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La reforma de la LOPD no convence. El legislador no ha sabido expresar lo que ahora parece que en realidad quería decir y el revuelo ha llegado incluso hasta el Parlamento Europeo. Lo más polémico es el spam electoral, pero no es lo único, la libertad de opinión y el derecho de rectificación, el testamento digital y los derechos sucesorios por defecto, el derecho al olvido aplicado a las RRSS…

 

La semántica en el contexto legislativo es responsable de la seguridad jurídica en cualquier Estado de Derecho. Las palabras y expresiones que configuran un precepto normativo deben impedir las interpretaciones arbitrarias sobre su alcance y aplicación a supuestos de hecho concretos. La imprecisión de la nueva LOPD (LOPDGDD), nos inquieta, nos atormenta y nos perturba por muchas razones.

 

En primer lugar, nos preocupa el orden sistemático de la norma, o más bien, el complemento añadido a dicho orden. Incluir en una ley orgánica especial un batiburrillo de garantías para la protección de diferentes tipos de derechos ejercitados online, tanto derechos fundamentales como derechos patrimoniales, parece un tanto “precipitado”. La LOPD ordenaba el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de forma específica, y tiene que hacerlo conforme le ha marcado el RGPD, pero esto nada tiene que ver con la neutralidad de la red, el derecho del trabajador a un horario digno, el derecho de un heredero a conocer la vida y milagros de un familiar o allegado que fallece sin testar, o la libertad de expresión en Internet. Estas cuestiones son además de tal importancia, que adaptar las normas que ya las están contemplando a día de hoy, con garantías sean aplicables al entorno digital, debería ser objeto de armonización en un texto independiente y respetuoso con los efectos transversales que conlleva para todo el Derecho interno.

 

En segundo lugar, que una norma que protege los datos personales de injerencias excesivas, también del Estado, nos diga que este tiene un interés legítimo - democrático para tratar (recabar, almacenar, clasificar y usar) sin pedir consentimiento nuestras opiniones políticas con fines electorales, resulta cuanto menos “exótico”. Eso sí, lo matiza conforme a uno de los considerandos del RGPD y señala que esa posibilidad “se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”. La AEPD ya se ha pronunciado al respecto diciendo que no iba a permitir perfiles ideológicos, pero perdió la maravillosa oportunidad de explicarnos cuáles son esas garantías que cita la norma, aunque tal vez es precisamente eso lo que nos quiso decir, que aplicar tales garantías implica realmente que “no puedes hacerlo así”. Pero es insuficiente. La buena fe y el buen hacer de la persona que hoy dirige la AEPD no garantiza que quien la sustituya quiera aplicar la norma de forma literal, no es siquiera garantía de que quien plasma hoy esta ley así, pueda ser mañana quien deba aplicarla.

 

Además, respecto a los perfiles (perfiles, sí, y no datos sin más, seamos serios por favor) de ideología política que se obtengan de “páginas web y otras fuentes de acceso público” se han olvidado de cómo operan tanto el principio de “finalidad” como el principio de “exactitud” del RGPD (art. 5. 1. apartados b. y d.). El primero respecto a que la finalidad con la que publicamos o consentimos que sean difundidos nuestros datos debe ser respetada y que no pueden “ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”. Y el segundo, para recordar que los datos inexactos han de ser suprimidos o rectificados sin dilación.

NOTA: mi opinión política es puro zapping, a ver cómo mantienen los partidos políticos el fichero actualizado. Esto va a ser divertido, y ojo, sancionable. Mejor no esperen a que me oponga …

 

Este asunto ha llegado ya hasta el Parlamento Europeo, y sería deseable también (más vale tarde que nunca) un pronunciamiento expreso del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pero no nos repitan eso de “no podrá interpretarse”, dígannos si el precepto puede o no estar redactado de esa manera, si es conforme con el RGPD. Con la Constitución Española no parece muy conforme… pero es aventurado anticipar una posible respuesta de nuestro TC.

En tercer lugar, respecto a la libertad de expresión y opinión en Internet. La responsabilidad de los ISPs para que las opiniones sean “veraces” y en su caso, a petición del afectado, sea objeto de rectificación inmediata, antes incluso de que lo diga un juez.

