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construction workerIndemnización por Accidente detalla las consecuencias tras un incidente laboral con resultado de muerte o lesiones graves y las opciones de actuación de los afectados.

Madrid, 20 de septiembre de 2018 – Los siniestros que han tenido lugar de manera reciente en Madrid han ubicado a la capital en el centro del debate sobre los accidentes laborales, y los 11 heridos y el fallecido en el derrumbe de un forjado en la remodelación del Hotel Ritz, son una prueba de ello. Sin embargo, según los datos, esta es a día de hoy la comunidad con un menor índice de incidentes de España.

El suceso del pasado 18 de septiembre en el emblemático hotel se une al que tuvo lugar el 22 de mayo en la calle Martínez Campos, los cuales han hecho sonar la alerta a las autoridades y a la sociedad sobre las tareas pendientes. Pero, pese al impacto mediático y político causado por estos accidentes, las cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social revelan que la Comunidad lidera la clasificación de las regiones de España con una menor accidentalidad.

estadisticaa accidentes

Eso sí, a pesar de esta realidad, es necesario entender que todos los accidentes laborales son procesos jurídicos complejos y con fuertes repercusiones económicas para todos los afectados. Y, en este sentido, hay que destacar que el caso del Hotel Ritz es aun más engorroso porque se entrelazan jurisdicciones diferentes, partes diversas e incluso interviene la Administración, lo que implica una resolución más difícil.

Por esta razón, Indemnización por Accidente te esclarece el contexto actual y las opciones de los afectados para no perderse en el laberinto del derecho preventivo y laboral.  

Inspección de Trabajo y los accidentes laborales

Antes que nada, cabe resaltar que, por lo general, las empresas gastan grandes sumas para “prevenir” las consecuencias del accidente, mientras que los trabajadores perjudicados emplean enormes esfuerzos para que se respeten sus derechos.

Con todo, en caso de un incidente, la investigación será clave. Jesús Pascual López, abogado especializado en accidentes laborales en Indemnización por Accidente, señala que “cuando ocurre un siniestro laboral con resultado de muerte o lesiones graves, Inspección de Trabajo y Seguridad Social interviene de oficio antes de las primeras 24 horas para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las causas directas e indirectas que han provocado el accidente laboral”.

Los inspectores de trabajo son funcionarios públicos con extensos conocimientos en materia laboral y en prevención de riesgos laborales. Su actuación consiste en la investigación de las causas que han provocado un accidente laboral y, en el caso de que detecte algún tipo de omisión de medidas de seguridad, levanta la pertinente acta de infracción sancionando a la empresa o empresas responsables de dicho incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

Responsabilidades y accidentes laborales

Un accidente laboral puede dar inicio a varias responsabilidades:

- Responsabilidad penal: Se lleva el proceso ante la jurisdicción de tipo penal. Algunas acciones u omisiones de la empresa, subcontratas, técnicos e incluso personal de obra pueden suponer delitos por acción u omisión. Por esto, la justicia tiene como objeto la sanción de estas conductas, que en ocasiones pueden suponer penas de prisión. Asimismo, dentro de este procedimiento, puede ejercitarse la acción civil para obtener un resarcimiento por el daño.

- Responsabilidad civil: Es la posibilidad de reclamar a los responsables del siniestro los daños y perjuicios sufridos por el lesionado. Es decir, su indemnización. La cuantía de esta varía en función de la gravedad de las lesiones, mientras que las más graves suelen generar consecuencias como la limitación de la capacidad laboral del afectado. Esta incapacidad se reconoce legalmente en un proceso de tipo administrativo/laboral o de Seguridad Social.

- Reconocimiento de incapacidad: Es un proceso no esencial, pero habitual. Consiste en que el lesionado recibe prestaciones de la Seguridad Social como consecuencia de ese accidente, por circunstancias como una incapacidad temporal o permanente. Económicamente, puede ser el caso más relevante.  

- Lesionado como tercero interesado en un proceso de sanción a la empresa por parte de la Administración: Si, como consecuencia de la labor investigadora, resultase una sanción a la empresa por faltas de medidas de seguridad, esta será sancionada con un recargo de las prestaciones que recibe el lesionado.

¿Cómo se calcula la indemnización?

Se calcula en base a los daños personales o daños materiales. En el primer caso, se aplica por analogía el baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico (Ley 35/2015). En el segundo, se utiliza la prueba del daño.

El baremo vigente sufrió una importante modificación en 2016. Se pasó de un régimen de supuestos previamente valorados, pero con amplia capacidad de prueba, a un modelo netamente actuarial.

Según la experiencia jurídica de Indemnización por Accidente, el modelo actuarial vigente contiene “errores” y su aplicación requiere de la intervención de profesionales especializados en diversas materias. Por ejemplo, peritos médicos expertos en daño personal, actuarios y expertos del campo de la salud como neuropsicólogos y podólogos.

En este sentido, el cambio legislativo supone que la conducción de este tipo de pleitos requiera de un abanico de especialistas en derecho, medicina, prevención de riesgos laborales y cálculo actuarial.

Por las razones anteriores, desde Indemnización por Accidente se aconseja acudir a un bufete de abogados especialistas en diversas materias con el objetivo de asegurar que los derechos del usuario sean respetados en su totalidad y reciba una compensación justa.

indemnizacionporaccidente.com

greenpeace

Ante el nuevo paquete de medidas para frenar la subida de la luz anunciado hoy por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Greenpeace considera que:

“Es muy positivo que el Gobierno aborde las distorsiones que están elevando el precio de la luz a través de la promoción de las energías renovables y de la eliminación del impuesto al sol”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, “Sin embargo, nos preocupa mucho que aún existan dudas sobre la necesidad de eliminar por completo las subvenciones a las energías sucias y de adoptar medidas para acabar con los privilegios del oligopolio”.

La organización valora positivamente que se quiera reformar el mercado eléctrico para realizar una verdadera transición energética y eliminar los beneficios injustificados de nucleares y gran hidráulica, aunque queda pendiente de ver la propuesta concreta.

Greenpeace entiende también que la reforma de la fiscalidad energética propuesta por la ministra es esencial para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz de la ciudadanía si se introduce el principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, la organización pide cautela a Teresa Ribera acerca de la eliminación del impuesto sobre la generación del 7%, si no se produce en el marco de una reforma fiscal más amplia, ya que podría acabar favoreciendo a las centrales nucleares.

Respecto a las dudas que aún alberga la ministra sobre la necesidad de eliminar los pagos por capacidad, Greenpeace reitera que se trata de unas subvenciones a las energías sucias que han costado a los consumidores casi 18.000 millones de euros en los últimos 20 años y que son incompatibles con la transición energética.

Además, la organización ecologista insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes grupos eléctricos integrados para evitar abusos y manipulación del mercado provocados por la posición dominante de estas empresas.

Sobre las medidas en contra de la pobreza energética, Greenpeace valora positivamente que el Gobierno identifique la eficiencia energética y las renovables como soluciones para esta lacra y pide que se incluyan medidas en este sentido en el Plan contra la Pobreza Energética anunciado. Tal y como señaló Greenpeace en un informe en 2014, los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables con un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares.

En definitiva, Greenpeace coincide con el diagnóstico del Gobierno, ya que efectivamente la dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear conlleva una factura de la luz muy elevada y un agravio sobre el medio ambiente y sobre las personas que sufren pobreza energética.

Además, Greenpeace conviene en que es necesaria una planificación y pide que los objetivos que proponga el Gobierno en el Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluyan un plan de abandono ordenado de carbón y nuclear para 2025 y otro para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes de 2050.

