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El redactado del proyecto de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) entre representantes del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias dela Generalitat de Cataluña y de la Comisión Promotora, ha finalizado con dos graves desacuerdos.

El primer desacuerdo afecta al artº 25 sobre “Resolución administrativa de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía”. La posición de los representantes del gobierno no respeta el acuerdo adoptado por unanimidad de los grupos parlamentarios en la ponencia que tramita el proyecto de ley por el que se establece un plazo máximo de cuatro meses a la Administración pública competente para otorgar o denegar la prestación, el carácter de silencio positivo si transcurrido el plazo de 4 meses no se ha notificado la resolución a la persona interesada, y el derecho de acceso a los efectos económicos de la RGC desde la fecha de presentación de la solicitud, en todos estos aspectos el grupo parlamentario JUNTS PEL SI manifestó su acuerdo.

Ahora la representación del gobierno pretende alargar el plazo máximo de cuatro a ocho meses, establecer el silencio administrativo como negativo, y retrasa el plazo de los efectos económicos de la RGC al mes siguiente de presentar la solicitud.

La Comisión Promotora considera inaceptable la posición del gobierno porque supone un grave perjuicio para las personas y familias vulnerables, que tras 6 meses de carencia o ingresos inferiores al IRSC tendrán que esperar hasta 8 meses a que se dicte resolución; el silencio administrativo negativo dificulta el acceso al derecho a la RGC, incentiva la ineficacia de la administración de la Generalitat i subordina el derecho de las personas a la gestión administrativa, lo cual crea indefensión, y provoca el cansancio y desestimiento entre las personas que tienen derecho a la RGC, tal como demuestra la experiencia práctica en otras prestaciones vigentes; a todo estos perjuicios se añade el retraso de un mes en el abono de la RGC.

El segundo desacuerdo afecta a la Disposición adicional tercera que establece que las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación de la Seguridad Social (apartado 2), o las personas beneficiarias de otras ayudas, prestaciones y pensiones (apartado 3), - siempre que sus ingresos sean inferiores al umbral de ingresos para acceder a la RGC-, tienen derecho a una prestación complementaria a cargo de la Generalitat de Cataluña, hasta la cuantía del indicador de rentas de suficiencia, que fija el umbral de la pobreza.

La representación del gobierno plantea descontar a dichos complementos la cantidad de 150 euros mensuales, incumpliendo el Acuerdo firmado el pasado 15 de mayo entre representantes del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, y de la Comisión Promotora, que en su artº 10 sobre el “Carácter subsidiario y complementario de la RGC respecto de las ayudas y prestaciones estatales de paro y por ocupación y a pensiones del sistema de seguridad social” establece dichos complementos para equiparar el nivel de sus prestaciones al de los perceptores de la RGC, sin fijar la reducción de 150 euros/mes.

Las consecuencias de tal incumplimiento es dejar sin efectos prácticos en 2017 y 2018 dicho complemento para las personas vulnerables de estos colectivos, particularmente a las personas que vivan solas (mayoritariamente mujeres mayores) o en núcleos familiares con ingresos inferiores al IRSC, o con un escaso complemento en 2019 y 2020.

La posición del gobierno, no solo incumple el artº 10 del Acuerdo, sino el artº 1 del Acuerdo que establece la finalidad de la propuesta de ley de la RGC de “asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza…”, y en consecuencia incumple gravemente el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía, generando un trato discriminatorio entre personas en situación de pobreza.

La Comisión Promotora reunida el 31 de mayo llama a los grupos parlamentarios que participan en la ponencia a hacer respetar el acuerdo que adoptaron por unanimidad que afecta a las Resolución administrativa de solicitudes de RGC, y hacer cumplir los términos del Acuerdo firmado el 15 de mayo, y los principios establecidos en el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía.

La Comisión Promotora llama a las entidades sociales, políticas y sociales que promueven y apoyan la Renta Garantizada de Ciudadanía a multiplicar las gestiones hacia los diferentes ámbitos implicados, con el objetivo de facilitar la superación positiva de los desacuerdos y alcanzar una buena ley.
La Comisión Promotora estudiará y promoverá las iniciativas necesarias que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio, coherente con el artº 24.3 del Estatuto de Autonomía, y que pueda votarse favorablemente en sesión plenaria del Parlamento en el plazo más breve posible.

Barcelona 1 de junio 2017

Comisión promotora renta Garantizada de Ciudadanía

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/