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Hoy día 18 de septiembre de 2017 un alto cargo del Gobierno de la Generalitat ha declarado que la intervención por parte del Estado de las finanzas de la Generalidad puede poner en peligro el pago de las prestaciones económicas de la renta garantizada de ciudadanía.

Desde un punto de vista legal y presupuestario esta afirmación no es cierta. La intervención por parte del Estado de las finanzas de la Generalitat no pone en peligro el pago de las prestaciones económicas de la renta garantizada de ciudadanía.

La Orden del Ministerio de Hacienda y Función pública por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017 (BOE 09/16/2017) no afecta -por que así lo dice expresamente- a las prestaciones económicas previstas por la inclusión social y lucha contra la pobreza, entre ellas las prestaciones económicas de la renta garantizada de ciudadanía.

El Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2017, dispone de un Fondo estructural de cohesión social y garantía de rentas para dotar de recursos la renta garantizada de ciudadanía .

Y en cuanto al pago, el Gobierno de la Generalidad puede hacerlo de forma directa y también puede comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Función pública para que el pago lo realice directamente del Estado, a cargo de la Generalidad de Cataluña .

El derecho a cobrar las prestaciones económicas de la RGC, con efectos del día 15 de septiembre de 2017, y con pago el día 30 del mismo mes, para aquellas personas y familias que legalmente acceden automáticamente, no puede ser cuestionado, no puede ser objeto de debate político, ni puede estar condicionado a referéndum de autodeterminación convocado para el día 1 de octubre de 2017.

Sixte Gargante y Diosdado Toledano, representantes de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía