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Árbol de Noticias

La información al alcance de todos

 

ai3Desde el pasado viernes España cuenta con un nuevo Presidente del Gobierno, elegido por primera vez mediante una moción de censura. Pedro Sanchez liderará un ejecutivo cuyos responsables conoceremos en los próximos días y el responsable de Industria y la denominada Agenda Digital tendrá por delante importantes tareas que afectarán de lleno al sector de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y que a continuación relacionamos:

- Reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Además de informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Consejo no ha sido convocado durante el mandato del José María Lasalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital de España en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital desde 2016 , a pesar de que el gobierno ha hecho propuestas legislativas como la que proponía acabar con el anonimato en Internet, calificada desde la sociedad civil como un intento de recortar las libertades en Internet, y un ataque "muy grave" contra derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica.

-La presentación Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin consulta previa a organismos de representación como el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI y que muy posiblemente vulnere el artículo 18.4 de la Constitución que señala que la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En esta ocasión, el desarrollo del PNR vulnera este precepto y puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos. Ser ciudadanos de cristal, donde el Estado conozca muchos de nuestros datos personales.

- En cambio, el DNI electrónico adolece de una Ley Orgánica que garantice la gestión, desarrollo y funcionamiento de este documento vital para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como facilitar su funcionamiento.

- Tampoco el Gobierno de España se ha ocupado de desarrollar una necesaria Ley Orgánica sobre la interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca las garantías necesarias para que el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía.

-Donde sí tendrá más que hacer el nuevo responsable para la Sociedad de la información será en lo referente al 5G. España que los operadores puedan desplegar cuanto antes la red de quinta generación que revolucionará no solo el sector, Mientras otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía estamos pendiente de la primera subasta, la que afecta a la banda de los 3,6 GHz que se pondrá en marcha en julio. Todos los expertos del sector coínciden en señalar que .. “En cada subasta la CNMC sugiere las normas que las deberían regir pero la última palabra la tiene siempre el Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que alberga en su seno. Así, el Ministerio saliente dictó precios de salida asequibles y un pago a plazo para los que se hagan con licencias en la banda de los 3,6 GHz. También ha impedido la participación de pequeños operadores, estableciendo un mínimo de facturación necesario, o la de fondos de inversión, pidiendo "solvencia profesional". El nuevo Ministro de Industria no debería alterar esa subasta, para no retrasarla, pero sí debería ponerse a trabajar desde ya en la subasta clave, la de los 700 MHz, que según el actual Plan Nacional 5G no se produciría hasta 2019. Los operadores se mostraron satisfechos con las condiciones para la subasta de la banda de los 3,6 GHz, pero la duda es si a la siguiente subasta se le aplicarán las mismas condiciones o si habrá otras que puedan afectar al resultado final”... Evidentemente los precios de salida de la subasta de los 700 MHz serán más altos, al ser la banda más deseada, pero mantener el pago aplazado de las licencias favorecería un despliegue más rápido, al contar los operadores con más caja para ejecutarlos. Además, se deberá tratar con sumo cuidado el número de bloques que se pondrá a disposición de los operadores y los límites de compra, ya que pueden ser determinantes.

- Por otro lado y buscando cubrir las zonas no rentables para los operadores, el Gobierno aprobó en marzo un plan dotado con 525 millones de euros para que todos los españoles cuenten con conexiones de fibra de al menos 300 Mbps en 2021. En este plan podría intervenir el nuevo Gobierno, ya que las partidas se distribuyen en distintos años, aunque no parece conveniente dado que es difícil que la iniciativa privada llegue algún día a cubrir todo el territorio nacional.

- Por último, exigimos que se solicite al Ministerio de Cultura que se atenga a los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del Canon Digital aprobado ya que de no existir estaríamos ante un presunto fraude de ley y por ese motivo qué se rechace el Real Decreto en tantno haya un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo.

