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connected 1327191 1280A solo unos días de las elecciones, los distintos partidos políticos se han posicionado a favor o en contra del gravamen. dPG Legal explica las repercusiones que tendría la aplicación de cada una de sus propuestas.

Madrid, 24 de abril de 2019 - A pesar de no ser un tributo que está tan presente en el día a día de los contribuyentes como el IVA o el IRPF, el hecho de que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) afecte a prácticamente todas las personas en algún momento de su vida ha hecho que los partidos hayan girado la mirada hacia él, propiciando que se haya convertido en uno de los principales campos de discusión de cara a las próximas elecciones generales.

En primer lugar, hay que recordar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones grava la transmisión patrimonial que adquiere la persona física por una herencia o donación. Se trata de un tributo estatal que se encuentra cedido a las comunidades autónomas, por lo que dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontremos se tributará más o menos por adquirir una herencia o donación.

Si tenemos en cuenta el programa electoral de los principales partidos políticos, se han formado dos bloques diferenciados respecto a esta cuestión: por un lado, el del Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, y por el otro, el que forman el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.

En el primero de los casos, la propuesta consiste en eliminar el gravamen. Así lo afirma Ciudadanos al proponer que bonificarán al 100% este impuesto en las herencias y donaciones entre parientes directos y lo reducirán en las transmisiones entre otros parientes en toda España.

Del mismo modo, uno de los puntos del programa político de Vox aboga por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

El PP en la misma línea que los anteriores, propone eliminarlo para las transmisiones que se lleven a cabo entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges.

En la otra cara de la moneda se encuentra Unidas Podemos, cuyo planteamiento es hacer el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones más justo, en colaboración con las comunidades autónomas, de forma que sea más progresivo y que las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. Al mismo tiempo, propone armonizar el impuesto a escala estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.

Por su parte, el PSOE no se pronuncia en su programa político sobre dicho impuesto, por lo que es muy probable que no haya intención de modificar la regulación existente a día de hoy sobre el mismo y, por tanto, continúen las grandes diferencias existentes entre las distintas Comunidades Autónomas.

Para medir el impacto que tendría cada una de estas medidas, dPG Legal, a través de su departamento de Sucesiones y Patrimonio, presenta un caso práctico:

Tomemos como ejemplo la Comunidad de Madrid, que cuenta con una bonificación del 99%. En caso de que una persona que reciba bienes que provengan de una herencia o donación de un ascendiente (padres, abuelos) por valor imaginemos de 500.000 €, con la legislación actual, el importe a abonar para hacer frente al pago del impuesto sería de 1.214,49 €.

Sin embargo, en caso de tener que tributar en una comunidad autónoma que no cuente con bonificación o exención alguna y se aplique la regulación estatal el importe a abonar sería de 121.449,47 €. Como vemos, es una diferencia significativa (120.234,98 €) y puede dar lugar a que muchos herederos se vean en la obligación de no aceptar la herencia por no poder hacer frente al pago del impuesto.

A modo de resumen y teniendo en cuenta solo los descendientes directos podríamos decir que las comunidades que menos pagan y se trata de importes simbólicos son: Madrid, Murcia, La Rioja, Extremadura, Galicia, Canarias, Asturias, Baleares y Castilla La Mancha, además de los territorios forales.

El resto de las comunidades autónomas aplican reducciones en ciertos supuestos. Por ejemplo, Andalucía, recientemente, elimina el gravamen hasta un millón de euros de base imponible, Castilla y León hasta 400.000 euros, Cantabria aplica el 100% de bonificación para los primeros 100.000 euros y la Comunidad Valenciana aplica una bonificación del 75%, mientras que en Cataluña la bonificación es del 99% al 20% y se aplica de forma inversamente proporcional a la base imponible.

