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La información al alcance de todos

 

ai3Recuerdan que han exigido ya en dos ocasiones y por escrito, la última en el mes de marzo de 2018, la realización de un estudio de impacto antes de aplicar unas tarifas que benefician claramente a las entidades de gestión y perjudican a los ciudadanos. Solicitan el cese inmediato de Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales, ya que ha tenido y tiene intereses en la SGAE según han publicado diferentes medios de comunicación y por tanto está invalidada para el cargo que ejerce.

Con la reciente publicación en el BOE del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno sigue sin cumplir con el mandato que tenía de determinar de forma justificada antes del 1 de agosto de 2018 los equipos sujetos al canon por copia privada y las tarifas correspondientes. El nuevo Real Decreto solo regula el procedimiento de excepciones y sigue manteniendo el listado transitorio de tarifas y equipos que beneficia claramente a las entidades de gestión en perjuicio de los ciudadanos.

 

Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas ”El Ministerio de Cultura no se ha atenido a los estudios de impacto realizados en el pasado que deberían servir para fijar de forma equitativa las tarifas del Canon Digital, y mantiene un sistema de Canon Digital que supone unos ingresos desproporcionados para las entidades de gestión a costa de los ciudadanos. Además ha hurtado un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo de que los usuarios empresariales y profesionales no deben pagar canon en ningún caso, todo esto con la connivencia del Secretario de Estado para la Agenda Digital que debería de oponerse a una medida que claramente perjudica a los emprendedores digitales y a todos los ciudadanos.”

El sistema de certificados de exceptuación y solicitudes de reembolso previsto en la normativa aprobada por el Gobierno es más que complicado para las empresas y profesionales que deberían estar exentas por defecto, sin necesidad de certificado alguno. Prueba de ello es el reducidísimo número de empresas y profesionales que consta han solicitado en el último año y medio la exceptuación de pago, ya que por un lado se trata de un proceso complejo definido para desincentivar a los muchos que no deberían pagar y por otro lado no son grandes cantidades consideradas de forma individual, aunque sí lo son de forma global. Todo ello beneficia, de nuevo, a las entidades de gestión. Se da además la circunstancia de que quien tiene que emitir los certificados de exceptuación son las propias entidades que se benefician de la aplicación de un canon indiscriminado. Y además, quien ha de resolver los conflictos relacionados con la concesión de los certificados de exceptuación y las solicitudes de reembolsos del pago de la compensación es la Dirección General de Industrias Culturales, cuya Directora General tiene intereses directos con la principal entidad de gestión, SGAE.

En opinión de Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de InternetLa excepción de copia privada ya no tiene ningún sentido, ya que prácticamente no se utiliza, ahora pagamos por las copias licenciadas que hacemos en los múltiples servicios digitales que están disponibles. Por ello, el mantenimiento de la excepción es solo una excusa para justificar pagos multimillonarios que el Gobierno hace a las entidades de gestión, presumiblemente para tener a los artistas de renombre de su lado, que son los que se embolsan más del 90% de lo que se reparte. Pero todo esto va a cuenta de los ciudadanos que pagamos doble, primero por la licencia del contenido que consumimos y después por un canon por unas copias privadas que ya no hacemos. Por ello denunciamos estas decisiones administrativas tomadas a sabiendas de que son injustas, en nuestra opinión, un comportamiento abusivo que no podemos admitir”.

Las asociaciones exigen la reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática.

Las Asociaciones de Usuarios y de Internautas ya han presentado ante el Gobierno, en repetidas ocasiones, las más de 3.000.000 de firmas recogidas por la plataforma “Todos Contra el Canon” en cuyo manifiesto se plantea desde el comienzo una alternativa que no requiere de un Canon indiscriminado e injusto que solo beneficia a los autores consagrados y a los intermediarios.

https://www.internautas.org/html/10166.html

ai3La directiva de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de setiembre no satisface a los expertos y a la sociedad civil y socioprofesional  que ven aún lagunas en su articulado y queen estos momentos se está llevando a cabo un Trilogo,  que son negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, de donde tendrá que salir el artículado definitivo de la Directiva y cuya finalización y resultados se desconocen.