Asociación de Internautas

ai3El Consejo Europeo nos sirve un cocktail letal del copyright: impuesto a recortes de prensa y filtros de subida. El 25 de mayo, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros en la U.E. (COREPER) fue coaccionado para acordar estar de acuerdo sobre algo en los debates sobre la Directiva del Copyright en el Mercado Único Digital.

Y el resultado es terrorífico: cada uno de los venenos que se pusieron sobre la mesa por la Comisión Europea fue intensificado y mezclado en un cóctel letal para los ciudadanos de la Unión Europea, los actores institucionales, las start-ups y las grandes empresas (excepto para los propietarios de los derechos) así como para los creadores que se desarrollan en el entorno digital.

"Una fuerte responsabilidad recae ahora sobre el Parlamento Europeo: defender los derechos de millones de ciudadanos, de los pequeños emprendedores, los creadores, los profesionales de la comunidad del conocimiento, y de todos los usuarios que acceden a la Red y asegurar que a los impuestos sobre los recortes de prensa y a la maquinaria de censura no se les permita colarse en nuestras vidas."

Caroline de Cock, Coordinadora de la Coalición C4C (Copyright por la Creatividad)

Hemos profundizado en detalle en repetidas ocasiones sobre los (muchos) fallos del texto del Consejo así que ahora es el momento de ser concisos:

-este texto no desarrolla de ninguna manera un mercado único digital.

-crea unos impuestos inmanejables a recortes de prensa y a enlaces para el conjunto de la Internet europea; y

-obliga a instalar filtros de subida que bloquearán contenidos antes incluso de que aparezcan online, bajo el control de empresas privadas.

El daño se ha hecho por tanto en el Consejo, bajo la guía de un par de grandes Estados Miembros y de la Comisión Europea. Un ligero aspecto positivo es que aparentemente varios Estados Miembros, incluyendo a Alemania, votaron en contra. Sin embargo, no fueron suficientes los que alzaron su voz para evitar que esto ocurra, lo cual sigue siendo una vergüenza.

Sobre la Coalición Copyright for Creativity (C4C)

Creada en 2010, Copyright for Creativity (C4C) es una coalición de amplio espectro que persigue un debate informado sobre cómo el copyright puede promover más de forma efectiva la innovación, el acceso, y la creatividad. C4C representa a bibliotecas, instituciones científicas y de investigación, consumidores, grupos de derechos digitales, empresas tecnológicas, instituciones educativas y del patrimonio cultural que comparten una misma visión sobre el copyright representada en la Declaración y el Manifiesto del Copyright de C4C. Aquí la lista completa de firmantes.

C4C está registrada en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

Nota de la Asociación de Internautas : si esto nos parece una vergüenza , más vergüenza nos parece que España (junto a Francia, Italia y Portugal) siga siendo la voz de su amo en relación a las peores prácticas de las diferentes SGAEs que llevamos demasiado tiempo padeciendo en este país, y que hayan liderado semejante resultado. Una vergüenza para Europa encabezada entre otros por el Gobierno de España.

http://www.internautas.org/

GreenPeace sol

- Greenpeace ha decidido dotar de energía fotovoltaica al edificio ya que el Gobierno solo aprovecha el 1,25% de su potencial solar, reflejo del boicot a las renovables y al autoconsumo

- Activistas de la ONG están realizando otra instalación solar en la fachada del Parlamento Europeo en Bruselas, mientras se negocia la nueva Directiva de Renovables

- Se han hecho entrega de más de 100.000 firmas que piden el fin del “impuesto al sol” y leyes que prioricen a las personas y el planeta frente a las eléctricas

- Con esta acción Greenpeace se une a las movilizaciones internacionales contra los combustibles fósiles “Break Free From Fossil Fuels”

Madrid, 17 de mayo de 2018-. Escaladores de Greenpeace han colocado esta mañana placas solares en la fachada del edificio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (c/ Poeta Joan Maragall, Madrid) y desplegado pancartas con los lemas: “El sol es de todos” y “No impuesto al sol”. Con esta acción, la organización ha querido hacer simbólicamente lo que los políticos no están haciendo: aprovechar la energía del sol para producir energía y denunciar el boicot y falta de apoyo del Gobierno a las energías renovables, como demuestran su política energética y la falta de instalaciones solares en los edificios oficiales.

FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO DISPONIBLES (PRÓXIMAMENTE) AQUÍ

Ya que no lo hace el Gobierno, hemos decidido hacerlo nosotros. En el país del sol, el autoconsumo no es un coste. Sí lo es desaprovechar las únicas fuentes autóctonas de energía que tenemos y quedar a la merced de los mercados energéticos internacionales”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace. “El Gobierno ha de priorizar a las personas y al planeta frente a los beneficios de las grandes empresas eléctricas aquí y en las negociaciones internacionales”.

Ayer Greenpeace desvelaba que solo con el 50% de los tejados de los 15 ministerios se podrían generar cada año 9,7 GWh de energía limpia con una reducción de 2.500 toneladas de CO2 anual. Al autoabastecerse con energía solar, estos edificios, ahorrarían casi 27 millones de euros en 25 años a las arcas del Estado y, con la revocación del impuesto al sol, la cifra subiría a casi 33 millones.

Paralelamente en Bruselas, Greenpeace está realizando otra instalación solar en la fachada del Parlamento Europeo, coincidiendo con un encuentro crucial para la negociación de la nueva Directiva Europea de Renovables. Esta tarde en el Parlamento europeo tendrá lugar la penúltima ronda de negociaciones trilaterales entre Consejo, Comisión y Parlamento europeo sobre la nueva Directiva Europea de Energías Renovables que marcará el papel de las energías limpias en el sistema energético comunitario hacia 2030, así como los derechos de las personas que quieran producir, almacenar, compartir y vender electricidad renovable. Esto tendrá un gran impacto en el verdadero rumbo de la UE para cumplir el acuerdo climático de París.

Hasta ahora, el Parlamento Europeo ha defendido los derechos de las familias, las pequeñas empresas o las autoridades locales para colocar paneles solares en sus techos o unirse a parques eólicos cooperativos, sin “impuesto al sol”, sin tarifas punitivas ni excesivos trámites burocráticos. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, y especialmente el de España, quieren mantener el sistema energético firmemente en manos de un pequeño grupo de compañías eléctricas que están contaminando el aire que respiramos y causando el cambio climático al quemar combustibles fósiles como el carbón.

Los activistas también han entregado en el registro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital más de 100.000 firmas recogidas en España para pedir al presidente Rajoy el fin del “impuesto al sol” y una apuesta por leyes que prioricen a las personas frente a las eléctricas. A lo largo de este año, el Gobierno español está negociando tanto en Europa como a nivel nacional tres procesos que van a marcar la política energética: las directivas europeas de renovables y de diseño del mercado eléctrico común; La Ley nacional de Cambio Climático y Transición Energética. Estas leyes pueden marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático.

Con estas dos acciones Greenpeace se une a las movilizaciones internacionales contra los combustibles fósiles Break Free From Fossil Fuels con el objetivo de garantizar alternativas para un nuevo modelo energético 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de las personas.

Rajoy sigue prometiendo liderazgo en la lucha contra el cambio climático mientras en realidad su Ministro de Energía ataca el derecho ciudadano al autoconsumo y sigue apoyando con dinero público las fuentes más contaminantes de energía como el carbón, el gas o la energía nuclear. Es hora de transformar las palabras en acción”, ha concluido Pizzinato.

gofundme2

Clara Zamorano, Ana Berrocal y Mar García, ingenieras de la ETSI de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, han creado CAMINOSsinplástico, un proyecto para reducir el uso del plástico en la sociedad. Estas ecologistas viajarán hasta Costa Rica para tratar de frenar la contaminación del Parque Nacional de Corcovado.