Si tenemos en cuenta las propuestas de los distintos partidos políticos, en caso de aplicar la medida propuesta por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el heredero no tributaría nada por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por adquirir la herencia o recibir bienes mediante donación.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la línea de Unidas Podemos y PSOE no sabemos muy bien a cuánto ascendería el pago del tributo, pero si tenemos en cuenta la regulación estatal, sin aplicar ninguna bonificación o exención, el importe a pagar por el tributo podría llegar a ascender a la cantidad de 121.449,47 €.  

En definitiva, nos encontramos ante una materia compleja, que sin duda va a cambiar en los próximos meses con el nuevo gobierno, ya sea en un sentido o en otro.

Nuestra recomendación si va a recibir una herencia o una donación, es contar con asesoramiento legal profesional, pues será la mejor manera de garantizar el correcto pago del tributo y evitar posibles contratiempos.

https://www.dpglegal.es/


greenpeace Colon e

  • La pancarta simula la factura medioambiental y social que dejan las prácticas políticas y empresariales y que paga la ciudadanía
  • Cuatro activistas han descolgado la lona de cerca de 300 m2 a una altura de 60 metros de las emblemáticas torres con el mensaje “Nos están costando la vida. Nos están costando el planeta”
  • La organización ecologista ha presentado un documento con 69 medidas clave que deberían tener en cuenta los partidos en sus programas electorales

A primera hora de la mañana un grupo de activistas de Greenpeace ha ascendido de forma pacífica a una de las emblemáticas torres de la plaza de Colón en Madrid, donde han desplegado una gran pancarta de cerca de 300 m2 que simula la factura que dejan las prácticas políticas y empresariales y que es pagada por la sociedad en forma de cambio climático, pérdida de derechos fundamentales, destrucción del medioambiente y contaminación. Unos costes que están ya condicionando el presente y comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.

Foto y vídeo disponibles para medios aquí

El grupo de cuatro activistas permanecen en la fachada del edificio junto a la pancarta donde se puede leer los gastos de la factura y el mensaje “Nos están costando la vida. Nos están costando el planeta. #NoPaguesLaCuenta“, para denunciar que las malas prácticas de las grandes empresas y las actuales políticas no solo destruyen el medio ambiente sino que generan una sociedad cada día más desigual y una pérdida de derechos que sufren especialmente las mujeres, por ser aquellas que sostienen la vida y los cuidados, y las generaciones más jóvenes.

“La pasividad, lentitud, falta de ambición y liderazgo en la defensa del medio ambiente de la mayoría de políticos, parlamentarios y gobernantes, así como el intento de amordazar y criminalizar a la ciudadanía que denuncia y exige soluciones, nos está costando la vida y la salud del planeta. La situación no aguanta medias tintas. O se actúa ya con decisión y audacia en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de nuestros océanos ahogados en plásticos o el legado que dejaremos a la siguiente generación, que está saliendo a la calle a exigir soluciones, acción y determinación, será vergonzoso”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

Greenpeace lanza este mensaje al comienzo del importante periodo electoral debido a la urgencia de la situación y aporta 69 medidas esenciales agrupadas en cinco bloques para afrontar los enormes retos a los que se enfrenta la sociedad española y a los que se debe dar solución de forma inmediata. Greenpeace recuerda que el coste de la inacción frente a problemáticas como el cambio climático puede llegar a ser mucho más caro que el coste de actuar ya.

Urgencia en la lucha contra el cambio climático

Frenar el calentamiento global en 1,5 ºC, como indican los científicos del IPCC, es una necesidad ineludible y urgente, queda algo menos de una década para conseguirlo. Para ello la organización presenta 13 medidas centradas en aumentar la ambición climática y en la incorporación de todos los sectores en la transición ecológica de la economía, para lograr la reducción de emisiones al menos en un 55% en 2030 respecto y conseguir la descarbonización completa para 2040.

Proteger derechos y libertades

Ante el escenario mundial de pérdida de derechos y reducción del espacio democrático vital para el desarrollo de la sociedad, la organización presenta 11 medidas entre las que se encuentran acabar con la ley mordaza o aprobar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Biodiversidad y los ecosistemas

Greenpeace considera urgente elevar la consideración política de la protección del medio ambiente y su biodiversidad, reconociendo su valor como vector de la transición ecológica de la economía española y dotándola de recursos, para lo que se proponen 15 medidas, como el cumplimiento de la normativa europea en materia medioambiental o la persecución del delito de robo de agua y de las actividades que contaminan.