Básicamente los artículos en cuestión aprobados en la votación de setiembre en el Parlamento Europeo son los siguientes:

Conforme al Artículo 13, los titulares de derechos obtendrían un mayor control sobre cómo las obras protegidas por derechos de autor pueden compartirse en plataformas en línea. Les permitirá obligar a las plataformas a filtrar el contenido de forma que tenga un impacto negativo en los derechos de los usuarios.  

De acuerdo con el Artículo 11, los editores de prensa obtendrían un derecho completamente nuevo que les permitirá controlar cómo accedemos y hacemos referencia a las publicaciones de prensa.

 Conforme al Artículo 3, los titulares de los derechos obtendrían el derecho de impedir que otra persona que no sean investigadores científicos utilice computadoras para analizar la información contenida en las obras legalmente accesibles.

 Según el Artículo 12a, los organizadores de eventos deportivos se convertirían en titulares de derechos de autor, lo que les permitiría prohibir a cualquier persona compartir fotos u otras grabaciones de eventos deportivos.

Bajo el nuevo Artículo 13b, los motores de búsqueda de imágenes necesitarían obtener licencias incluso para las imágenes de vista previa más pequeñas que muestran como resultados de búsqueda.

Hay una excepción educativa ligeramente fortalecida y mejores mecanismos que permitan a las instituciones de patrimonio cultural proporcionar acceso a obras fuera del comercio, pero en conjunto el resultado de la votación de setiembre equivale a un debilitamiento sustancial del dominio público.

En el escrito que la Asociación de Internautas junto a 53 ONGs europeas mandó al Embajador del Consejo de Europa , explicamos ,   https://www.internautas.org/html/10139.html  muy claramente el motivo de nuestro totalñ rechazo a los artículos 11 y 13 por las consecuencias negativas que su aplicación puedan traer al desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Básicamente la implantación de tasas por el enlace y la inccorporación de las denomaminadas maquinas para la censura en las plataformas digitales.

Paralelamente, cabe destacar la importante movilización socioprofesional que se está produciendo en Europa, ante la falta de transparencia y opacidad en las que se estan dando las negociaciones cara a presentar un texto definitivo a votación por el Parlamento europeo, el próximo mes de enero, y que se plasma en la recogida de cerca de 4.000.000 millones de firmas bajo el titulo: “Deten la Máquina de la Censura: ¡salva Internet!” 

https://www.change.org/p/european-parliament-deten-la-m%C3%A1quina-de-la-censura-salva-internet

Asociación de Internautas

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La Asociación de Internautas  junto con otras cincuenta y tres ONGs , ha enviado una carta al Consejo de la Unión Europea  sobre la nueva Directiva de derechos de autor, antes de una reunión crucial sobre este asunto que mantendrán este viernes 23 de noviembre.

En el escrito, las entidades firmantes (entre las que se encuentras encuentran EDRI, Electronic Frontier Foundation o Wikimedia -organización matriz de Wikipedia-) llaman la atención sobre las preocupaciones que comparten ante la posible aprobación de esta reforma, como las consecuencias para la libertad de expresión del filtrado automático de contenidos (artículo 13) o los derechos de los editores (artículo 11).

“La aplicación de los derechos de autor no debe convertirse en una censura preventiva, arbitraria y privatizada de contenidos legales”, se advierte en el documento.

 

Su Excelencia Embajador Adjunto:

Nosotros, los abajo firmantes, le escribimos antes de la reunión de COREPER 1 del 23 de noviembre, en la que la Presidencia austriaca del Consejo analizará los derechos de autor en el mercado único digital. Consideramos que es demasiado pronto en esta etapa otorgar un mandato renovado a la Presidencia austriaca.