El próximo mes de agosto viajarán junto con dos compañeros hasta el país centroamericano con mayor biodiversidad del planeta para acabar con los focos de vertido de plástico que contaminan sus costas. “Vamos a desarrollar un programa de sensibilización ambiental para el desarrollo de un turismo responsable, además de evitar la llegada de plásticos a las costas del Parque Nacional y estudiar la afección de la contaminación plástica a la vida marina de la zona”, explican las protagonistas.

Este proyecto de cooperación internacional nace a partir de la iniciativa Cero Oferta-Cero Demanda iniciada por este grupo de ingenieros de la UPM para sensibilizar al ámbito universitario del consumo irracional de plásticos de un solo uso. “Comenzamos este proyecto en octubre del año pasado y ya somos un equipo de 20 personas con muchas ganas de cambiar nuestro entorno”, afirman las fundadoras de CAMINOSsinplástico.

Estas luchadoras han iniciado una campaña de crowdfunding en GoFundMe para recaudar los 9.000 euros con los que pagarán el alquiler del transporte necesario para desarrollar su trabajo de campo en el Parque Nacional de Corcovado y el coste de los billetes de avión a Costa Rica.

GreNPEACE NO OIL IBIZA SUBACUATICA

- Greenpeace se opone a la realización del proyecto MedSalt-2 y apoya la movilización ciudadana contra este proyecto impulsada por Alianza Mar Blava.

- Las organizaciones vuelven a exigir al Gobierno central una ley que prohíba las prospecciones de hidrocarburos en el mar.

- El proyecto, directamente vinculado con la industria petrolera, provocaría un impacto ambiental y económico crítico para toda la región.

La organización ecologista Greenpeace y la plataforma intersectorial Alianza Mar Blava han denunciado esta mañana en rueda de prensa en Palma de Mallorca las irregularidades del proyecto de prospecciones MedSalt-2, promovido por el Instituto Nazionale di Oceanografía e di Geofisica Sperimentale de Trieste (Italia) en el área marina comprendida entre las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera, de extraordinario valor ecológico. Este proyecto, archivado en 2016, ha sido de nuevo activado por el Gobierno central.

Las organizaciones han explicado que el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de abril de 2018 por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para dar inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto ‘Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)’ presenta numerosas deficiencias e importantes incumplimientos y por ello resulta obligado que se acuerde la suspensión del trámite de información pública de este proyecto.

Rechazo masivo de la sociedad

Greenpeace y Alianza Mar Blava consideran que el proyecto MedSalt-2 no debe ser autorizado, sea cual sea su finalidad, pues su impacto medioambiental es inasumible dado que conlleva la utilización de cañones de aire comprimido (air guns). Esta técnica genera un enorme nivel de contaminación acústica submarina, que, como se ha demostrado científicamente, sería enormemente dañina para la fauna marina de la zona, que incluye cachalotes, zifios, delfines y otros cetáceos, tortugas, aves, invertebrados, así como especies de peces de interés comercial. El área marina que se vería afectada es de gran importancia para numerosas especies protegidas y en riesgo de extinción.

Todavía tenemos tiempo de parar este sinsentido. El rechazo masivo de la sociedad debería forzar al Gobierno a entrar en razón y archivar definitivamente este proyecto. Greenpeace apoya decididamente la movilización ciudadana impulsada por Alianza Mar Blava y otros colectivos contra este proyecto que, de llevarse a cabo, cambiaría sustancialmente la economía y las costumbres de las zonas afectadas”, ha señalado Julio Barea, portavoz de la organización ecologista.

Las dos entidades han destacado, además, que el proyecto MedSalt-2 está ligado a los intereses de las empresas petroleras, como demuestra el documento ‘Memorandum of Understanding for the implementation of the COST Action “Uncovering the Mediterranean salt giant” (MEDSALT) CA15103’, que es la base del proyecto COST/MEDSALT (COST Action CA15103).