Consumo

Greenpeace considera que las ciudades son espacios con un gran potencial por su cercanía con las personas para favorecer la transición ecológica de la economía. En este ámbito presenta un conjunto de 16 medidas, como la eliminación y reducción de los envases y el uso de plásticos de un solo uso.

Europa

La organización también resalta que la Unión Europea tiene la obligación y la capacidad de evitar el desastre climático liderando una respuesta global, coordinada y urgente que ponga fin a la inacción continuada de los Gobiernos europeos.

“Ante esta situación de urgencia, reclamamos responsabilidad. Se nos acaba el tiempo. Esta situación de emergencia climática y social constituye también una oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde, que redistribuya la riqueza en nuestro país y la transición ecológica es una oportunidad para transitar hacia un nuevo modelo productivo. En este país estamos demasiado acostumbrados a ver cómo se socializan las pérdidas mientras se privatiza la riqueza”, ha apuntado Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace.

ai3Media España se enteró donde estuvo Francisco Polo, el Secretario de Estado para la Agenda Digital, el pasado 8 de marzo. Chupando cámara y haciendo política partidista al lado de María Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno y varias ministras más..

Ayer, en el que miles de ciudadanos de la España vaciada se desplazaron a Madrid para entre otras cosas exigir cobertura: una Internet accesible, asequible y de calidad para las zonas rurales, el Secretario de Estado, si estuvo, no se le vio.

Claro que no es de extrañar, porque no debe conocer que los españoles que viven en poblaciones de más de 10.000 habitantes que tienen la fortuna de poder elegir pagan de media 53 euros por un contrato de Internet para navegar en casa y una línea de telefonía fija, un 27,4% más que la media europea,  Un estudio realizado por el comparador Kelisto.es, el cual se centra las tarifas de ADSL y fibra en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y España, muestra cómo la factura de internet en España, de 53 euros al mes de media, supera a la del resto de países contemplados, cuya media se sitúa en 41,6 euros, lo que hace que los españoles sean quienes más pagan por la conexión.

Según el informe, el precio de internet en casa con telefonía fija en España es de media 19,33 euros al mes más caro que en Alemania, donde la conexión cuesta 33,67 euros al mes de media, por lo que el montante asciende a 232 euros más al año, esto es, un incremento del 57,43% anual.

A esta situación, tener uno de los accesos a Internet más caros de Europa, denunciada desde hace años por la Asociación de Internautas,  se une a la brecha digital que existe en España entre las zonas rurales y las urbanas que convierten a los habitantes de zonas geográficas alejadas de las grandes urbes en españoles de segunda categoría, al no poder acceder a un derecho fundamental para la ciudadanía del siglo XXI, puesto que es una herramienta indispensable a la hora de llevar a cabo cuestiones básicas como estudiar, informarse, divertirse, consumir, buscar un empleo o relacionarse con la Administración (máxime cuando la propia Administración impone determinadas tramitaciones telemáticas).

Sin embargo, la accesibilidad del mundo digital sigue estando condicionada por aspectos financieros, técnicos, culturales y geográficos ante una falta evidente de interés por parte del Gobierno por solucionar este enorme problema de falta de igualdad. Y adoptar medidas para paliar las brechas digitales existentes: como subvencionar conexiones, accesibilidad y cursos de formación a colectivos vulnerables, como puedan ser las familias desfavorecidas, los mayores, los desempleados, las poblaciones rurales, y las personas con minusvalía. De la misma manera, debería promover un Internet más accesible, justa y democrática, facilitando un igual acceso a la red a las Pymes, empresas de la Economía Social y Solidaria, organizaciones de la sociedad civil.