Representamos a organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles, privacidad y de libertad de medios; desarrolladores de software; creadores; periodistas; cadenas de radio; instituciones de educación superior e instituciones de investigación. Nos gustaría llamar su atención sobre nuestras preocupaciones actuales con respecto a la propuesta.

Creemos que tanto el texto del Consejo como el del Parlamento corren el riesgo de crear graves impedimentos para el funcionamiento de Internet y la libertad de expresión de todos.

En las cartas abiertas anteriores del 26 de abril (aquí) y del 2 de julio (aquí), instamos a los responsables políticos europeos a que implementen una reforma que defienda el derecho fundamental de todos a la libertad de expresión, así como principios esenciales como la limitación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet (que es crucial para garantizar el equilibrio de derechos exigido en repetidas ocasiones por las decisiones del TJUE) y el acceso al conocimiento.

En las negociaciones actuales, estos valores están severamente amenazados, fundamentalmente debido a:

Art º. 13 (sistemas de filtrado)

Cambiar o reinterpretar el régimen de responsabilidad de las plataformas y hacerlas directamente responsables es una amenaza para los derechos fundamentales, como han declarado repetidamente más de 70 personalidades de Internet, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, ONGs, programadores y académicos . El filtrado resultante (“tecnologías de reconocimiento de contenido”) empujarían a los intermediarios de Internet a confiar en tecnologías propensas a errores, intrusivas y legalmente cuestionables (1).

Confiar en algoritmos muy imperfectos para regular la libertad de expresión online pondrá en riesgo la diversidad de opiniones y el contenido creativo. ç

La inseguridad jurídica creada para las empresas europeas significará que nunca sabrán qué cantidad de filtrado será suficiente para que se considere “suficiente” para las 27 transposiciones nacionales de la Directiva. La única opción será el bloqueo de contenidos legales.

Art º. 11 (derecho de los editores de prensa)

Según lo analizado por una gran cantidad de académicos (consulte aquí y aquí, por ejemplo), no es necesario un derecho de los editores de prensa y solo tendrá resultados perjudiciales. Además, como resultado de esta propuesta, los enlaces compartidos por los usuarios en las redes sociales, los sitios web de agregación de noticias y los motores de búsqueda ya no mostrarán extractos o dejarán de estar disponibles, lo que creará límites a la libertad de los ciudadanos para buscar e impartir información. La pluralidad de los medios sufrirá a medida que las fuentes de noticias nuevas o innovadoras ya no se tratarán por igual en la visualización de resultados en Internet. Además, el contenido creado por los usuarios en plataformas ya no podrá incluir extractos de trabajos con licencia, ya que las reglas de cotización entre los países europeos no están armonizadas.

Por tanto, para las negociaciones de trílogo en curso, lo instamos a rechazar los filtros obligatorios o “voluntarios” y mantener el régimen de responsabilidad actual intacto.

La aplicación de los derechos de autor no debe convertirse en una censura preventiva, arbitraria y privatizada de contenidos legales.

Además, le pedimos que escuche la voz de la investigación académica alertando de que el derecho de los editores de prensa no tendrá el efecto deseado y, en cambio, conducirá a una sociedad europea menos informada.

Por todas las razones anteriores, le pedimos que adopte una postura firme respecto de los derechos de los ciudadanos y la economía digital europea en las negociaciones en curso de diálogo a tres bandas. Le pedimos que defienda un derecho de autor que respete los cimientos de una sociedad digital libre, innovadora y abierta que ofrece un mercado vibrante y abierto para los artistas y sus obras.

