominante de las principales compañías eléctricas. Según un reciente estudio, los proyectos de las cooperativas aportan ocho veces más ingresos a la economía local que un proyecto de una gran compañía eléctrica.

La ambición en la lucha contra el cambio climático es una decisión política y el giro  de última hora en la posición de los Gobiernos de España e Italia lo ha demostrado haciendo posible algo que parecía perdido. Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición demostrada esta madrugada y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático”, ha añadido Pizzinato.

Objetivos insuficientes y falta de garantías en bioenergía
Como contrapunto negativo, Greenpeace considera que los objetivos de aumento de la participación de las renovables en la cesta energética europea son insuficientes. El objetivo mínimo de energías renovables del 32% en 2030 se queda peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico, que debería ser de al menos 45%.

Por otro lado, tampoco se garantiza que la bionergía y boicarburantes que se usen para el cumplimiento del objetivo de renovables sean realmente sostenibles. Los negociadores han acordado mantener la aportación de biocarburantes insostenibles, como el aceite de palma que puede proceder de la deforestación. Greenpeace lamenta que las instituciones europeas hayan retrasado hasta 2030 su eliminación. Estos puntos han sido introducidos por la presión de una amplia mayoría de gobiernos nacionales que han impedido que las instituciones europeas estableciesen una normativa más ambiciosa.

Modificación de la normativa nacional
Greenpeace pide a las instituciones nacionales que aceleren las tres oportunidades que tienen para suprimir todas las barreras al autoconsumo renovable, incompatibles con la nueva norma europea así como para marcar una mayor ambición en renovables respecto a la mínima marcada por Europa:

  • Acelerar la tramitación parlamentaria de la Proposición de ley de Autoconsumo;
  • Plasmar objetivos de renovables más ambiciosos tanto en el Plan Integrado de Clima y Energía (que el Gobierno deberá entregar a Bruselas en cumplimiento de la política energética a 2030) como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estos deberán estar en línea con la consecución de un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable para 2050.

 GREENPEACE SPAIN INCENDIOS1120 M

  • Greenpeace denuncia que en España no se cumple la normativa relacionada con la planificación de incendios forestales

  • Solo cinco de las 17 comunidades autónomas tienen planes de prevención de incendios forestales, pero son escasos y no se asegura la implementación

  • Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora sufren el 51,57% del total anual de los incendios, pero obtienen una nota de deficiente o muy deficiente en su planificación

  • La planificación urbanística no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, lo que revierte en peligro para la población y en más superficie calcinada

  • Greenpeace lanza una novedosa calculadora de incendios para que la ciudadanía evalúe el riesgo de incendio de su vivienda o apartamento turístico

Madrid, 12 de junio de 2018-. Greenpeace ha presentado hoy el informe Protege el bosque, protege tu casa, en el que analiza las causas de la nueva ola de incendios de alta intensidad de los últimos años y denuncia la falta de planes de prevención, emergencia y autoprotección contra incendios forestales en España, un problema que ha alcanzado la categoría de emergencia social.

Entre otras causas, Greenpeace señala que los montes españoles, en los que a menudo se insertan viviendas, son un auténtico polvorín para los incendios forestales. En apoyo al informe, Greenpeace publica IMÁGENES Y VÍDEOS que evidencian de forma dramática esta situación, a la que se enfrenta la población en la mayor parte de las zonas con alto riesgo de incendio.

Según los datos recogidos, el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo de incendios no cuenta con planes de emergencia. El informe, elaborado por Greenpeace en colaboración con Medi XXI, consultora especializada en ingeniería forestal y gestión de emergencias, destaca distintos grados en la planificación: prevención, emergencia y autoprotección.

Doce comunidades autónomas (incluyendo Ceuta) obtienen una valoración deficiente o muy deficiente en su planificación. Entre ellas, destacan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, ya que sufren el 51,57% del total anual de los incendios. Aunque ninguna comunidad alcanza el nivel de planificación requerido, las Islas Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que cuentan con planificaciones más avanzadas, pero todavía queda mucho por hacer.

