arbol de noticias logo

Árbol de Noticias

La información al alcance de todos

 

ai3

Bueno, ha sido como el parto de los montes pero ¡por fin! la Unión Europea (el ECOFIN, sus ministros de Economía y Finanzas) ha dado luz verde al IVA reducido (incluso al 0% en determinados casos) a las publicaciones digitales, idealmente libros y revistas, pero cualesquiera, en general. Una medida esperada durante largo, larguísimo tiempo por la ciudadanía en red y reclamada ad nauseam por todas las asociaciones y empresas europeas implicadas. Por una vez, la Asociación de Internautas y la industria editorial estamos de enhorabuena simultáneamente y por una misma razón.

Teóricamente.

La industria editorial lleva años clamando para que a la edición digital se le aplique el IVA reducido, al mismo tipo que a la edición física, cosa que debería ser una obligación de coherencia para los poderes públicos, pero éstos siempre se habían excusado en la prohibición europea. Ahora ésta no existe, pero para que los ciudadanos podamos disfrutar de esta reducción en el tipo impositivo tienen que pasar dos cosas:

    Que el Gobierno implemente esa reducción, cosa que puede hacer... o no, porque la Unión Europea autoriza a hacerla pero no obliga  ello
    Que la industria editorial no haga como los exhibidores cinematográficos, que después de pasarse años implorando por la reducción del tipo del IVA, cuando lo consiguieron no lo repercutieron en el importe final de la entrada bajo el falsario pretexto de que, cuando el tipo subió, no tocaron los precios y el aumento se absorbió a su costa.

¿Seremos, pues, felices los lectores digitales si llegamos a ver cumplidos ambos requisitos?

Pues a medias. Primero hay que ver cómo influye en los precios finales esta rebaja del IVA, pero es de temer que, aún aplicándola, los libros digitales sigan teniendo precios excesiva e injustificadamente altos.

Y aún así, aún suponiendo que el precio de los libros digitales fuera realmente justo (tanto para autores como para lectores), queda el dichoso tema del DRM, es decir, la tecnología que impide que un archivo sea copiado más allá de un determinado (y sumamente escaso) número de veces. Precisamente en una época en la que todos saltamos, en cuestión de horas, del PC al teléfono móvil y de éste a la tableta, de modo que si una obra se instala en todos estos dispositivos, a la que éstos se cambian -lo que sucede con harta frecuencia porque envejecen muy deprisa- el usuario se ha quedado sin esa obra y se ve obligado a pagarla de nuevo o a perderla. En otras palabras: la industria editorial no nos permite tener nuestra propia biblioteca en modo digital.

El pretexto es el habitual: la piratería. Siempre están igual, cuando está demostrado hasta la saciedad -y ya se había demostrado antes con la música y con el cine- que el DRM no detiene, para nada, el tráfico no autorizado de obras con copyrighty que lo único que se consigue con ese estúpido invento es irritar, precisamente, al que sí paga por la obra y llevarlo derechito a la adquisición por la mano izquierda. No sabemos en qué máster habrán aprendido los directivos de la industria que la mejor forma de fidelizar al cliente es tocarle las narices bien tocadas. Precisamente al que paga, insistimos, porque el que no paga, señores, no tiene problemas de DRM. Más inteligible, ni una película de Cantinflas.

En fin, debemos estar contentos por esta rebaja del IVA para la edición digital y lo estamos, claro que sí (aunque más lo hubiéramos estado muchos años atrás), pero no descorchemos aún el cava, porque todavía pueden pasar (o no pasar) muchas cosas y acabar nuestro gozo en un pozo.

Como tantas y tantas veces ha sucedido.

Asociación de Internautas

https://www.internautas.org/html/10094.html

GP autoxonsumo INFO 02 ES M

-  Greenpeace cuantifica el valor de los autoconsumidores: además de pagar impuestos y costes del sistema como el resto de usuarios, aportan 59 euros por cada MWh producido a la sociedad

- El autoconsumo podría reducir 10 millones de toneladas de CO2 al año

-  El retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si se eliminara el impuesto al sol y se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios justo

-  Los beneficios del autoconsumo superan con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura eléctrica

Madrid, 2 de octubre de 2018-. Tras un septiembre que se ha convertido en el mes con el tercer recibo de la luz más caro de la historia, Greenpeace cuantifica el autoconsumo en hogares y pymes y revela que este ahorraría al sistema eléctrico español y a la ciudadanía 1.770 millones de euros en costes de combustible, CO2 y redes eléctricas al tiempo que reduciría anualmente 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (1). Así lo señala en su nuevo informe “Desmontando el impuesto al sol: El valor de la energía solar fotovoltaica en España”, elaborado por la consultora ecoSynergies.