Atentamente,

EUROPA
1. Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
2. European Digital Learning Network (DLEARN)
3. European Digital Rights (EDRi)
4. European Network for Copyright in Support of Education and Science (ENCES)
5. Knowledge Ecology International Europe (KEI Europe)
6. Free Knowledge Advocacy Group EU AUSTRIA
7. epicenter.works – for digital rights
8. Freischreiber – Verein zur Förderung des freien Journalismus

BÉLGICA
9. KlasCement.net

BULGARIA
10. Bulgarian Helsinki Committee

CROACIAA
11.Digital DemoCroatia

REPÚBLICA CHECA
12. EDUin

DINAMARCA
13. IT-Political Association of Denmark

ESTONIA
14. Estonian Human Rights Centre

FRANCIA
15. Wikimédia France

ALEMANIA
16. Chaos Computer Club
17. Digitale Gesellschaft e.V.
18. Freischreiber
19. Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht (IGEL)
20. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
21. Wikimedia Deutschland

GRECIA
22. Open Technologies Alliance – GFOSS (Greek Free Open Source Software Society)

ITALIA
23. Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

LUXEMBURGO
24. Frënn vun der Ënn

HOLANDA
25. Bits of Freedom (BoF)
26. Kennisland

NORUEGA
27. Elektronisk Forpost Norge

POLONIA
28. Centrum Cyfrowe
29. ePa ń stwo Foundation

PORTUGAL
30. Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais (D³)
31. Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

RUMANÍA
32. ActiveWatch
33. APADOR-CH (Romanian Helsinki Committee)
34. Association for Technology and Internet (ApTI)
35. Centrul pentru Inovare Public ă (Center for Public Innovation)
36. Digital Citizens Romania

ESLOVENIA
37. Digitas Institute
38. Forum za digitalno družbo (Digital Society Forum)
39. Intellectual Property Institute

ESPAÑA
40. Asociación de Internautas
41. Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
42. Rights International Spain
43. Xnet

SUECIA
44. Wikimedia Sverige

REINO UNIDO
45. Open Rights Group (ORG)
46. Statewatch

GLOBAL
47. Association for Progressive Communications (APC)
48. Center for Democracy & Technology (CDT)
49. COMMUNIA Association
50. Creative Commons
51. Electronic Frontier Foundation (EFF)
52. Open Knowledge International
53. OpenMedia
54. Wikimedia

Asociación De Internautas

ai3El Día de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), una norma que legaliza el envío de propaganda política a partir de una recopilación de datos personales de los ciudadanos.

La ley permite a los partidos la posibilidad de recopilar datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento expreso. Esta medida da pie a realizar perfiles ideológicos y personalizar la propaganda electoral.

El problema va más allá de la molestia de la propaganda: el mayor peligro está en los usos ilícitos que se pueden hacer por el hecho de tener una lista de personas y sus pensamientos ideológicos en manos de un partido. 

Esto es así porque la disposición final tercera de la nueva norma modifica la Ley Electoral introduciendo un nuevo artículo ’58 bis’ sobre el uso de tecnologías e internet con fines de propaganda electoral saltándose las medidas garantistas del propio Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Formulario colaborativo para impedir el rastreo ideológico

Para que estas prácticas tan graves y peligrosas no puedan llevarse a cabo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas (AI) y expertos juristas lanzan un formulario para impedir que los partidos puedan crear bases de datos con las opiniones políticas de los ciudadanos.

El documento ha sido elaborado por los letrados: Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra (451.legal), Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina.

Mediante este documento, los ciudadanos pueden solicitar el acceso a los datos personales que obren en las bases de datos de los partidos, pidiendo que se indique su origen “y los tratamientos a los que se han visto afectados, en especial, la creación de cualquier tipo de perfil y el resto de información recogida en el artículo 15 del RGPD [Reglamento Europeo de Protección de Datos]”.

Junto a ello se ejerce, mediante este escrito, el derecho a oponerse al tratamiento de esos datos “teniendo en consideración que no se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 6 del RGPD para que sea lícito” dicho tratamiento.