La Ley de Montes, que regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas áreas declaradas zonas de alto riesgo de incendio. Además, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil obliga a los municipios de alto riesgo a que tengan planes de emergencia y de autoprotección. Sin embargo, según los datos del informe, se incumple la normativa de forma casi generalizada en todo el territorio español.

En zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo; sin embargo, en zonas de riesgo de incendio forestal se insertan viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos”, ha señalado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

Mejor gestión forestal y más autoprotección

Cada vez hay más episodios de incendios forestales de altísima gravedad con desalojos masivos, pérdidas de bienes, personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas. En 2017, el 63% de los incendios producidos quedaron en menos de una hectáŕea afectada. Sin embargo, a pesar de representar menos del 0,5% en el número total de incendios, 56 grandes incendios forestales (GIF) fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas.

“El cambio climático y la evolución en los patrones demográficos han provocado que los incendios forestales ya no sean una excepción, sino la tendencia con la que la sociedad debe convivir, asumiendo el riesgo y, por tanto, la responsabilidad de poder mitigarlo. No es una situación única de España. Países como Portugal, Chile, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos han sufrido grandes incendios de altísima gravedad en entornos altamente humanizados en los últimos años. Se trata de un problema ambiental que afecta a la seguridad nacional”, ha resaltado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

El informe Protege el bosque, protege tu casa destaca que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, es fundamental una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan; por otro, es necesario que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.

“Dado que la prioridad de defensa en España pone por delante a las personas y a los bienes por encima del medio ambiente, es muy importante tener protegidas nuestras viviendas para que los medios se puedan centrar en la extinción del fuego y no en defender viviendas vacías, lo que revertiría en menos hectáreas calcinadas de bosque y en la seguridad de la población”, ha destacado David Caballero, consultor de Medi XXI y uno de los mayores expertos internacionales en gestión de emergencias de incendios forestales.

El modelo actual de gestión de incendios basado en la extinción no resuelve el problema. Se centra en las causas que originan el fuego, pero no en las que lo propagan. Los progresivos cambios demográficos, el abandono rural o la matorralización de cultivos abandonados han modificado el paisaje y, por tanto, la frecuencia e intensidad de los incendios. Estos factores han configurado un paisaje altamente inflamable que sufre las consecuencias del cambio climático (olas de calor, sequía…)

En este paisaje inflamable se inserta además una planificación urbanística que no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, con viviendas en mitad de montes y bosques que se consideran “indefendibles”. “Actualmente tenemos un paisaje que lejos de ser bucólico es inflamable. De igual manera que en zonas con elevado riesgo sísmico se realiza una planificación de viviendas adaptada al medio, es el momento de cuestionar la idoneidad de viviendas en zonas donde el riesgo de incendio es muy elevado para la población y para el bosque o de asumir este peligro”, ha apostillado Parrilla.

Tal y como recoge la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, es obligatorio que existan planes de autoprotección de empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, etc, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo. Uno de los principales problemas es la ausencia generalizada de planes de autoprotección en todo el país. Por ello, Greenpeace destaca la necesidad de que la población asuma el riesgo de incendio forestal para poder prevenirlo y mitigarlo. Con este fin, la organización ha elaborado una Calculadora de Riesgo frente a incendios forestales, que permite a cada persona autoevaluar de forma sencilla el potencial riesgo de su vivienda frente al fuego.

“Es fundamental que la población demande recursos para que los municipios cuenten con planes de emergencia ante incendios y, por supuesto, que estos se implementen. Y que, además, las personas propietarias de una vivienda elaboren su propio plan de autoprotección. No hacerlo revierte no sólo en sus bienes, sino también en el bosque y en la seguridad de los operativos de extinción y emergencias que asumen más riesgos de los debidos”, ha concluido Parrilla.