El estudio demuestra que las personas que se autoabastecen de electricidad renovable, además de pagar impuestos y costes del sistema como el resto de usuarios, aportan a España un valor neto adicional de 59 euros por cada MWh producido, independientemente de que este se inyecte a la red o se autoconsuma. Lo hace aplicando la metodología “valor de la energía solar” (Value of Solar, en inglés), que ya se usa en Estados Unidos y que Greenpeace aplica por primera vez en un contexto europeo tomando Andalucía y Cataluña como casos de estudio extrapolables a toda España.

El estudio de Greenpeace pretende aportar información de interés para la elaboración de las medidas clave del Gobierno frente la subida de la factura de la luz y para la lucha contra el cambio climático que podrían ver la luz en el próximo Consejo de Ministros.

“Cuando las personas luchan contra el cambio climático, deberían ser premiadas, no penalizadas. El impuesto al sol nunca tuvo sentido y lo hemos demostrado con números. Ahora hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz para todos los hogares”, señala Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

En este sentido, el retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si se eliminara el impuesto al sol y se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios justo; esto también sería un incentivo para que las administraciones públicas invirtieran en instalaciones de autoconsumo para ayudar a familias en riesgo de pobreza energética.

Esto adquiere especial urgencia en la semana en la que se publicará el informe especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas que se espera contundente sobre la necesidad de acelerar la velocidad a las que se deben reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables.

El informe también revela que la contribución del autoconsumo supera con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos del Gobierno y el sistema eléctrico a través de la factura eléctrica debida a la reducción del consumo de electricidad, incluso en el caso estudiado, de elevada penetración del autoconsumo (2).

Greenpeace pide al Gobierno que comience a dar ejemplo en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética devolviendo a las personas la posibilidad de controlar su propia energía. También le anima a empezar por aplicar el autoconsumo a los tejados de los edificios públicos de su propiedad.

Gracias al mapeo social que lanzó la organización ecologista el pasado mes de mayo y que ha contado con la colaboración de más de 600 participantes desde entonces, ha sido posible estimar el potencial solar de 900 edificios de la administración pública central (10% del total). En ellos hay una superficie disponible para paneles solares equivalente a 57 campos de fútbol que, de ser instalados, podrían producir unos 92 GWh/año de electricidad limpia.

Según estimaciones de Greenpeace ligadas a este mapeo, a cambio de una inversión de unos 100 millones euros, la administración ahorraría en 25 años unos 258 millones de euros, una vez descontada la inversión, en sus facturas de la luz. Ese ahorro de dinero público se elevaría a unos 300 millones de euros si se eliminara el impuesto al sol.

Adicionalmente, si se aplicara la metodología del “valor de la energía solar”, además de un ahorro para el presupuesto de la administración, estas instalaciones aportarían un valor añadido a toda la sociedad, el medio ambiente y el sistema eléctrico de 5,4 millones de euros al año durante su vida útil (en torno a 25 años).

Más información:

Informe completo aquí

construction workerIndemnización por Accidente detalla las consecuencias tras un incidente laboral con resultado de muerte o lesiones graves y las opciones de actuación de los afectados.

Madrid, 20 de septiembre de 2018 – Los siniestros que han tenido lugar de manera reciente en Madrid han ubicado a la capital en el centro del debate sobre los accidentes laborales, y los 11 heridos y el fallecido en el derrumbe de un forjado en la remodelación del Hotel Ritz, son una prueba de ello. Sin embargo, según los datos, esta es a día de hoy la comunidad con un menor índice de incidentes de España.

El suceso del pasado 18 de septiembre en el emblemático hotel se une al que tuvo lugar el 22 de mayo en la calle Martínez Campos, los cuales han hecho sonar la alerta a las autoridades y a la sociedad sobre las tareas pendientes. Pero, pese al impacto mediático y político causado por estos accidentes, las cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social revelan que la Comunidad lidera la clasificación de las regiones de España con una menor accidentalidad.

estadisticaa accidentes

Eso sí, a pesar de esta realidad, es necesario entender que todos los accidentes laborales son procesos jurídicos complejos y con fuertes repercusiones económicas para todos los afectados. Y, en este sentido, hay que destacar que el caso del Hotel Ritz es aun más engorroso porque se entrelazan jurisdicciones diferentes, partes diversas e incluso interviene la Administración, lo que implica una resolución más difícil.