Del mismo modo se manifiesta la oposición “a cualquier almacenamiento o tratamiento de datos personales mediante perfiles ideológicos, por estar expresamente prohibida la creación de bases de datos de opiniones políticas por el artículo 9 del RGPD”.

Finalmente se requiere a proceder a la supresión de cualquier dato personal y que se “notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada”.

Además, “en el supuesto de que dichos datos se encuentren almacenados en una base de datos de perfiles ideológicos” se solicita expresamente “la eliminación de dicha base de datos por ser manifiestamente ilícita”.

¿Cómo utilizar el formulario para evitar que los partidos políticos te espien?

Cualquier ciudadano puede imprimir este documento, rellenarlo y entregarlo o enviarlo a las sedes de los partidos políticos. Será trabajoso, ya que hay que enviar la solicitud a todos los partidos políticos que no queramos que tengan nuestros datos.

El formulario puede enviarse a partir del 7 de diciembre de 2018, que es cuando entra en vigor la ley. Debe ser enviado por correo postal o a la cuenta de correo electrónico de cada partido político que queramos: electrónico de cada partido político que queramos:

PARTIDOURLEMAILPOSTAL
PSOE http://www.psoe.es/politica-privacidad/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
PP http://www.pp.es/politica-privacidad Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Partido Popular, calle Génova, 13, 28004, Madrid, especificando: "RGPD".
Ciudadanos https://www.ciudadanos-cs.org/legal/politica-de-privacidad Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Podemos https://participa.podemos.info/es/privacy-policy Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. PODEMOS PARTIDO POLÍTICO, Calle Zurita, núm. 21 28012 Madrid
Izquierda Unida http://uar.izquierda-unida.es/simpatizante.php Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. IZQUIERDA UNIDA FEDERAL, Calle Olimpo 35 28043 Madrid / Teléfono: 917227500 Fax: 913880405
VOX https://www.voxespana.es/proteccion-datos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. VOX C/ Diego de León, 60, planta 1ª esc. Izq. 28006 Madrid
ERC https://www.esquerra.cat/ca/politicaprotecciodades Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
PSC http://www.socialistes.cat/es/pagina/politica-de-privacitat Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA C/ Pallars 191, 08005 de Barcelona Telf:93 495 5400
PDeCAT https://www.partitdemocrata.cat/</td> Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), C/ Provença, núm. 339 (08037 Barcelona)
PNV https://www.eaj-pnv.eus/aviso-legal/
Compromís https://compromis.net/avis-legal/ Compromís PLAÇA DEL PILAR 1, 46001 VALENCIÁ
Equo http://partidoequo.es/aviso-legal/</td> EQUO, C/ Martín de Vargas, 7, 28005, Madrid
En Marea https://enmarea.gal/aviso-legal/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. EN MAREA - PRAZA HORTA DE ABAIXO 5B - 4A, 15220 - BERTAMIRANS, AMES (A CORUÑA) - Teléfono: 881972355
En Comú Podem http://encomupodem.cat/politica-de-privacidad/?lang=es/td> EN COMÚ PODEM - Passatge Rellotge, 3 (C.P. 08002 BARCELONA)
ICV http://www.iniciativa.cat/ca/icv/avis-legal Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Iniciativa per Catalunya Verds - Passatge del Rellotge, 3 - 08001 Barcelona.
PCE https://www.pce.es/politica-privacidad/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Además, si recibimos un correo electrónico, un Whatsapp, un mensje de Twitter, o cualquier otro método, de propaganda política, también podemos responder directamente con este formulario. Si aún así seguimos recibiendo mensajes, entonces podemos denunciar al partido a la Agencia Española de Protección de Datos.