Demandas de Greenpeace

La problemática de los incendios forestales es compleja, por lo que las soluciones deben apuntar en diferentes direcciones. Hay que establecer una política de prevención de esta nueva era de incendios forestales, abordando las causas que originan los incendios y las que los propagan. No se puede seguir con un modelo obsoleto. Por otro lado, es fundamental que las administraciones cumplan con la normativa y que además realicen campañas de sensibilización a la población (sobre todo en interfaz urbano-forestal) para crear comunidades adaptadas al fuego.

  • Hacer del sector forestal un sector estratégico dinamizador del medio rural que ponga en valor los montes, gestionando mejor la cantidad y continuidad del combustible a través de la gestión forestal, la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la biomasa y la revalorización de los productos forestales.
  • Gestionar más y mejor las masas forestales, reduciendo la cantidad de biomasa, siempre teniendo en cuenta el funcionamiento de los ecosistemas y la necesidad de respetar la diversidad estructural del bosque, la existencia de madera muerta, etc.
  • Promover la estabilidad laboral en el sector forestal, evitando que las contrataciones se centren solo en los meses de mayor riesgo de incendio y reconociendo, además, la categoría de bombero forestal. 
  • Desarrollar modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático.
  • Alternativas al uso cultural del fuego.
  • Combatir la siniestralidad, educando a la población para evitar algunas de las causas de los incendios forestales en España.
  • Mayor investigación judicial, apoyo a las fiscalías de Medio Ambiente y otros organismos, eliminación del juicio por jurado y aplicación de la ley para los incendios dolosos. Tratamiento adecuado de la piromanía.
  • Solicitar la colaboración ciudadana para identificar a las personas responsables.
  • Evitar ciertos tipos de viviendas en el medio rural que suponen un riesgo muy alto.
  • Exigir el cumplimiento de la ley de Montes y la ley de Protección Civil en Incendios Forestales que obliga a planes preventivos, de emergencia y de autoprotección.

Informe completo AQUÍ

Informe ampliado AQUÍ

Vídeo e imágenes del fotógrafo Pedro Armestre AQUÍ

(1) Nota metodológica para valoración de comunidades autónomas (ver informe ampliado)

Desde Greenpeace se ha escrito y contactado con las Consejerías de Medioambiente de las comunidades autónomas para pedir información relacionada con los planes locales de emergencia. A su vez, la Consultora ambiental Medi XXI ha recabado información relacionada y ha contactado con el personal técnico.

Tras haber recabado la información definida en 10 ítems, se ha realizado la siguiente ponderación:

  • Los cinco criterios referidos a planes (obligatorios por la normativa) y normativa específica se les pondera con un peso máximo de 7 en la puntuación final.
  • Los cinco criterios restantes se les adjudica un peso máximo de 3 en la puntuación final.

La puntuación final es la suma.

0-2. Planificación muy deficiente

Hay ausencia generalizada de planificación en materia de incendios forestales.

Navarra, Ceuta, Cantabria, Euskadi

2-4. Planificación deficiente

Hay ausencia de planificación en materia de incendios forestales, con ligeras mejoras.

Asturias, Castilla y León, Aragón, Galicia, Castilla la Mancha, La Rioja, Madrid y Murcia

4-6. Planificación en proceso

Hay avances en las distintas etapas de la planificación. Aun así resulta escasa y con falta de implementación y seguimiento. Es un buen comienzo, pero queda mucho por hacer.

Baleares, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña

6-8. Planificación avanzada

La planificación tiene avances significativos. Aun así, se debe seguir trabajando.

Islas Canarias

8-10. Planificación organizada

La planificación preventiva, de emergencias y de autoprotección está organizada en su elaboración e implementación.

ai3El Consejo Europeo nos sirve un cocktail letal del copyright: impuesto a recortes de prensa y filtros de subida. El 25 de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros en la U.E. (COREPER) fue coaccionado para acordar estar de acuerdo sobre algo en los debates sobre la Directiva del Copyright en el Mercado Único Digital.