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Más información: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-pide-acabar-con-el-oligopolio-de-las-electricas-y-las-energias-contaminantes-para-abaratar-la-factura-de-la-luz/

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En una decisión sin precedentes, Europa vuelve a atacar la mano que le da de comer. No es de extrañar situaciones como el Brexit, cuando los ciudadanos británicos, hartos ya de que no sólo no les representen los burócratas de Bruselas sino que además los ataquen, deciden abandonar la Unión con mucha logica. Con decisiones así, tampoco es de extrañar que poco a poco más países vayan siguiendo los pasos de Reino Unido en el futuro.
 
12 de Septiembre de 2018 - Hoy el Parlamento Europeo en un gesto inaudito ha decidido una vez más atacar a los ciudadanos, seguir dejando indefensos a los creadores y dar aún más beneficios a empresas privadas. Bruselas ya no representa a los ciudadanos, hoy ha quedado meridianamente claro.
 

Esas mismas empresas que, como Sony, reclaman ilegítimamente obras de Johann Sebastian Bach del Dominio Público y prohíben que pianistas que quieren interpretar sus obras en YouTube puedan hacerlo.

Por supuesto, los creadores que llevan años quejándose de que la industria del copyright no les representa, que no les pagan lo que deberían percibir por sus creaciones y que nadie les defiende, tampoco pueden confiar en que Bruselas haga justicia con sus reivindicaciones legítimas. Aunque ya no confiaran en que el Gobierno de España les defendiera (sea del PP o del PSOE) porque el Gobierno de España siempre ha estado del lado de la industria, aún les quedaba la esperanza europea. Pues bien, esa esperanza hoy también se ha desvanecido.

Ésa es la muestra de lo que nos espera a partir de ahora, donde empresas privadas van a ser jueces de lo que se puede y no se puede hacer en Internet gracias a personas como Axel Voss, que suponemos recibirá su merecida recompensa por sacarle las castañas del fuego a un sector que mueve miles de millones a base de presionar a los políticos que pagamos todos los ciudadanos para conseguir más beneficios.

La censura en Internet está en camino; George Orwell supo verlo muy claro en un tiempo en el cual ni siquiera existían los ordenadores como los conocemos hoy día, pero como buen periodista conocía de sobra el comportamiento humano.

Y todo esto con la anuencia y el silencio cómplice de Francisco Polo I el Prescindible, que sigue escondido y sin hablar; a fecha de hoy seguimos ignorando en virtud de qué trabajo percibe un sueldo como Secretario de Estado para la Agenda Digital, pero parece muy cómodo en la posición de que sea Cultura, y no su Secretaría, la que decida el futuro de Internet.

Por lo tanto, a partir de ahora sólo quedan dos opciones: hincar las rodillas y acatar las órdenes de la industria del copyright o luchar para recuperar la libertad: cada cual tendrá que decidir el camino a seguir; y la sociedad española y europea en sí misma debería despertar de una vez por todas, reclamar lo que le pertenece y luchar por ganarse lo que hoy le han quitado, la libertad de expresión, opinión y creación.

Como recordábamos hace poco, disfruten lo votado...si pueden.

https://www.internautas.org/html/10083.html
Asociación de Internautas

greenpeace luz

- La organización exige el impulso del autoconsumo, el fin de las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y acabar con los abusos del mercado

- Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía

- Los colectivos más vulnerables serían los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables

Madrid, 18 de septiembre de 2018-. Ante la comparecencia de mañana miércoles en el Congreso de los Diputados de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para aclarar las medidas que el Ejecutivo tomará frente la subida de la factura de la luz, Greenpeace pide al Gobierno que diseñe un sistema eléctrico que deje de perjudicar a las personas más vulnerables y responda a la lucha urgente contra el cambio climático.