Si tenemos en cuenta que e l 80% del territorio español lo componen 7.373 poblaciones de menos de 10.000 habitantes donde todavía en 2019 existen zonas sin cobertura alguna y no existen planes gubernamentales para dotar a los pueblos de servicios públicos e infraestructuras para que se fomente el rejuvenecimiento de la sociedad y la actividad económico de los entornos rurales, no se entiende que el Secretario de Estado para la Agenda Digital ayer no brillará con su presencia en la manifestación de la España vaciada, sino más al menos igual que en la manifestación del pasado 8 de marzo.

Víctor Domingo
Presidente de la Asociación e Internautas
http://www.internautas.org

gp no macrogranjas cerdos

  • Greenpeace lamenta que la Comisión de Agricultura haya votado en contra del bienestar animal básico y de la salud de las personas y el planeta
  • Entre otras cosas, también ha rechazado un aumento proporcional de los fondos destinados a la agricultura ecológica
  • Ahora habrá que esperar a la formación del nuevo Parlamento Europeo, tras las elecciones, para ver hacia dónde avanza la PAC

Madrid, 2 de abril de 2019.- La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado esta mañana a favor de que la UE siga financiando a la destructiva ganadería industrial. Este modelo de ganadería contamina el medio ambiente, incrementa el maltrato animal y el calentamiento global, afecta a nuestra salud, destruye las comunidades rurales y aparta a las pequeñas granjas del negocio.

La Comisión de Agricultura ha rechazado las propuestas hechas por la Comisión de Medio Ambiente para recortar los fondos públicos destinados a las explotaciones industriales y para limitar el número de animales amontonados en estas auténticas fábricas de producir carne, leche y huevos. La Comisión también ha votado en contra de hacer que los pagos de la PAC (Política Agrícola Común) estén condicionados a los estándares básicos de bienestar animal, incluyendo dar a los animales de granja el espacio suficiente para moverse, darse la vuelta y tumbarse.

Los eurodiputados y eurodiputadas de esta comisión se han opuesto también a la introducción de objetivos para reducir la densidad de animales respecto a la superficie agrícola en la que se encuentran (cuando se limita la densidad, como propone la Comisión de Medio Ambiente es posible eliminar el estiércol producido de forma segura, de otra forma no) y han rechazado un aumento proporcional de los fondos de la PAC destinados a la agricultura ecológica, respetuosa con el clima.

Según el responsable de agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim: Es vergonzoso que la Comisión de Agricultura haya respaldado a las macrogranjas. Éstas dañan el medio ambiente y el clima, maltratan a los animales y hacen que los pequeños ganaderos abandonen su actividad. Pero el Parlamento Europeo en su conjunto aún puede seguir el liderazgo de la Comisión de Medio Ambiente y recortar los subsidios públicos destinados a la agricultura y ganadería industriales, promoviendo pequeñas granjas familiares con mayores estándares ambientales.”

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento votó la reforma de la PAC en febrero, aprobando recortes en la financiación de las explotaciones industriales y respaldando la introducción de criterios más elevados de bienestar ambiental y animal, así como una mayor financiación para la agricultura ecológica.

Próximos pasos

Las recomendaciones de la Comisión de Agricultura y las de febrero de la Comisión de Medio Ambiente se presentarán al próximo Parlamento Europeo, después de las elecciones europeas a finales de mayo.

Los eurodiputados y eurodiputadas recién elegidos tendrán que decidir entre votar en el plenario sobre la base de las recomendaciones de ambas comisiones, o comenzar de cero mediante la celebración de nuevas votaciones en ambas comisiones.

 

GP agua 2019

  • La proliferación de pozos y regadíos ilegales, la falta de control en los vertidos contaminantes o la construcción de infraestructuras desmesuradas como embalses y trasvases continúan siendo una constante en España

Madrid, 21 de marzo de 2019-. En vísperas del Día Mundial del Agua, que se celebra mañana 22 de marzo bajo el lema “No dejar a nadie atrás”, las políticas hídricas en España se alejan cada vez más de este objetivo. Greenpeace lleva años denunciando desigualdades en el acceso al agua, una situación que afecta negativamente tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos. La proliferación de pozos y regadíos ilegales, la construcción de infraestructuras desmesuradas como embalses y trasvases o la falta de control en los vertidos contaminantes a las aguas continúan siendo una constante en España.