 

El “derecho de rectificación” se configuró (Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo) como una garantía propia de la libertad de información, un derecho fundamental diferente al de opinión o expresión, y que por imperativo legal debe ser “veraz”, es decir, que los medios de comunicación social deben contrastar la información con hechos objetivos antes de difundirla (a diferencia de las opiniones, que son eso, opiniones, en tanto no constituyan injurias o calumnias). Y ahí tenemos un concepto perfectamente aplicable al contexto digital. ¿Era necesario trastocarlo así? O mejor dicho ¿es posible aplicarlo a la libertad de expresión? No, y el resultado va a ser contraproducente pues obligará a la “censura” inmediata de opiniones por los ISPs (de opiniones políticas también…), algo que nada tiene que ver con el derecho a la rectificación que señala el art. 16 RGPD.

 

En cuarto lugar, la nueva norma recoge el testigo del RGPD sobre el derecho al olvido, porque en principio cita el derecho de supresión en el mismo sentido, esto es, para motores de búsqueda. Pero luego lo amplía (art. 94 LOPGDD) a redes sociales y servicios equivalentes. Ya en su momento, nos chirriaba que se convirtiera a los motores de búsqueda en intérpretes de primera instancia del “interés legítimo” del usuario afectado. Pero como este atajo jurídico podía ser muy práctico, se ha mantenido. Ahora, en España, ampliamos campo y de nuevo convertimos lo que tenía que suponer un “deber diligente de colaboración” de las plataformas que prestan esos servicios, en una obligación de control de contenidos con responsabilidad directa del prestador por actuaciones de usuarios. Una vez más, el “puerto seguro” de la Directiva de comercio electrónico no interesa, y fallamos incomprensiblemente en favor del control abusivo de contenidos, pues “ante la duda, mejor borra” (chilling effect).

 

Por último, mencionar entre estas reflexiones el “testamento digital”. Se regula ahora expresamente que el acceso a todos los contenidos digitales de una persona fallecida, por sus familiares y allegados, es un “derecho digital”. El mero hecho de no haber dejado expresamente señalado en las últimas voluntades lo que quieres hacer con esos contenidos digitales, implica por ley que la intimidad y datos personales de todos cuantos se relacionaron contigo en vida que se condensan en la nube, queden a disposición de tus herederos “legítimos”, y ello con independencia de si les perjudica o no esa revelación de datos indeterminados. Por ejemplo, una de las enmiendas llevadas al Senado, lo era en favor de proteger las comunicaciones electrónicas de este despropósito, pero ni siquiera esto se ha considerado. Tema para tratar aparte hubiera sido, por ejemplo, caso de existir la investigación de un delito o contenidos que pertenecieron a menores.

 

En definitiva, para criticarlo partimos de que la condición de “amigo” no se hereda, y que las personas vivas afectadas por esa información mantienen sus derechos personalísimos en pleno vigor, este precepto podría contradecir de forma directa el Código Civil y la Constitución por regular este supuesto de hecho como la regla general y no la excepción.

 

Como conclusión, únicamente poner de manifiesto que es desalentador ver que el legislador ha liquidado la oportunidad de analizar y configurar estas cuestiones excusándose en la necesidad de adaptarse al RGPD, que por cierto, es por defecto vinculante, sin necesidad de transposición. Una reforma normativa que en su mayor parte es positiva, quedará manchada por no pararse a reflexionar, y no se dan cuenta de que por más que quieran correr, no van a alcanzar jamás al desarrollo tecnológico, y vean, que tampoco es necesario hacerlo, que no siempre lo más nuevo es lo más útil, lo más ético, o lo menos invasivo.

 

Asociación de Internautas

Greenpeace blackfriday

  • El ritmo de consumo actual es uno de los factores que contribuyen al cambio climático y la pérdida de biodiversidad
  • Greenpeace propone "boicotear" el Black Friday con su evento alternativo HAZ, en el que aprender a crear, reparar e intercambiar a través de talleres, charlas, juegos, proyecciones y conciertos
  • Caras conocidas, como la actriz Anabel Alonso o la estilista Natalia Ferviú, participan en HAZ para sensibilizar sobre otra forma de consumo

Madrid, 21 de noviembre de 2018.- En dos días vuelve el Black Friday y, con él, uno de los mayores picos del consumismo desaforado de nuestro país, especialmente en moda, cuando gestos pequeños como conservar la ropa uno o dos años más, reduciría las emisiones de CO2 un 24%.