Por esta razón, Indemnización por Accidente te esclarece el contexto actual y las opciones de los afectados para no perderse en el laberinto del derecho preventivo y laboral.  

Inspección de Trabajo y los accidentes laborales

Antes que nada, cabe resaltar que, por lo general, las empresas gastan grandes sumas para “prevenir” las consecuencias del accidente, mientras que los trabajadores perjudicados emplean enormes esfuerzos para que se respeten sus derechos.

Con todo, en caso de un incidente, la investigación será clave. Jesús Pascual López, abogado especializado en accidentes laborales en Indemnización por Accidente, señala que “cuando ocurre un siniestro laboral con resultado de muerte o lesiones graves, Inspección de Trabajo y Seguridad Social interviene de oficio antes de las primeras 24 horas para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las causas directas e indirectas que han provocado el accidente laboral”.

Los inspectores de trabajo son funcionarios públicos con extensos conocimientos en materia laboral y en prevención de riesgos laborales. Su actuación consiste en la investigación de las causas que han provocado un accidente laboral y, en el caso de que detecte algún tipo de omisión de medidas de seguridad, levanta la pertinente acta de infracción sancionando a la empresa o empresas responsables de dicho incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

Responsabilidades y accidentes laborales

Un accidente laboral puede dar inicio a varias responsabilidades:

- Responsabilidad penal: Se lleva el proceso ante la jurisdicción de tipo penal. Algunas acciones u omisiones de la empresa, subcontratas, técnicos e incluso personal de obra pueden suponer delitos por acción u omisión. Por esto, la justicia tiene como objeto la sanción de estas conductas, que en ocasiones pueden suponer penas de prisión. Asimismo, dentro de este procedimiento, puede ejercitarse la acción civil para obtener un resarcimiento por el daño.

- Responsabilidad civil: Es la posibilidad de reclamar a los responsables del siniestro los daños y perjuicios sufridos por el lesionado. Es decir, su indemnización. La cuantía de esta varía en función de la gravedad de las lesiones, mientras que las más graves suelen generar consecuencias como la limitación de la capacidad laboral del afectado. Esta incapacidad se reconoce legalmente en un proceso de tipo administrativo/laboral o de Seguridad Social.

- Reconocimiento de incapacidad: Es un proceso no esencial, pero habitual. Consiste en que el lesionado recibe prestaciones de la Seguridad Social como consecuencia de ese accidente, por circunstancias como una incapacidad temporal o permanente. Económicamente, puede ser el caso más relevante.  

- Lesionado como tercero interesado en un proceso de sanción a la empresa por parte de la Administración: Si, como consecuencia de la labor investigadora, resultase una sanción a la empresa por faltas de medidas de seguridad, esta será sancionada con un recargo de las prestaciones que recibe el lesionado.

¿Cómo se calcula la indemnización?

Se calcula en base a los daños personales o daños materiales. En el primer caso, se aplica por analogía el baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico (Ley 35/2015). En el segundo, se utiliza la prueba del daño.

El baremo vigente sufrió una importante modificación en 2016. Se pasó de un régimen de supuestos previamente valorados, pero con amplia capacidad de prueba, a un modelo netamente actuarial.

Según la experiencia jurídica de Indemnización por Accidente, el modelo actuarial vigente contiene “errores” y su aplicación requiere de la intervención de profesionales especializados en diversas materias. Por ejemplo, peritos médicos expertos en daño personal, actuarios y expertos del campo de la salud como neuropsicólogos y podólogos.

En este sentido, el cambio legislativo supone que la conducción de este tipo de pleitos requiera de un abanico de especialistas en derecho, medicina, prevención de riesgos laborales y cálculo actuarial.

Por las razones anteriores, desde Indemnización por Accidente se aconseja acudir a un bufete de abogados especialistas en diversas materias con el objetivo de asegurar que los derechos del usuario sean respetados en su totalidad y reciba una compensación justa.

indemnizacionporaccidente.com

GP nuclear no bienvenidos26 septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

  • Hoy se espera que varios Estados firmen o ratifiquen el tratado en Nueva York, donde se encuentra Pedro Sánchez

Hoy 26 de septiembre, día Internacional para para Eliminación Total de las Armas Nucleares, Greenpeace se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que ratifique el Tratado Internacional sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de Naciones Unidas.