Hoy está previsto que el precio de la luz marque un segundo récord anual. Greenpeace destaca tres grandes distorsiones en la factura de los hogares, que la encarecen considerablemente al impedir que soluciones más limpias y competitivas puedan desarrollarse:

  1. La concentración del sector (generación, distribución, comercialización) en manos de cinco grandes grupos empresariales (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy, Iberdrola). Esto provoca situaciones de abuso en el mercado eléctrico e impide que las personas sean el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable.
  2. La baja penetración del autoconsumo, de las renovables y de la eficiencia energética. Diez años de políticas contra las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética están ralentizando la entrada de las soluciones que abaratan el precio mayorista de la electricidad y la factura para todos los consumidores.
  3. La no aplicación del principio de “quien contamina, paga” al sector para que internalice todos sus costes ambientales y sociales. Al contrario, el Gobierno sigue subvencionando a las centrales más contaminantes: una reciente investigación de Greenpeace cuantifica estos pagos en casi 18.000 millones de euros en los últimos 20 años. Esto perpetúa la dependencia de las importaciones de materias primas caras y contaminantes como gas, carbón, petróleo y uranio, así como las consecuencias de sus emisiones o residuos producidos, manteniendo el derroche energético.

“La electricidad no dejará de subir mientras se siga produciendo con combustibles fósiles y sean las mismas empresas o grupos las que dominan todas las actividades del sistema eléctrico: producción, distribución y comercialización”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace. “Pedimos a la ministra de Transición Ecológica una tarifa y un mercado eléctricos que pongan a las personas y al planeta en el centro”.

Además, la organización señala que es imprescindible que las medidas para reducir la factura de la luz y la pobreza energética estén en línea con un Plan de Cambio Climático y Transición Energética que incluya el fin del oligopolio de las compañías eléctricas, el abandono ordenado del carbón y la energía nuclear antes del 2025 y el compromiso para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes del 2050.

Greenpeace ya demostró en 2014 que los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables (sin carbón ni nucleares), porque supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares. Según cálculos del estudio, solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un avance de las energías limpias y el abandono de las energías contaminantes y peligrosas generaría más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB.

Al mismo tiempo en Linz (Austria), donde hoy se reúnen los ministros de Energía de la UE para discutir las nuevas reglas del mercado eléctrico europeo, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta en la que exigen que se dejen de usar miles de millones de dinero público para financiar las subvenciones al carbón, el gas y la energía nuclear.

El responsable de política energética de Greenpeace UE, Sebastian Mang, ha señalado: “Muchos de estos líderes europeos se manifiestan públicamente como adalides de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo siguen financiando la energía sucia que calienta el planeta, contamina el medio ambiente y nos confina en un pasado fosilizado. Es hora de que dejen de desviar dinero público para mantener centrales no rentables y contaminantes en funcionamiento, y se comprometan por completo a hacer que la energía 100% renovable sea una realidad “.

Más información:

PROPUESTAS CONCRETAS

– Acabar con abusos de situación dominante en el mercado eléctrico

Hace al menos 17 años que las diferentes autoridades en materia de competencia están pendientes de vigilar y perseguir las manipulaciones de precios que realizan los grandes actores del mercado eléctrico y, sin embargo, las reglas del juego que les permiten hacerlo siguen intactas.

Greenpeace valora positivamente la reciente iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía y el grupo empresarial del que depende, pero entiende que no es suficiente y pide la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas y las reguladas, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales *

– Las personas en el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable

Greenpeace pide al Gobierno que garantice la participación ciudadana en paridad de condiciones en el sector eléctrico para generar, consumir, compartir, almacenar y gestionar su demanda de energías renovables tanto a nivel individual como colectivo. Según la organización esto es esencial para impulsar la transición energética a suficiente velocidad para salvar el clima y para asegurar el ejercicio del derecho a la energía y democratizar el sector energético.

Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno que:

  • Avance rápidamente en la legalización del autoconsumo tanto individual como colectivo en los términos de la Proposición de Ley de Autoconsumo;
  • Elimine el Impuesto al Sol y establezca un sistema de remuneración adecuada de la electricidad excedente;
  • Habilite la modalidad de autoconsumo virtual compartido entre diferentes puntos de conexión;
  • Reconozca el derecho de los consumidores a la propiedad y acceso en tiempo real a los datos de sus contadores eléctricos**;
  • Elimine o reduzca considerablemente el término fijo de la factura de la electricidad que supone una de las mayores barreras para el ahorro energético;
  • Regule la gestión de la gran hidráulica para maximizar la entrada de renovables y el abaratamiento de la factura en lugar que para maximizar los beneficios de las grandes empresas;
  • Reconozca la energía como derecho habilitando intervenciones contra la pobreza energética basadas en las energías renovables y sistemas de autoconsumo virtual colectivo y la rehabilitación energética de los edificios.