La pregunta sería ¿cuántas de esas compras son realmente necesarias? No se sabe. Lo que sí sabemos es el impacto que el consumo descontrolado genera en el medioambiente: aumento del cambio climático y pérdida de biodiversidad.

  • PLÁSTICOS: Millones de toneladas de plásticos llegan a nuestros océanos cada año, afectando a la fauna marina, y solo el 9% del plástico mundial se ha reciclado
  • ALIMENTACIÓN: La ganadería es ya responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero
  • MOVILIDAD: En España, 30.000 personas mueren cada año por las emisiones contaminantes del transporte
  • ROPA: Cada año se fabrican 100.000 millones de prendas de ropa, y buena parte de ella contiene poliéster, que es plástico que se desprende como microplástico en cada lavado

Por eso, Greenpeace propone un "boicot" al Black Friday y al Cyber Monday, apostando por alternativas a la compra. Este viernes Greenpeace, y diferentes colectivos aliados, lanzan HAZ CAMBIO (del 23 al 25 de noviembre) para combatir las compras innecesarias con acciones más respetuosas con el medioambiente como crear, compartir, intercambiar o reparar. Con más de 250 eventos en 33 países, el evento internacional MAKE SOMETHING WEEK (Haz Cambio, en España) pide a las personas que no compren y que se sumen en redes a este movimiento global bajo los hashtags #BuyNothing y #MakeSmthng

En España, más de 20 ciudades se suman este año a HAZ durante las próximas semanas. Este fin de semana habrá eventos en Navarra, Canarias, Cataluña y Madrid. En la capital, HAZ arranca este viernes con tres días por delante de talleres, charlas, proyecciones, juegos, espacios de trueque, performances, conciertos y toda una programación para "crear en lugar de comprar". Una cita que contará con la colaboración de caras conocidas como la estilista Natalia Ferviú (quien explicará cómo sacar partido a nuestro armario sin comprar nada más) o la actriz Anabel Alonso (que pondrá el broche a HAZ con un pregón en el que repasar, desde el humor, las demandas de los asistentes/as para la alcaldesa Manuela Carmena).

Para el 1 de agosto de este año, la humanidad había consumido más recursos naturales de los que el planeta puede regenerar en un año. El consumo excesivo de productos como la moda rápida, los plásticos de un solo uso, los objetos diseñados para no durar y los alimentos producidos industrialmente, está llevando a nuestro planeta a sus límites.

Nos estamos ahogando en cosas: armarios, garajes y cocinas llenos de cosas. Sin embargo, seguimos comprando. HAZ CAMBIO ofrece una manera divertida y creativa de salir de este consumismo destructivo“, ha manifestado Celia Ojeda, responsable de consumo de Greenpeace.

Para esta acción internacional, Greenpeace se ha aliado con colectivos como Fashion Revolution, BreakFreeFromPlastic, Shareable, Arts Thread, Fab Labs Network y Fab City Global Initiative, con el fin de reunir a cientos de diseñadores/as, artistas y creadores por todo el mundo para dirigir talleres en los que las personas puedan aprender técnicas creativas de reutilización, reparación, moda upcycling y bricolaje.

Las grandes empresas nos han hecho creer, a través de la publicidad, que comprar nos hace felices. Pero estar con nuestras amistades, aprender nuevas habilidades y valorar lo que ya tenemos, lo hace. Así que este viernes negro, no compres nada y HAZ algo”, añade Ojeda.

Ya el año pasado se inició un movimiento llamado el #WhiteFriday, en el que modelos económicos alternativos decidieron o bien dejar de vender o no realizar ofertas ese día.

sotysolar

-  El coste de una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo de una vivienda de 100m2 viene a rondar los 4.000€, que se rentabilizan de media entre los 5 y 7 años y que proporciona una independencia frente a las constantes subidas del precio de la luz

-  Casi el 90% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son particulares, aunque cada vez hay más comunidades de vecinos y empresas

Madrid, 12 de noviembre de 2018.- Muchos consumidores están dando el paso de apostar por el autoconsumo fotovoltaico a raíz del constante aumento del precio de la electricidad, así como por la aprobación del real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética. Estas medidas consisten, por un lado, en la derogación del 'impuesto al sol' así como de otras barreras que considera que dificultaban y desincentivaban el desarrollo del autoconsumo eléctrico en España. Básicamente, el autoconsumo es el uso de energía generada por una instalación para el consumo propio con el consecuente ahorro energético.