Documento

Formulario de Acceso y Oposición al Tratamiento de Datos de Carácter Personal

http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2018/12/Formulario-de-Acceso-Oposicion-y-supresi%C3%B3n-de-Datos-1.pdf

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La reforma de la LOPD no convence. El legislador no ha sabido expresar lo que ahora parece que en realidad quería decir y el revuelo ha llegado incluso hasta el Parlamento Europeo. Lo más polémico es el spam electoral, pero no es lo único, la libertad de opinión y el derecho de rectificación, el testamento digital y los derechos sucesorios por defecto, el derecho al olvido aplicado a las RRSS…

 

La semántica en el contexto legislativo es responsable de la seguridad jurídica en cualquier Estado de Derecho. Las palabras y expresiones que configuran un precepto normativo deben impedir las interpretaciones arbitrarias sobre su alcance y aplicación a supuestos de hecho concretos. La imprecisión de la nueva LOPD (LOPDGDD), nos inquieta, nos atormenta y nos perturba por muchas razones.

 

En primer lugar, nos preocupa el orden sistemático de la norma, o más bien, el complemento añadido a dicho orden. Incluir en una ley orgánica especial un batiburrillo de garantías para la protección de diferentes tipos de derechos ejercitados online, tanto derechos fundamentales como derechos patrimoniales, parece un tanto “precipitado”. La LOPD ordenaba el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de forma específica, y tiene que hacerlo conforme le ha marcado el RGPD, pero esto nada tiene que ver con la neutralidad de la red, el derecho del trabajador a un horario digno, el derecho de un heredero a conocer la vida y milagros de un familiar o allegado que fallece sin testar, o la libertad de expresión en Internet. Estas cuestiones son además de tal importancia, que adaptar las normas que ya las están contemplando a día de hoy, con garantías sean aplicables al entorno digital, debería ser objeto de armonización en un texto independiente y respetuoso con los efectos transversales que conlleva para todo el Derecho interno.

 

En segundo lugar, que una norma que protege los datos personales de injerencias excesivas, también del Estado, nos diga que este tiene un interés legítimo - democrático para tratar (recabar, almacenar, clasificar y usar) sin pedir consentimiento nuestras opiniones políticas con fines electorales, resulta cuanto menos “exótico”. Eso sí, lo matiza conforme a uno de los considerandos del RGPD y señala que esa posibilidad “se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”. La AEPD ya se ha pronunciado al respecto diciendo que no iba a permitir perfiles ideológicos, pero perdió la maravillosa oportunidad de explicarnos cuáles son esas garantías que cita la norma, aunque tal vez es precisamente eso lo que nos quiso decir, que aplicar tales garantías implica realmente que “no puedes hacerlo así”. Pero es insuficiente. La buena fe y el buen hacer de la persona que hoy dirige la AEPD no garantiza que quien la sustituya quiera aplicar la norma de forma literal, no es siquiera garantía de que quien plasma hoy esta ley así, pueda ser mañana quien deba aplicarla.

 

Además, respecto a los perfiles (perfiles, sí, y no datos sin más, seamos serios por favor) de ideología política que se obtengan de “páginas web y otras fuentes de acceso público” se han olvidado de cómo operan tanto el principio de “finalidad” como el principio de “exactitud” del RGPD (art. 5. 1. apartados b. y d.). El primero respecto a que la finalidad con la que publicamos o consentimos que sean difundidos nuestros datos debe ser respetada y que no pueden “ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”. Y el segundo, para recordar que los datos inexactos han de ser suprimidos o rectificados sin dilación.

NOTA: mi opinión política es puro zapping, a ver cómo mantienen los partidos políticos el fichero actualizado. Esto va a ser divertido, y ojo, sancionable. Mejor no esperen a que me oponga …

 

Este asunto ha llegado ya hasta el Parlamento Europeo, y sería deseable también (más vale tarde que nunca) un pronunciamiento expreso del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pero no nos repitan eso de “no podrá interpretarse”, dígannos si el precepto puede o no estar redactado de esa manera, si es conforme con el RGPD. Con la Constitución Española no parece muy conforme… pero es aventurado anticipar una posible respuesta de nuestro TC.