Y el resultado es terrorífico: cada uno de los venenos que se pusieron sobre la mesa por la Comisión Europea fue intensificado y mezclado en un cóctel letal para los ciudadanos de la Unión Europea, los actores institucionales, las start-ups y las grandes empresas (excepto para los propietarios de los derechos) así como para los creadores que se desarrollan en el entorno digital.

"Una fuerte responsabilidad recae ahora sobre el Parlamento Europeo: defender los derechos de millones de ciudadanos, de los pequeños emprendedores, los creadores, los profesionales de la comunidad del conocimiento, y de todos los usuarios que acceden a la Red y asegurar que a los impuestos sobre los recortes de prensa y a la maquinaria de censura no se les permita colarse en nuestras vidas."

Caroline de Cock, Coordinadora de la Coalición C4C (Copyright por la Creatividad)

Hemos profundizado en detalle en repetidas ocasiones sobre los (muchos) fallos del texto del Consejo así que ahora es el momento de ser concisos:

-este texto no desarrolla de ninguna manera un mercado único digital.

-crea unos impuestos inmanejables a recortes de prensa y a enlaces para el conjunto de la Internet europea; y

-obliga a instalar filtros de subida que bloquearán contenidos antes incluso de que aparezcan online, bajo el control de empresas privadas.

El daño se ha hecho por tanto en el Consejo, bajo la guía de un par de grandes Estados Miembros y de la Comisión Europea. Un ligero aspecto positivo es que aparentemente varios Estados Miembros, incluyendo a Alemania, votaron en contra. Sin embargo, no fueron suficientes los que alzaron su voz para evitar que esto ocurra, lo cual sigue siendo una vergüenza.

Sobre la Coalición Copyright for Creativity (C4C)

Creada en 2010, Copyright for Creativity (C4C) es una coalición de amplio espectro que persigue un debate informado sobre cómo el copyright puede promover más de forma efectiva la innovación, el acceso, y la creatividad. C4C representa a bibliotecas, instituciones científicas y de investigación, consumidores, grupos de derechos digitales, empresas tecnológicas, instituciones educativas y del patrimonio cultural que comparten una misma visión sobre el copyright representada en la Declaración y el Manifiesto del Copyright de C4C. Aquí la lista completa de firmantes.

C4C está registrada en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

Nota de la Asociación de Internautas : si esto nos parece una vergüenza , más vergüenza nos parece que España (junto a Francia, Italia y Portugal) siga siendo la voz de su amo en relación a las peores prácticas de las diferentes SGAEs que llevamos demasiado tiempo padeciendo en este país, y que hayan liderado semejante resultado. Una vergüenza para Europa encabezada entre otros por el Gobierno de España.

http://www.internautas.org/

ai3Desde el pasado viernes España cuenta con un nuevo Presidente del Gobierno, elegido por primera vez mediante una moción de censura. Pedro Sanchez liderará un ejecutivo cuyos responsables conoceremos en los próximos días y el responsable de Industria y la denominada Agenda Digital tendrá por delante importantes tareas que afectarán de lleno al sector de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y que a continuación relacionamos:

- Reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Además de informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Consejo no ha sido convocado durante el mandato del José María Lasalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital de España en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital desde 2016 , a pesar de que el gobierno ha hecho propuestas legislativas como la que proponía acabar con el anonimato en Internet, calificada desde la sociedad civil como un intento de recortar las libertades en Internet, y un ataque "muy grave" contra derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica.

-La presentación Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin consulta previa a organismos de representación como el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI y que muy posiblemente vulnere el artículo 18.4 de la Constitución que señala que la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En esta ocasión, el desarrollo del PNR vulnera este precepto y puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos. Ser ciudadanos de cristal, donde el Estado conozca muchos de nuestros datos personales.

- En cambio, el DNI electrónico adolece de una Ley Orgánica que garantice la gestión, desarrollo y funcionamiento de este documento vital para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como facilitar su funcionamiento.

- Tampoco el Gobierno de España se ha ocupado de desarrollar una necesaria Ley Orgánica sobre la interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca las garantías necesarias para que el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía.