Vivienda unifamiliar de más de 100m2 y con un gasto mensual de luz superior a 100€

La plataforma que integra todos los servicios del mercado fotovoltaico, Sotysolar, ha analizado cuál es actualmente el perfil del usuario de autoconsumo eléctrico español. “Casi el 90% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son particulares, concretamente, de mediana edad, propietarios de viviendas unifamiliares de más de 100m2 y con un gasto mensual de luz superior a 100€”, apunta Daniel Fernández cofundador de SotySolar. “Aunque los particulares encabezan la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo, cada vez son más las comunidades de vecinos y las empresas que apuestan por ello debido al gran ahorro eléctrico”, matiza.

Según el análisis realizado por SotySolar, el perfil actual del autoconsumo en España corresponde, en un 60% de los casos, a viviendas de entre 100 y 200 m2. El 20% serían viviendas cuya superficie va de los 50 a los 100m2 y el 16%, a aquéllas de más de 200m2. “Respecto a la distribución de las viviendas que apuestan por el autoconsumo en nuestro país, el 73% de ellas tienen 2 o más plantas” apunta el cofundador.

La inversión ronda los 4000€ y se rentabiliza a corto plazo

Respecto al gasto en luz que venían abonando, la mayoría se enfrentaba mensualmente a facturas de importes entre medio y elevados. Así, la mitad pagaba mensualmente entre 50 y 100 euros de luz, y el 40% más de 100€.

“En los últimos años se ha experimentado un incremento continuo en los precios de las facturas eléctricas y todo apunta a que prosiga así. El coste de una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo de una vivienda de 100 m2 viene a rondar los 4.000€, que se rentabilizan de media entre los 5 y 7 años y que proporciona una independencia frente a las constantes subidas”, señala Edgar Imaz cofundador de SotySolar.

“Ahora mismo pasarse al autoconsumo eléctrico es tan sencillo como reservar online un hotel”  

Con el claro objetivo de impulsar el autoconsumo energético, Sotysolar integra en su plataforma todos los servicios del mercado fotovoltaico para que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea tan fácil como reservar un hotel o un vuelo online.

En este breve periodo ha revolucionado el competitivo y tradicional sector energético español, y se posiciona como el líder online en la categoría de autoconsumo. SotySolar ha facilitado la instalación de más de un millar de sistemas fotovoltaicos y continúa creciendo rápidamente. Ofrece sus servicios en toda España, incluido Canarias y Baleares. A través de su plataforma pone en contacto, de manera ágil y rápida, a propietarios de viviendas, empresas y organizaciones interesadas en soluciones de autoconsumo con instaladores de placas solares certificados.

De esta manera se ha convertido en la única plataforma web especializada en autoconsumo que permite comparar presupuestos de instaladores. Además, SotySolar puede realizar profundos análisis de información del sector para así ayudar a todas las partes implicadas - usuarios, empresas de energía solar, investigadores y legisladores - a comprender mejor la dinámica cambiante de la industria solar en España.

"El mercado del autoconsumo residencial es una industria enorme en expansión. Sólo en 2017 el sector fotovoltaico creció un 145% en España. En los próximos años, el autoconsumo y la generación distribuida tendrán un impacto relevante en el PIB estatal. No queremos únicamente hacernos hueco en el panorama energético nacional, sino que SotySolar quiere impulsar la transición energética a la que haremos frente en los próximos años”, señalan los creadores de SotySolar.

Sobre SotySolar:

SotySolar es una startup de origen asturiano fundada en 2016 Actualmente la compañía se encuentra presente en 50 provincias, expandiéndose cada día para llevar la energía solar y el autoconsumo a todo el territorio nacional. SotySolar ofrece una propuesta digital que simplifica el proceso de venta congregando la mayor oferta y demanda del sector fotovoltaico ofreciendo bajo su plataforma integradora todos los servicios necesarios para el proceso de instalación de placas solares. Además, los expertos de SotySolar asesoran a los clientes en la toma de decisiones, resolviendo dudas y orientando sobre la mejor opción posible para un proyecto con energías renovables de autoconsumo. SotySolar tiene como misión hacer que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea tan fácil como reservar un hotel o un vuelo online. https://sotysolar.es/