Después de muchos años de trabajo impulsado por varios países y por la Campaña Internacional para abolir las armas nucleares (ICAN) con la que colabora Greenpeace, el 7 de julio de 2017 se aprobaba en el seno de Naciones Unidas el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares con el voto de 122 países. El Tratado es una hoja de ruta para lograr la prohibición y eliminación total de estas armas y para que entre en vigor, debe ser ratificado por 50 países. Hasta la fecha, 60 Estados han estampado su firma en el tratado, pero solo se han registrado 15 ratificaciones, muy lejos todavía de la media centena necesaria.

Mientras el tratado no sea ratificado, cerca de las 15.000 armas nucleares que conforman el arsenal nuclear mundial continuarán en manos de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Cada una de ellas puede provocar una catástrofe y cambiar permanentemente la sociedad en la que vivimos y conocemos hoy.

Hoy, 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, se llevará a cabo una ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York, donde se espera que varios Estados firmen o ratifiquen el tratado. El presidente del Gobierno, que se encuentra allí, tiene una oportunidad única para apostar por un futuro en paz”, ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

¿Qué defensa puede brindar una bomba atómica contra las principales amenazas de nuestra era, como el cambio climático, el terrorismo o los ciberataques? Las armas nucleares son totalmente obsoletas e ineficaces ante los desafíos de hoy en día. Por el contrario, lejos de mantener la paz, alimentan los temores y la desconfianza entre países.

España se ha unido a los tratados internacionales que prohíben las armas biológicas, las armas químicas, las minas terrestres antipersona y las bombas de racimo basadas en el impacto inhumano e indiscriminado de estas armas sobre la población civil. Como miembro responsable de la comunidad internacional, debería unirse sin dilación al tratado de la ONU que prohíbe las peores armas de todas: las armas nucleares.

La existencia de armas nucleares es una cuestión de decisión política. Es hora de poner fin a este peligro y formalizar la prohibición de las armas nucleares, poner fin a la proliferación nuclear y fortalecer la seguridad internacional”, ha concluido Caballero.

greenpeace

Ante el nuevo paquete de medidas para frenar la subida de la luz anunciado hoy por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Greenpeace considera que:

“Es muy positivo que el Gobierno aborde las distorsiones que están elevando el precio de la luz a través de la promoción de las energías renovables y de la eliminación del impuesto al sol”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, “Sin embargo, nos preocupa mucho que aún existan dudas sobre la necesidad de eliminar por completo las subvenciones a las energías sucias y de adoptar medidas para acabar con los privilegios del oligopolio”.

La organización valora positivamente que se quiera reformar el mercado eléctrico para realizar una verdadera transición energética y eliminar los beneficios injustificados de nucleares y gran hidráulica, aunque queda pendiente de ver la propuesta concreta.

Greenpeace entiende también que la reforma de la fiscalidad energética propuesta por la ministra es esencial para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz de la ciudadanía si se introduce el principio de “quien contamina, paga”. En este sentido, la organización pide cautela a Teresa Ribera acerca de la eliminación del impuesto sobre la generación del 7%, si no se produce en el marco de una reforma fiscal más amplia, ya que podría acabar favoreciendo a las centrales nucleares.

Respecto a las dudas que aún alberga la ministra sobre la necesidad de eliminar los pagos por capacidad, Greenpeace reitera que se trata de unas subvenciones a las energías sucias que han costado a los consumidores casi 18.000 millones de euros en los últimos 20 años y que son incompatibles con la transición energética.

Además, la organización ecologista insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes grupos eléctricos integrados para evitar abusos y manipulación del mercado provocados por la posición dominante de estas empresas.

Sobre las medidas en contra de la pobreza energética, Greenpeace valora positivamente que el Gobierno identifique la eficiencia energética y las renovables como soluciones para esta lacra y pide que se incluyan medidas en este sentido en el Plan contra la Pobreza Energética anunciado. Tal y como señaló Greenpeace en un informe en 2014, los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables con un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares.

En definitiva, Greenpeace coincide con el diagnóstico del Gobierno, ya que efectivamente la dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear conlleva una factura de la luz muy elevada y un agravio sobre el medio ambiente y sobre las personas que sufren pobreza energética.

Además, Greenpeace conviene en que es necesaria una planificación y pide que los objetivos que proponga el Gobierno en el Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluyan un plan de abandono ordenado de carbón y nuclear para 2025 y otro para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes de 2050.

———–

Más información: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-pide-acabar-con-el-oligopolio-de-las-electricas-y-las-energias-contaminantes-para-abaratar-la-factura-de-la-luz/