En tercer lugar, respecto a la libertad de expresión y opinión en Internet. La responsabilidad de los ISPs para que las opiniones sean “veraces” y en su caso, a petición del afectado, sea objeto de rectificación inmediata, antes incluso de que lo diga un juez.

 

El “derecho de rectificación” se configuró (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo) como una garantía propia de la libertad de información, un derecho fundamental diferente al de opinión o expresión, y que por imperativo legal debe ser “veraz”, es decir, que los medios de comunicación social deben contrastar la información con hechos objetivos antes de difundirla (a diferencia de las opiniones, que son eso, opiniones, en tanto no constituyan injurias o calumnias). Y ahí tenemos un concepto perfectamente aplicable al contexto digital. ¿Era necesario trastocarlo así? O mejor dicho ¿es posible aplicarlo a la libertad de expresión? No, y el resultado va a ser contraproducente pues obligará a la “censura” inmediata de opiniones por los ISPs (de opiniones políticas también…), algo que nada tiene que ver con el derecho a la rectificación que señala el art. 16 RGPD.

 

En cuarto lugar, la nueva norma recoge el testigo del RGPD sobre el derecho al olvido, porque en principio cita el derecho de supresión en el mismo sentido, esto es, para motores de búsqueda. Pero luego lo amplía (art. 94 LOPGDD) a redes sociales y servicios equivalentes. Ya en su momento, nos chirriaba que se convirtiera a los motores de búsqueda en intérpretes de primera instancia del “interés legítimo” del usuario afectado. Pero como este atajo jurídico podía ser muy práctico, se ha mantenido. Ahora, en España, ampliamos campo y de nuevo convertimos lo que tenía que suponer un “deber diligente de colaboración” de las plataformas que prestan esos servicios, en una obligación de control de contenidos con responsabilidad directa del prestador por actuaciones de usuarios. Una vez más, el “puerto seguro” de la Directiva de comercio electrónico no interesa, y fallamos incomprensiblemente en favor del control abusivo de contenidos, pues “ante la duda, mejor borra” (chilling effect).

 

Por último, mencionar entre estas reflexiones el “testamento digital”. Se regula ahora expresamente que el acceso a todos los contenidos digitales de una persona fallecida, por sus familiares y allegados, es un “derecho digital”. El mero hecho de no haber dejado expresamente señalado en las últimas voluntades lo que quieres hacer con esos contenidos digitales, implica por ley que la intimidad y datos personales de todos cuantos se relacionaron contigo en vida que se condensan en la nube, queden a disposición de tus herederos “legítimos”, y ello con independencia de si les perjudica o no esa revelación de datos indeterminados. Por ejemplo, una de las enmiendas llevadas al Senado, lo era en favor de proteger las comunicaciones electrónicas de este despropósito, pero ni siquiera esto se ha considerado. Tema para tratar aparte hubiera sido, por ejemplo, caso de existir la investigación de un delito o contenidos que pertenecieron a menores.

 

En definitiva, para criticarlo partimos de que la condición de “amigo” no se hereda, y que las personas vivas afectadas por esa información mantienen sus derechos personalísimos en pleno vigor, este precepto podría contradecir de forma directa el Código Civil y la Constitución por regular este supuesto de hecho como la regla general y no la excepción.

 

Como conclusión, únicamente poner de manifiesto que es desalentador ver que el legislador ha liquidado la oportunidad de analizar y configurar estas cuestiones excusándose en la necesidad de adaptarse al RGPD, que por cierto, es por defecto vinculante, sin necesidad de transposición. Una reforma normativa que en su mayor parte es positiva, quedará manchada por no pararse a reflexionar, y no se dan cuenta de que por más que quieran correr, no van a alcanzar jamás al desarrollo tecnológico, y vean, que tampoco es necesario hacerlo, que no siempre lo más nuevo es lo más útil, lo más ético, o lo menos invasivo.

 

Asociación de Internautas