Parlamento Europeo emiciclo p

El Parlamento Europeo aprueba, con 495 votos a favor (79%), la Directiva REDII que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en 2030

A nivel nacional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética comienza su debate y tramitación para marcar una meta en 2030 del 35% de energías renovables

El objetivo del 35% para 2030 implica actuaciones decididas para la implantación de renovables en usos térmicos y transporte

Las empresas deberán acometer inversiones superiores a los 100.000 millones de euros en la próxima década

El sector confía en que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética siente las bases de una estabilidad regulatoria que reactive el clima inversor

Madrid, 14 de noviembre de 2018.- España y Europa han mandado claros mensajes de apoyo al sector renovable. La aprobación en el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría (79% de los votos), de la Directiva Europea Renovable “REDII” fija en el 32% el porcentaje de renovables en el mix energético europeo para el año 2030. A nivel nacional, el inicio del debate y tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que marca un 35% de renovables en energía y un 70% en electricidad para 2030 dota al sector de un renovado optimismo. Hasta el año 2030 las inversiones asociadas a la Transición Energética necesitarán unos 100.000 millones de euros y podrían crear más de 130.000 empleos en el sector renovable nacional. Para conseguirlo, el sector confía en que la LCCTE siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo.

La recta final para que Europa cuente con una nueva Directiva Europea Renovable tuvo lugar el 13 de noviembre con la aprobación del texto definitivo por el Parlamento Europeo. 495 votos a favor, el 79% de los emitidos, decidieron que la Unión Europea cuente con un 32% de renovables en su mix energético en el año 2030. El apoyo decidido de la Cámara marca una nueva etapa para el desarrollo renovable europeo, al que solo falta el trámite del Consejo Europeo para rubricar una Directiva muy esperada por el sector renovable.

El compromiso europeo con la Transición Energética

La nueva Directiva Europea Renovable (REDII) ha sido acompañada por la Directiva de Eficiencia Energética (EED) que también fue aprobada por una amplia mayoría (434 votos). Con estas aprobaciones en la sesión plenaria del Parlamento Europeo se marcan diversos objetivos de cara a 2030:

  • Objetivo vinculante común europeo del 32% en el uso de energías renovables para 2030, revisable solo al alza en 2023 en caso de reducción sustancial de los costes de producción renovable, por acuerdos internacionales contra el cambio climático o por una reducción significativa del consumo energético.
  • Consagración del derecho al autoconsumo al permitir producir, consumir, almacenar y vender el excedente de energía producida.
  • Aumenta la seguridad jurídica al recomendar planificación, predictibilidad y estabilidad y evitar cambios retroactivos.
  • Simplificación de trámites administrativos.
  • Incremento de la cuota de renovables en sectores difusos como transporte, calefacción o refrigeración.
  • Compromiso de alcanzar el 15% de interconexión eléctrica para 2030.
  • En materia de biocombustibles, se eliminarán de forma gradual los biocombustibles de alto cambio indirecto en el uso de la tierra (ILUC) y se impulsarán los biocombustibles avanzados.

Esta aprobación tiene una importancia capital en nuestra política energética nacional, dado que, tras su aprobación final por el Consejo Europeo de Ministros, los cambios deberán estar implementados en la regulación nacional en junio de 2021. Por parte de España, nuestro Gobierno debe enviar el Plan Nacional de Energía y Clima antes de finales de 2018 donde se recogerá la previsión del desarrollo de energías renovables.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, esperanza del sector

El Ministerio para la Transición Ecológica ha recogido el guante lanzado desde Bruselas con el inicio de la tramitación de la LCCTE. En materia de renovables, el objetivo que fija esta Ley es un 9% superior del que nos exige Europa, quedando en el 35% para 2030. El objetivo del 35% de renovables, adelantado por el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso Nacional de Energías Renovables, implica que, en los próximos once años nuestro país deberá realizar un esfuerzo similar al realizado en las cuatro últimas décadas. Para ello, las empresas deberán acometer inversiones en torno a 100.000 millones de euros en nuestro sistema energético, unas inversiones que necesitarán de altas dosis de seguridad y certeza jurídica.

Para el año 2030, además del 35% de renovables en energía, la futura LCCTE marca como líneas generales que contaremos con un 70% de electricidad procedente de fuentes limpias, cifra que será del 100% en 2050. Estas líneas generales, también recogen la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia renovable al año en el período 2021-2030, lo que significa el inicio de una planificación ordenada a largo plazo ampliamente demandada por el sector.