– Aplicar el principio de “quien contamina, paga” y eliminar las subvenciones de las energías contaminantes y peligrosas

La organización ecologista llama la atención sobre la necesidad de que las energías sucias carguen con todos los costes sociales y ambientales que crean. Abaratar artificialmente estas opciones (que a nivel mundial reciben más del doble de subvenciones que las energías renovables o la eficiencia energética) mantiene la dependencia desproporcionada a unas tecnologías obsoletas, contaminantes, peligrosas, caras e importadas como el carbón, el gas, el petróleo y el uranio. Además, expone a la economía española y a los hogares a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.

Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno que:

  • El fin de todas las subvenciones públicas y encubiertas que reciben estas centrales, empezando por:
  • Aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que se haga responsable de los impactos sociales y ambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes y residuos nucleares;
  • Eliminar los pagos por capacidad que una reciente investigación de Greenpeace cuantifica en casi 18.000 millones en los últimos 20 años;
  • Hacer que las empresas paguen el total del coste del desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de los residuos nucleares durante todo el tiempo que tengan niveles peligrosos de radiactividad;
  • Hacer pública y accesible toda la información sobre quién recibe las subvenciones del sector;
  • Eliminar los llamados “beneficios caídos del cielo” de los que disfrutan la energía nuclear y la gran hidráulica.

* Según la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el sector eléctrico, las comercializadoras (libres o reguladas) que pertenecen al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona suministraron al 82,0% del total de los consumidores. También, en la generación, las mismas empresas ostentan una posición que les permite ejercer poder de mercado ya que en los últimos años carbón, hidroeléctrica y gas han marcado el precio mayorista y estas plantas son mayoritariamente propiedad de los mismos cinco grupos empresariales. Además, en los mercados de ajustes las mismas cinco empresas concentran el 90% de la cuota de mercado (2016).

** A diciembre de 2017, el 91,27% de los contadores eléctricos era digital y efectivamente integrado en el sistema sin embargo, las distribuidoras no tienen obligación legal de dar acceso a los consumidores a sus propios datos en tiempo real para poder, por ejemplo, participar en esquemas de gestión de la demanda.

save your internet3Industria tecnologica, consumidores, internautas y startups rechazan la propuesta de Directiva de Copyright e instan al Gobierno a reconsiderar su postura.

Pedro Mier, presidente de AMETIC; Carina Szpilka, presidenta de ADIGITAL; José Luis Colás Giraldos, presidente de iCmedia; José Carrero García, presidente de ASGECO Confederación; Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups; y y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, se han unido para rechazar la propuesta de la Directiva Europea de Copyright realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y manifestar su sorpresa y decepción ante la postura del Gobierno sobre ésta. Además, es particularmente preocupante que no se ha contado con la opinión de los demás interesados, representantes de la industria tecnológica, usuarios, consumidores, internautas y startups

El pasado 5 de julio el Pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Directiva sobre Copyright realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
- La propuesta planteaba medidas que amenazan el funcionamiento de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en Europa y en España.
- El Ministro de Cultura y Deporte ha solicitado a los eurodiputados españoles el apoyo a esta propuesta de Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital.

AMETIC, Adigital, ASGECO, iCmedia, la Asociacion Española de Startups y la Asociación de Internautas se han unido para reinvindicar al ejecutivo que reconsidere su apoyo y se implique en la búsqueda de un texto mas equilibrado de cara a la votación del 12 de septiembre.