-Donde sí tendrá más que hacer el nuevo responsable para la Sociedad de la información será en lo referente al 5G. España que los operadores puedan desplegar cuanto antes la red de quinta generación que revolucionará no solo el sector, Mientras otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía estamos pendiente de la primera subasta, la que afecta a la banda de los 3,6 GHz que se pondrá en marcha en julio. Todos los expertos del sector coínciden en señalar que .. “En cada subasta la CNMC sugiere las normas que las deberían regir pero la última palabra la tiene siempre el Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que alberga en su seno. Así, el Ministerio saliente dictó precios de salida asequibles y un pago a plazo para los que se hagan con licencias en la banda de los 3,6 GHz. También ha impedido la participación de pequeños operadores, estableciendo un mínimo de facturación necesario, o la de fondos de inversión, pidiendo "solvencia profesional". El nuevo Ministro de Industria no debería alterar esa subasta, para no retrasarla, pero sí debería ponerse a trabajar desde ya en la subasta clave, la de los 700 MHz, que según el actual Plan Nacional 5G no se produciría hasta 2019. Los operadores se mostraron satisfechos con las condiciones para la subasta de la banda de los 3,6 GHz, pero la duda es si a la siguiente subasta se le aplicarán las mismas condiciones o si habrá otras que puedan afectar al resultado final”... Evidentemente los precios de salida de la subasta de los 700 MHz serán más altos, al ser la banda más deseada, pero mantener el pago aplazado de las licencias favorecería un despliegue más rápido, al contar los operadores con más caja para ejecutarlos. Además, se deberá tratar con sumo cuidado el número de bloques que se pondrá a disposición de los operadores y los límites de compra, ya que pueden ser determinantes.

- Por otro lado y buscando cubrir las zonas no rentables para los operadores, el Gobierno aprobó en marzo un plan dotado con 525 millones de euros para que todos los españoles cuenten con conexiones de fibra de al menos 300 Mbps en 2021. En este plan podría intervenir el nuevo Gobierno, ya que las partidas se distribuyen en distintos años, aunque no parece conveniente dado que es difícil que la iniciativa privada llegue algún día a cubrir todo el territorio nacional.

- Por último, exigimos que se solicite al Ministerio de Cultura que se atenga a los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del Canon Digital aprobado ya que de no existir estaríamos ante un presunto fraude de ley y por ese motivo qué se rechace el Real Decreto en tantno haya un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo.

Asociación de Internautas

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Clara Zamorano, Ana Berrocal y Mar García, ingenieras de la ETSI de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, han creado CAMINOSsinplástico, un proyecto para reducir el uso del plástico en la sociedad. Estas ecologistas viajarán hasta Costa Rica para tratar de frenar la contaminación del Parque Nacional de Corcovado.

El próximo mes de agosto viajarán junto con dos compañeros hasta el país centroamericano con mayor biodiversidad del planeta para acabar con los focos de vertido de plástico que contaminan sus costas. “Vamos a desarrollar un programa de sensibilización ambiental para el desarrollo de un turismo responsable, además de evitar la llegada de plásticos a las costas del Parque Nacional y estudiar la afección de la contaminación plástica a la vida marina de la zona”, explican las protagonistas.

Este proyecto de cooperación internacional nace a partir de la iniciativa Cero Oferta-Cero Demanda iniciada por este grupo de ingenieros de la UPM para sensibilizar al ámbito universitario del consumo irracional de plásticos de un solo uso. “Comenzamos este proyecto en octubre del año pasado y ya somos un equipo de 20 personas con muchas ganas de cambiar nuestro entorno”, afirman las fundadoras de CAMINOSsinplástico.

Estas luchadoras han iniciado una campaña de crowdfunding en GoFundMe para recaudar los 9.000 euros con los que pagarán el alquiler del transporte necesario para desarrollar su trabajo de campo en el Parque Nacional de Corcovado y el coste de los billetes de avión a Costa Rica.