Una necesaria planificación de la Transición

Desde el sector, las empresas reclaman predictibilidad en la Transición Energética, dado el alto volumen de inversiones que deberá acometer el sector privado para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030. “El anuncio de que habrá un mínimo de 3.000 MW de nueva potencia en concurrencia competitiva todos los años es positivo en el sentido de dotar de seguridad al sector. Las últimas subastas renovables fueron aisladas sin permitir a los empresarios decidir si preferían esperar, pues no se sabía cuándo se volverían a llevar a cabo. La planificación es fundamental para acometer las inversiones. Es mucho más importante hacer bien la Transición Energética, que tener un objetivo del 35% en vez del 32%”, ha explicado José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables – APPA Renovables.

Para cumplir los objetivos, debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte”, ha valorado Villarig. En los últimos años, no se ha producido la electrificación en la economía, por lo que la electricidad supone alrededor del 25% de nuestra energía.

Impulso a la electrificación y las renovables térmicas y en transporte

Un 70% de electricidad renovable implica que la contribución al mix energético de las renovables eléctricas se limitará al 17,5% si no se avanza en la electrificación. Para alcanzar el 35% marcado para 2030, el 12,5% deberá provenir de renovables térmicas y en el transporte. En 2017, las renovables solo representaron el 13% de la energía primaria en Europa y el 12,2% en España, siendo las renovables térmicas el 6,4%.

El esfuerzo que debemos realizar en implantación de renovables eléctricas debe estar acompañado por un impulso a las renovables térmicas y a los biocarburantes, hoy por hoy la vía más eficiente para incorporar renovables al transporte. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe apoyar estos desarrollos si queremos cumplir los objetivos y, si hablamos de un horizonte de largo plazo, es imprescindible que la Ley y toda la planificación del desarrollo renovable, cuente con un alto grado de consenso político”, ha concluido José Miguel Villarig.

Sobre APPA Renovables.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA es la asociación de referencia de las energías renovables en España. Creada en 1987, la Asociación está integrada por empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en Secciones de las siguientes tecnologías: autoconsumo, biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica y solar fotovoltaica.

 

http://www.appa.es

Juan Pujol Jose Angel Sandin

II Estudio de Innovación en el Sector Jurídico

- Los principales riesgos de la innovación para los profesionales abarcan la estandarización de la toma de decisiones, la reducción drástica de notarios  y registradores provocada por el Blockchain, la ciberseguridad y un uso erróneo de las ventajas tecnológicas.

- El rol del abogado se transforma: de proveedor de servicios legales a socio estratégico de sus clientes. Los despachos se perciben como auténticos business partners y su oferta de servicios debe modificarse.

Madrid, 6 de noviembre de 2018. El II Estudio de Innovación en el Sector Jurídico de Lefebvre se ha presentado esta mañana como resultado de un exhaustivo trabajo de investigación centrado en la evolución del perfil profesional, las tendencias y las actitudes hacia la innovación o los factores de transformación en el sector legal.

En el estudio se realiza una comparativa con Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda mediante entrevistas a 50 expertos nacionales e internacionales -legal innovators- que han analizado la situación presente y futura de la innovación. La parte cualitativa se ha completado con 1.500 entrevistas online dirigidas a todos los perfiles representativos del sector jurídico.

Este informe de Lefebvre -realizado tras la excelente acogida de la primera edición publicada en 2016- se centra en definir los cambios que se están produciendo en el entorno jurídico y las tendencias del futuro, cuyas conclusiones marcan un punto de inflexión para la innovación en sector jurídico español.

La justicia predictiva

El tema estrella de la innovación en el sector legal es el de la justicia predictiva. La posibilidad de ofrecer datos fiables sobre la posibilidad de ganar o perder un caso, basándose en la Inteligencia Artificial, constituye una de las aplicaciones tecnológicas más interesantes para el sector. Otras tendencias que ya están en marcha son: el uso del algoritmo, la integración de softwares, Blockchain o la interacción con el cliente mediante chatbots y, de forma más incipiente, la prescripción a través del machine learning y el Internet de las Cosas.

