ai3Considera que la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que crea un nuevo artículo 58 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), vulnera derechos fundamentales de la Constitución.

MADRID, 5 MARZO 2019  -
El mismo día en que se publica el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones el Defensor del Pueblo ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la norma que permite a los partidos la recopilación de datos personales y opiniones políticas de los ciudadanos en las webs y redes sociales, para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

Varios abogados especialistas en protección de datos y cinco organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los derechos digitales (1) habían solicitado al Defensor del Pueblo que interpusiera dicho recurso de inconstitucionalidad, por vulnerar, entre otros, los derechosfundamentales:a la protección de datos (art. 18.4), a la libertad ideológica (art. 16) y a la participación política (art. 23.1).

Además, en la solicitud se argumentaba que, cuando excepcionalmente una Ley limitaba un derecho fundamental, debían establecerse en dicha Ley las garantías adecuadas y específicas, por aplicación del principio de legalidad (art. 9.3) y la reserva de Ley para la regulación de los derechos fundamentales (art. 53.1). No siendo suficiente una Circular de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Defensor del Pueblo ha dado la razón a las solicitudes y en los próximos días el Tribunal Constitucional decidirá si admite el recurso de inconstitucionalidad y si procede la suspensión de la norma recurrida de cara a las próximas campañas electorales ante los perjuicios de imposible o difícil reparación que se producirían para los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.

Baste recordar el caso ‘Cambridge Analytica’ en las últimas elecciones de EEUU o en el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido, donde se ha demostrado que hubo una recopilación por los partidos políticos de datos personales vinculados a opiniones políticas y una utilización de las mismas para intentar manipular a los votantes con propaganda política personalizada y noticias falsas (fakenews).

El buen funcionamiento del sistema democrático exige que los partidos políticos no recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de los ciudadanos. El interés público esencial exige que no se vulneren sus derechos fundamentales y la mejor garantía, adecuada y específica,es mantener la prohibición de tratar estos datos (art. 9.1 RGPD) y perseguir y sancionar a los partidos que lo hagan.

Comunicación del Defensor del Pueblo a la Asociación de Internautas.

https://www.internautas.org/archivos/DefPueblo05032019.pdf


(1). Abogados:Borja Adsuara Varela, José Luis Piñar Mañas, Jorge García Herrero, Elena Gil González, Ofelia Tejerina Rodríguez, Carlos Sánchez Almeida, Cecilia Álvarez Rigaudias. Lorenzo Cotino Hueso.  Asociaciones: Víctor Domingo,presidente de la  Asociación de Internautas (AI), Miguel Peréz de la  Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Virginia Alonso de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Rodolfo Tessone  de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital (ENATIC),e ISACA Capítulo Madrid.