A lo largo de la tramitación parlamentaria, se ha producido una enorme movilización por parte de muchas organizaciones ciudadanas, civiles y de internautas criticando esta propuesta de directiva. Estas se han multiplicado tras el cierre en protesta por parte de Wikipedia el día 4 de julio y el rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta el pasado 5 de julio. No obstante, a pesar de la disconformidad generalizada, el Gobierno ha solicitado a los eurodiputados españoles que apoyen la redacción de la actual propuesta en la votación del próximo 12 de septiembre, sin que los sectores afectados hayan tenido la oportunidad de explicar los motivos por los que no la consideran la más adecuada.

Consumidores, internautas, startups y proveedores de servicios defendienden que los autores deben ser justamente remunerados, para ello existen otras medidas que pueden garantizar este derecho sin ser tan perjudiciales para el desarrollo del Mercado Único Digital, la economía innovadora y para el respeto de otros derechos fundamentales.
    
Así, solicitamos al Gobierno que reconsidere su postura, al entender que la propuesta de directiva incluye medidas que podrían ser altamente perjudiciales para el desarrollo de Internet, afectando negativamente tanto al desarrollo de los negocios en este ámbito, como al acceso a los contenidos por parte de los consumidores. Es fundamental obtener un equilibrio entre los derechos de los interesados sin perjudicar el ejercicio de otros derechos como el de libertad de expresión.

Algunas de las las principales implicaciones negativas tienen relación con:

  • La redacción actual de la propuesta supone, de facto, una obligación de filtrado convirtiendo a los proveedores en ?policías? de la web, debiendo monitorizar y filtrar activamente los contenidos compartidos por usuarios, con fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor, al reinterpretar el concepto de comunicación pública y hacer responsable al proveedor. Esta medida perjudica a la creación de contenidos generados por los usuarios, tanto en las redes sociales como en otros servicios en línea para compartir contenidos, dificulta el ejercicio de derechos fundamentales y supone una importante barrera de entrada a nuevas empresas, debido a la dificultad práctica y las inversiones necesarias para poner en marcha estos sistemas.
  • Perjudica la libertad de expresión en Internet, limita el derecho de acceso a la información y afecta de lleno a la privacidad e intimidad, acceso a la cultura y al derecho de libertad de negocio. La propuesta eleva los derechos de autor por encima de otros derechos fundamentales.
  • Convierte a las empresas proveedoras en jueces de las posibles infracciones, al mismo tiempo que presupone que los usuarios vulneran los derechos de propiedad intelectual. Los expertos en Ética y Derecho de la Información siempre han defendido la eficacia de la autorregulación o la co-regulación.
  • Supone un riesgo de fragmentación en la transposición de la Directiva en  cada país, lo que minaría el Mercado Único Digital que se pretende.
  • Establecería un cambio radical en la regulación, frente a la seguridad jurídica que ha aportado durante más de una década la Directiva de Comercio Electrónico, trasladando la responsabilidad del contenido a la plataforma, mero proveedor del servicio de alojamiento de contenidos.

Posición de las organizaciones

AMETIC, ADigital, iCmedia, ASGECO Confederación, la Asociación Española de Internautas solicitan al Gobierno, por un lado, que reconsidere la postura trasladada y explore medidas de auto y co-regulación (compliance), y a los eurodiputados españoles, por otro, que busquen un equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los ciudadanos y de las empresas innovadoras, teniendo en cuenta que:

  1. El control sobre la legalidad de los contenidos no puede ser sometido o juzgado de forma previa por una autoridad, un algoritmo o una herramienta tecnológica de filtrado: corresponde tan sólo los tribunales aplicar la ley civil o penal en cada caso.    
  2.  Los responsables de actos como plagio o piratería son los autores de tal acto, y no se puede considerar a un servicio de Internet como si fuera un cómplice o cooperador necesario.
  3. La defensa del actual régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de alojamiento, ya que ha demostrado su eficacia, buena fe y rápida actuación en la protección efectiva de los derechos de autor.
Asociación de Internautas