Respecto a la percepción sobre la proyección futura del negocio entre los profesionales jurídicos, resulta ser bastante optimista: 8 de cada 10 abogados españoles creen que los resultados de sus despachos se han incrementado y seguirán haciéndolo. Los datos reflejan que se ha superado el periodo de incertidumbre derivado de la crisis y resulta necesario un aprendizaje continuo que lleve al modelo de “abogado integrado o total”.

El rol del abogado

De esta forma, el rol del abogado pasa de ser proveedor de servicios legales a socio estratégico de sus clientes. Los despachos se perciben como auténticos business partners y su oferta de servicios debe modificarse acorde con estas expectativas.

Para José Angel Sandín, CEO de Lefebvre, “la complejidad del nuevo escenario implica pasar del despacho de abogados al equipo de profesionales multidisciplinares. En definitiva, el cambio de la transformación digital obliga no solo a usar más la tecnología sino a pensar más tecnológicamente, en términos de colaboración, de multifuncionalidad y de redes”.

Las tecnologías del conocimiento y el valor de lo predictivo se vuelven cada vez más importantes en su labor diaria. La innovación no debe ser una actividad puntual y aislada, sino una actitud que involucre a todas las áreas del negocio.

De cara al futuro, la meritocracia, basada en el binomio saber-motivación, se impone progresivamente a la tradición jerárquica. Es incuestionable la necesidad de contar con nuevos perfiles que lideren el cambio. Se exigen aptitudes (hard skills) que capaciten para el desempeño de nuevos roles como embajador o portavoz de marca, así como actitudes diferenciadoras (soft skills), como curiosidad, proactividad, y comunicación.

La innovación, un camino necesario para la evolución

Si el estudio refleja que en todos los países el sector legal está predispuesto a la innovación, ¿qué está fallando para que la alta concienciación no se traslade a la realidad?

En España el 80% de los abogados está concienciado con la necesidad de innovar, pero poner la idea en práctica supone un descenso drástico de esta cifra, pues solo un 34% considera que se está implementado realmente. En el caso de los asesores esta cifra asciende ligeramente hasta el 43%.

El elevado coste, la ausencia de un responsable de innovación, la inexistencia de un plan estratégico, la falta de personal cualificado y de un presupuesto específico y la mayor prioridad de otros objetivos son, para los abogados, los principales obstáculos para poner en práctica las tendencias más innovadoras. En el caso de los asesores, además de las barreras apuntadas, aparecen también la dificultad de medir la contribución al progreso del negocio y el tiempo excesivo para obtener un retorno de la inversión.

Obstáculos al margen, el estudio también señala las principales fuentes que impulsan la innovación. En orden de importancia, las más apuntadas son: escuchar al cliente, ser capaz de extrapolar, el análisis previo y posterior de las actuaciones y la tecnología como gran eje vertebrador.

En suma, existen factores de cambio comunes como son la globalización, la digitalización, el perfil del nuevo cliente, los cambios legislativos o la presencia de nuevos competidores. Mientras que los profesionales coinciden en que las grandes áreas de transformación en el sector son la relación con el cliente, la automatización, la gestión del talento y el marketing.

La integración de la tecnología con el derecho

La integración de la tecnología con el derecho, definida como legaltech, implica un nuevo concepto de actividad jurídica. España es el país que presenta una mejor actitud respecto al cambio de modelo de negocio. Según el estudio elaborado por Lefebvre, los profesionales españoles valoran muy positivamente todo lo relacionado con la incorporación de la tecnología.

Se están superando los prejuicios hacia el márketing pero todavía quedan pasos para alcanzar una concepción global de 360 grados que fundamente el desarrollo estratégico del negocio.

De cara al futuro, se transforma la forma de trabajar en los nuevos modelos de negocio, hacia una mayor flexibilidad y adaptabilidad. La tendencia está en la deslocalización, siempre compatibilizando con las demandas del cliente. Un cliente que demanda una solución integral a problemas complejos, de una forma diferencial y, en general, con visión internacional.

Para acceder al informe completo, pincha aquí: https://lefebvre.es/innovacion/

Sobre Lefebvre

Lefebvre es una empresa que pertenece a Editions Lefebvre Sarrut, grupo editorial jurídico de origen francés especializado en aportar soluciones prácticas para la empresa y sus asesores en siete países europeos. Considerada como la editorial jurídica líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. La editorial emplea a más de 400 personas y en 2017 facturó 38 millones de euros.