Mientras, las reservas de agua superficiales se sitúan en un 58,57% (32.845 hectómetros cúbicos a 19 de marzo), niveles similares a los de 2017, cuando se produjo la última gran sequía. España sigue siendo el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. Sin embargo, en los últimos años, la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico -muy especialmente del agua subterránea- ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales, que podrían ascender a más de un millón, según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017.

“Esta cuestión parece no importar demasiado a gobiernos y administraciones competentes, quienes continúan mirando hacia otro lado sin cumplir la legalidad vigente, que les obliga a controlar, sancionar y cerrar estos pozos”, asegura Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.

Solo el daño económico que causan estas extracciones a las reservas estratégicas de aguas suponen al menos 15 millones de euros en daños al patrimonio natural (en concreto, al dominio público hidráulico), según una investigación de Greenpeace. Esta cifra podría ascender a varios miles de millones de euros si se tuviera en cuenta el millón de pozos ilegales existentes, según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017.

Además, las administraciones llevan años permitiendo el uso de miles de hectáreas para regadíos ilegales, secando ríos y acuíferos y beneficiando únicamente a grandes corporaciones agroindustriales, como ya denunció Greenpeace en su informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después”.

No todo son malas noticias en torno a la gestión del agua en España. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo y hace prevalecer el valor del río y sus ecosistemas para la sociedad, es un paso adelante hacia la correcta gestión de los recursos hídricos. Desde que el trasvase Tajo-Segura se hizo efectivo y comenzó a acaparar el agua de los caudales desde la cabecera del Tajo, el río no ha hecho más que deteriorarse. Greenpeace ya demostró en 2017 que el trasvase podría clausurarse en menos de tres años sin perjuicio para la cuenca del Segura, “un plan que, tras la sentencia del Supremo, debería tenerse en cuenta”, señala Barea.

Sin embargo, la Administración planea realizar un nuevo trasvase, en esta ocasión desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras en Doñana, que serviría para consolidar más hectáreas ilegales de regadío y suplir así el actual aporte de los más de 1.000 pozos ilegales que existen en la zona y que están desecando el parque nacional.

España es el país de la Unión Europea con mayor número de grandes embalses (1.225) y el quinto a nivel mundial, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Esto provoca que la práctica totalidad de ríos y cauces estén segmentados y artificializados. A pesar de ello, y de la necesidad de eliminar muchas de estas barreras artificiales, siguen vigentes nuevos proyectos para ampliar y construir más embalses (Yesa, Biscarrués o Alcolea son algunos de ellos) con inmenso impacto social y ambiental y un único beneficiado: las empresas que los construyen.

La deficiente gestión hídrica no solo afecta a la cantidad, también a la calidad del agua. De hecho, Europa ha sancionado a España en varias ocasiones por el vertido de aguas sin depurar. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas.

Las aguas subterráneas son especialmente vulnerables a la contaminación. Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas se encuentra en mal estado cuantitativo y/o químico (321 de 761). Una cifra que, de no controlarse, podría seguir aumentando y poner en grave peligro las reservas de aguas subterráneas para el futuro cercano.

A pesar de ser un derecho fundamental recogido por la ONU, el agua es un negocio controlado a menudo por empresas y corporaciones. Un dato: en España, el 52% del suministro municipal de agua se encuentra en manos privadas, con una tendencia ascendente. “Actualmente tan solo Sevilla, Cádiz y Córdoba siguen las recomendaciones de la ONU y la OMS de garantizar el suministro de 100 litros diarios a la ciudadanía, aunque no dispongan de recursos para hacer frente a los recibos. Esta iniciativa debería extenderse a nivel estatal, puesto que el agua es un recurso básico”, concluye Barea.