Entre otras muchas referencias al respecto en ese documento, se puede leer que “en el corto plazo, la Acción [COST/MEDSALT] impulsará la exploración industrial de recursos de hidrocarburos en el sensible ambiente del mar Mediterráneo”. En otro párrafo, se asegura que(….) siete compañías del sector del petróleo y del gas y de compañías de servicios petroleros activas en el Mediterráneo han expresado de forma escrita su interés en la Acción [COST/ MEDSALT]. (…)”

La extracción de hidrocarburos no sólo degrada los ecosistemas y la biodiversidad marina -ya de por sí enormemente dañados por la sobrepesca, la contaminación o el cambio climático-, también aumenta la presión y los riesgos en otros sectores económicos como la pesca o el turismo y daña gravemente a las comunidades locales. Por ello, ambas entidades urgen al Gobierno español a aprobar una ley que prohíba las prospección de hidrocarburos en el mar.

El Gobierno no puede hacer oídos sordos a las demandas de toda la sociedad civil y de las instituciones de Baleares en contra de las prospecciones”, ha concluido Carlos Bravo, coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

Causas de nulidad del anuncio de tramitación del proyecto publicado en el BOE

El análisis jurídico del citado anuncio de inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto MedSalt-2, publicado en el BOE por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del MAEC, ha desvelado un importante conjunto de defectos y vulneraciones de la legislación vigente. Estos son:

  1. Incumplimiento del plazo

El anuncio incumple de forma manifiesta el artículo 36.1 de la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental al establecer el plazo de “un mes” para la fase de información pública cuando esta Ley establece que será durante “un plazo no inferior a treinta días, previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda y, en su caso, en su sede electrónica”. El incumplimiento se produce porque las reglas del cómputo de plazos por días excluyen sábados, domingos y fiestas (artículo 30 de la Ley 39/2015).

  1. Incumplimiento de las obligaciones de difusión

Se vulnera el artículo 6.2 de la Directiva 2011/92/UE y el artículo 36.3 de la Ley 21/2013 que tratan de garantizar la participación efectiva del público interesado en los procedimientos de toma de decisiones. La norma nacional establece que “(…) se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios de comunicación y electrónicos”. Sin embargo, el MAEC se ha conformado con la mera publicación del anuncio en el BOE, lo cual no garantiza la máxima difusión exigida por la normativa.

  1. Incumplimiento de las obligaciones de difusión de la información mínima

El MAEC ha incumplido la obligación establecida en el artículo 6.2 de la Directiva 2011/92/UE al no facilitar, entre otras cosas, la información de la solicitud de la autorización del proyecto, la indicación de la disponibilidad de la información presentada por el promotor y las modalidades concretas de información al público (por ejemplo, mediante la colocación de carteles en un radio determinado o la publicación de anuncios en la prensa local) y de consulta al público interesado (por ejemplo, mediante el envío de notificaciones escritas).

  1. Incumplimiento de las obligaciones de transparencia

Es un hecho indiscutible que el MAEC no ha cumplido la obligación de publicar los documentos sometidos a información pública exigida por el artículo 6.5 de la Directiva 2011/92/UE y el artículo 7.e de la Ley 19/2013, ya que el anuncio indica que para acceder a la documentación hay que solicitarla.

  1. Incumplimiento de la obligación de consultas institucionales

El MAEC incumple el artículo 6.1 de la Directiva 2011/92/UE al no haber realizado las consultas a las autoridades autonómicas y locales que podían estar interesadas en el proyecto.

  1. Incumplimiento de la obligación de consultas transfronterizas

El anuncio del MAEC no especifica que el proyecto tiene que ser sometido a la tramitación correspondiente a los proyectos con impactos transfronterizos debido a la amplitud territorial que tiene la transmisión del ruido en las aguas marinas. En concreto, se incumplen los artículos 7 de la Directiva 2011/92/UE y 49.1 de la Ley 21/2013 al no haber informado y realizado las consultas transfronterizas al menos con Italia.